Los jueces de Managua se declararon preocupados por los últimos acontecimientos en los que se han visto involucrados algunos administradores de justicia, quienes han sido blanco de amenazas de muerte y persecución, por lo que exigieron a la Corte Suprema de Justicia un seguro de vida.

“Una de nuestras necesidades es que se nos garantice un seguro, porque actualmente lo único con que contamos es la caja (ataúd) que nos garantiza el INSS por el pago de nuestro seguro”, explicó la juez Octavo Penal de Juicio, Rafaela Urroz, al instar a la Corte incluir en sus planes de acción y gestión el seguro de vida.

“Estamos expuestos a que cualquier ciudadano que viene a buscar justicia y no le parece la resolución de la autoridad judicial, puede ser objeto de cualquier arrebato y obcecación, lo que nos afectaría a nosotros y a nuestros familiares que quedarían en el total desamparo porque no tenemos seguro de vida”, recalcó Urroz, al explicar que administrar justicia es una función delicada.

Tan delicada es, que el siete de octubre, el juez Séptimo Penal de Juicio, Octavio Rothschuh, recibió una amenaza de muerte por medio del hilo telefónico horas después de condenar a Nelson Enrique Dávila por tráfico ilegal de drogas.

Rothschuh declinó dar mayores detalles de la amenaza que recibió, argumentando que podría entorpecer las investigaciones que actualmente realiza la Policía, y porque aún no se ha desprendido del expediente de ese juicio, cuya sentencia fue apelada.

El caso actualmente se encuentra en investigación, pero no ha sido el único, porque la juez Quinto de Distrito del Crimen de Managua, Ángela Dávila, también denunció años atrás que un sujeto no identificado la persiguió hasta su casa de habitación en un vehículo, pero hasta hoy no se sabe quién fue y por qué.

Otro incidente que puso de relieve la necesidad de un seguro de vida para todo el personal que labora en el sistema judicial, se suscitó el mes pasado en el mismo Juzgado Séptimo Penal de Juicio, cuando en medio de un juicio oral se suscitó una trifulca a la hora en que falló la energía eléctrica.

En Managua existen 35 jueces entre Locales, de Distrito y Militares, pero ninguno de ellos cuenta con un seguro de vida, lo que afecta negativamente el desempeño de su función jurisdiccional porque no se sienten seguros. En cambio, los jueces del resto de países centroamericanos sí tienen seguro.

“Si tenemos en nuestras manos delincuentes de tal envergadura, puede haber algún loco que quiera arremeterla contra los jueces después de haber dado una resolución”, recalcó la juez Rafaela Urroz, al reconocer que no pueden obviar la existencia del crimen organizado ni colocarse al margen de lo que le ocurrió a la Policía en Bluefields, donde cuatro agentes del orden fueron asesinados sin que hasta ahora el crimen esté resuelto.

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