Asesoría a inversionistas Demuele al Poder Judicial

Ismael López y Carlos Salinas

II Parte

Desde 2000, al menos seis casos “fuertes” se han resuelto en los tribunales de justicia por influencias políticas o por corrupción, según se desprende de un estudio que el consultor Omar García-Bolívar realizó en marzo pasado para un grupo de abogados e inversionistas estadounidenses.

En la mayoría de estos casos, los jueces han ordenado sumas millonarias de indemnización para emitir un fallo, o bien lo han hecho basados en las exigencias de los partidos políticos a los que obedecen.

“Desde el pacto de 2000 (cuando Daniel Ortega, líder del FSLN y Arnoldo Alemán, líder del PLC, se repartieron los cargos más importantes de instituciones estatales) el nivel de corrupción del sistema judicial en Nicaragua se ha profundizado (…). Se ha demostrado todavía más por tantos casos recientes de alto perfil civil, que son ampliamente considerados que fueron decididos sobre la base de influencias políticas y corrupción”, dice el informe.

La justicia maleó Parmalat
Entre los casos mencionados por el informe, está el de la compañía Parmalat. En agosto de 2004, un fallo judicial nombró al ex banquero Haroldo Montealegre como interventor de la empresa, para que recuperara una supuesta deuda de seis millones de dólares que le debía Roberto Zamora, miembro del grupo financiero Lafise, por el incumplimiento a un acuerdo millonario firmado entre Montealegre y Zamora.

El 11 de agosto de ese año, Parmalat fue intervenida por una orden emitida por la juez Quito del Distrito Civil de Managua, Ligia Rivas, y Montealgre nombrado interventor. Debido a estas dos órdenes judiciales, la empresa pagó dos cuotas de la deuda a Montealegre, ambas por 117 mil dólares.

Este caso demostró la parcialidad del sistema judicial y agudizó la crisis política del país, a tal punto que el gobierno del presidente Enrique Bolaños amenazó con decretar una emergencia económica.

Montealegre estuvo por 22 días como interventor de la empresa, hasta que la presión del gobierno italiano se dejó sentir, y el dos de septiembre la intervención de Montealegre llegó a su fin. El gobierno de Italia, que mantenía intervenida Parmalat Internacional, nombró a Vicezo Borgoña como el nuevo interventor de la compañía en Nicaragua
“Comúnmente se cree que la acción judicial en este caso no tenía nada que ver con la ley o los hechos del caso, sino que era el resultado de la interferencia política”, agrega el estudio.

En el estudio de García-Bolívar se menciona que hay cinco casos más en donde la decisión de los judiciales estuvo motivada por influencias políticas corruptas. Entre los indicados aparecen: los casos de Iniser, Ineter, Banic, Enitel y el de la juez Altamirano.

Pacto Alemán-Ortega profundiza corrupción
Según el estudio, cuando Arnoldo Alemán, líder del PLC, y Daniel Ortega, del FSLN, pactaron en 2000 para repartirse los cargos en las principales instituciones estatales, la corrupción en el Poder Judicial se profundizó.

“El Pacto establece un control partidario conjunto de tres instituciones claves: la Contraloría General de la República (CGR), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo Supremo Electoral (CSE). Para que se efectuara el pacto, los partidos aprobaron ciertos cambios constitucionales por los cuales, entre otras cosas, ampliaron el número de los magistrados de la CSJ de 12 a 16”.

El estudio de García-Bolívar, presidente de una firma consultora con sede en Washigton Estados Unidos, deja claro que como resultado del pacto, el FSLN tuvo la presidencia de la CSJ y de la Comisión Disciplinaria de esa entidad, con poder ilimitado de recomendar a la Corte en pleno la remoción de los jueces.

“Aunque en teoría ambos partidos tienen un número igual de magistrados, la realidad es que Ortega y el FSLN dominan. Informes recientes de los medios indican que el FSLN está considerando negociar la liberación del ex presidente Alemán --condenado a 20 años por delitos contra el Estado--, ya sea a través de una Ley de Amnistía o de un mandato de la Corte, a cambio de tener el control total del Poder Judicial”, agrega.

Los magistrados de la CSJ son nombrados por los diputados por la lealtad que demuestran al partido. Los magistrados, usando el mismo criterio, eligen a los jueces.

Opinión de la comunidad internacional
“Las opiniones expresadas más arriba son compartidas uniformemente por miembros informados de la comunidad internacional, quienes tienen fuertes críticas de la manera desmandada y parcial en que se administran las leyes en Nicaragua”, dice el informe.

En el estudio García-Bolívar menciona que hay varios estudios del Departamento de Estado de Estados Unidos en donde concluyen que el Poder Judicial nicaragüense “es corrupto” y que está manejado por el FSLN y el PLC.

El informe del Departamento de Estado de 2004, citado por García-Bolívar decía: “Los fallos a favor de esos que están políticamente conectados son las manifestaciones más visibles de corrupción judicial. Tanto el partido del PLC como el Sandinista (FSLN) usan al Poder Judicial para propósitos políticos”.

Nicaragua peor país para invertir
El estudio que fue elaborado para un grupo de inversionista y abogados estadounidenses --que según dijo ayer García-Bolívar deben permanecer en el anonimato por cláusulas de confidencialidad-- prácticamente pone a Nicaragua como uno de los peores países para invertir.

