Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, marcharán este viernes a la Asamblea Nacional para exigir el 4% del Presupuesto General de la República y demandar aumentos, porque en los últimos cuatro años han sufrido devaluación tras devaluación, pero los sueldos se mantienen congelados.

En algunos casos la situación salarial es tan injusta, que unos hacen el mismo trabajo que otros, pero reciben menos, y por eso demandan una equiparación salarial. Tal es el caso de Marda Irela Pacheco Torres, quien hace el trabajo de una secretaria judicial que devenga un salario de 5,700 córdobas, pero recibe el sueldo de un alguacil, es decir, 3,000 córdobas.

Pacheco explicó que hace aproximadamente un año fue nombrada secretaria en comisión de servicio, pero pese a que le prometieron revisar su situación salarial, hasta hoy no ha recibido respuesta.

El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, dijo que precisamente para corregir ese tipo de injusticias es que están demandando una partida presupuestaria, a fin de ajustar los salarios de forma tal, que el que gana menos reciba más salario.

Martínez se reunió ayer a puertas cerradas con la dirigencia de los trabajadores y los jueces, con quienes se comprometió a “ingeniárselas” a fin de buscar los fondos que se necesitan para el aumento, si es que el Gobierno y el Parlamento no les aprueban los 60 millones de córdobas que solicitaron para dar respuesta a la demanda salarial.

El magistrado anunció que acompañará a los protestantes aunque sea en el arranque de la “Gran Marcha Nacional”, la cual saldrá de los Juzgados de Nejapa a las nueve de la mañana, según informó Carlos Tinoco, secretario de la Confederación de Trabajadores del Poder Judicial.

La magistrada Marta Quezada indicó que aparte de salario y fondos para el Poder Judicial, también están demandando que todos los trabajadores “ad honorem” del Poder Judicial sean incorporados en las planillas, a fin de que puedan cotizar al Seguro Social y tengan derecho a la salud provisional.

También demandan seguro de vida colectivo, mejores condiciones de trabajo y servicio, y la descentralización de fondos a fin de que los magistrados de apelaciones pueda dar respuesta a la hora de imprevistos.

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