Cándido Leonardo Álvarez Burgos, ex contador de la empresa mexicana Tradeco Infraestructura S.A. CV, será citado en los próximos días por la Contraloría General de la República (CGR), acordaron los cinco contralores en la sesión ordinaria de ayer jueves.

También acordaron anexar a la auditoría que realiza la institución todas las publicaciones de Confidencial y EL NUEVO DIARIO, que revelaron un sobreprecio injustificado de más de ocho millones de dólares en el proyecto de la carretera Chinandega-El Guasaule, y graves irregularidades financieras en su ejecución.

Álvarez Burgos confirmó que no existió ningún tipo de control de parte del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), sobre los movimientos financieros que realizaba la compañía. Asimismo, corroboró millonarias transferencias al exterior sin respaldo, y actos de corrupción vinculados a empresas fantasmas.

La auditoría de la firma de contadores públicos autorizados Noel Cruz & Asociados, que encontró transferencias de por lo menos US$ 591,445 al extranjero sin soporte, ya está en poder de la Contraloría e igualmente será tomada en cuenta al momento de dictar cualquier resolución.

“Tomamos ya una decisión de enviar a los que están haciendo el trabajo, que hagan suya la información que salió en EL NUEVO DIARIO, que incorporen esa auditoría de Tradeco que nosotros ya la tenemos aquí, y que llamen a la persona que ha estado dando declaraciones, que creo es el contador”, dijo el contralor Guillermo Argüello Poessy.

La decisión de los contralores de no dejar por fuera ningún tipo de información antes de cualquier resolución, es para evitar que se continúe manejando que existe algún tipo de persecución política en contra de alguien en particular.

Solórzano y su declaración de probidad
Precisamente, los contralores ayer analizaron al menos seis declaraciones de probidad con inconsistencias, entre ellas figuraban la de Pedro Solórzano, el canciller Norman Caldera y el viceministro de Hacienda y Crédito Publico, Fausto Carcabelos.

Sin embargo, Poessy hizo referencia únicamente a la de Solórzano, aduciendo que éste cuando asumió el cargo de Ministro de Transporte manifestó que su declaración de probidad era pública.

De los cinco vehículos declarados por el señor don Pedro Solórzano, sólo tres se encuentran registrados en la oficina de Tránsito a su nombre, y en una propiedad que declaró que tiene en San Juan del Sur, departamento de Rivas, no dio los datos registrales.

El dominio y posesión de un apartamento en Miami y del 25 por ciento de una finca ubicada en carretera León, tampoco pudieron ser justificados por Solórzano.

En cambio, dos cuentas que sí estaban a su nombre en el Banco de la Producción (Banpro) no fueron declaradas como suyas.

“Todos esos hechos se mandó a pedir que se aclaren, para ver si son inconsistencias que pudieran causarle algún daño a los bienes del Estado”, agregó Poessy.

Las seis declaraciones de probidad fueron devueltas a la Dirección de Probidad para que concluyan el trabajo y determinen si estos funcionarios públicos violaron la ley.