“En general, el sistema legal es débil, pesado y torpe. Muchos miembros del Poder Judicial, incluyendo esos en altos niveles, se cree comúnmente que son corruptos o sujetos a presiones políticas externas.

La entrada en vigor de los decretos es incierta y con frecuencia sujeta a consideraciones no judiciales. Los inversionistas extranjeros no son objetivos específicos, pero a menudo están en desventaja con los conflictos en contra de nacionales con conexiones políticas”, dice el informe, citando a la Guía Comercial del País Nicaragua, publicada por el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Inestabilidad afecta cooperación
Los representantes de los países cooperantes han dicho que la falta de independencia del Poder Judicial afecta el Estado de Derecho en el país y crea inestabilidad, por lo que condicionaron parte de su cooperación al hecho de que se logre un acuerdo entre los diferentes poderes del Estado.

Jurg Benz, director de la cooperación suiza en Nicaragua, dijo en una reunión con los países miembros del Grupo de Apoyo Presupuestario, que la creación de un Estado de Derecho y el mantenimiento del orden constitucional, son condiciones fundamentales para justificar la ayuda económica que sus gobiernos otorgan al país, que se calcula en 96 millones de dólares para este año.

“La situación política provoca preocupación entre las instituciones de cooperación. Es responsabilidad de todos los poderes llegar a un acuerdo”, dijo el diplomático.

Los donantes han dicho que si no se logra ese acuerdo, los desembolsos que están destinados para el país pueden ir a para a otros países con mayor estabilidad política.

Un lujo que Nicaragua no se puede dar, ya que cerca del 80% de los proyectos de inversión pública que se ejecutan son financiados con el dinero que otorgan los cooperantes. “Nicaragua es un país que todavía no puede vivir sin la ayuda extranjera, pero con toda la presión que hay en África y Asia, la plata destinada para Nicaragua se irá a esos países”, dijo una fuente relacionada con la comunidad donante.

Datos de la Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación de la Cancillería de la República, muestran que durante 2003 los donantes desembolsaron fondos al país por el orden de los 541 millones 800 mil dólares, que representaron el 13.1% del Producto Interno Bruto (PIB), y el 89.6% de las exportaciones nacionales.

Cambio de estrategia
La misma inestabilidad política, llevó a los donantes a cambiar su estrategia de cooperación, por lo que anunciaron la implementación de un nuevo mecanismo basado en apoyo económico directo al Presupuesto General de la República y no a proyectos de desarrollo.

Para que estos fondos puedan ser desembolsados, los donantes establecieron una serie de requisitos, entre los que están: la seguridad política y macroeconómica del país, respeto a la democracia y estabilidad política, el diseño de mecanismos presupuestarios que garanticen confianza en el manejo de los recursos, y el establecimiento de una política para el crecimiento económico y combate contra la pobreza.

“El gobierno no entiende que el dinero que entra se va reduciendo. Es hora de salir de los proyectos y dirigir la inversión hacia otro sistema, pero si no cumplen con los requisitos planteados el dinero se va”, dijo la fuente.

Casos más sonados de corrupción judicial
En su estudio, García-Bolívar, menciona cinco casos que se resolvieron basados en la influencia política y que demuestran el nivel de corrupción del Poder Judicial. Además del caso Parmalat, que fue uno de los más sonados, el estudio pone como ejemplo los siguientes:

El caso Iniser. Este juicio fue interpuesto por el ingenio azucarero Agroinsa en contra de Iniser. El juez en el caso fue la Juez Vida Benavente, quien dictaminó a favor del ingenio azucarero y los indemnizó con siete millones de dólares. Se difundió ampliamente que el resultado no fue basado en la ley o en los hechos, y que la acción judicial carecía completamente de justicia y aun del más mínimo debido proceso. El presidente Bolaños declaró públicamente que esa decisión fue un ataque en contra del Estado, la propiedad privada y las normas jurídicas.

El Caso Ineter. Surgieron de nuevo sospechas públicas en contra de la Corte Suprema en marzo de 2005, cuando la Corte Suprema falló a favor de un funcionario gubernamental que fue ampliamente considerado como corrupto. El funcionario había emitido certificados falsos, que resultaron en la revocación o transferencia de títulos de tierras de 250 familias en Managua. En consecuencia, el funcionario fue despedido, pero la Corte Suprema falló a favor del funcionario y ordenó su reintegro y el pago de los ingresos perdidos debido a su despido.

El Caso Banic. En 1999, un grupo de inversionistas privados compraron el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). Aunque el Contralor General resolvió que la compra era inválida, la Corte Suprema confirmó la venta, basándose en una ley de revocación. Más tarde se hizo público que uno de los inversionistas era un amigo cercano del presidente Alemán, y comúnmente se cree que el control político determinó el resultado del caso

El Caso de Enitel. En 2001, la Corte Suprema confirmó la privatización de la Compañía Telefónica Estatal Enitel. Se informó que para alcanzar este resultado, la falta de quórum de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se superó indebidamente, llevando de otras salas magistrados seleccionados que votarían por un resultado que favoreciera al presidente Alemán.