Como algo insólito y una burla a la justicia y a la inteligencia del pueblo calificó el procurador general de la República, Alberto Novoa, la decisión de los magistrados de la Sala Civil Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) de amparar a los ex jueces suspendidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por participar en la trama de los 600 mil dólares.

El amparo es insólito porque presupone que nadie puede ser investigado y por ende promueve la impunidad, pues lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quedará sin efecto hasta que vuelva a pronunciarse de algo sobre lo que ya emitió una sentencia en Corte Plena, dijo Novoa.

El TAM, añadió, los ampara ante un alegato de violación a los derechos laborales, cuando bien saben que la CSJ tiene facultad de sancionarlos y suspenderlos del ejercicio profesional cuando violan la ley.

Y es que la CSJ tendrá que conocer doblemente el caso de los 600 mil dólares, porque los ex jueces suplentes destituidos, además de ser amparados por el TAM, apelaron de la sentencia emitida por el máximo tribunal de justicia.

Nadie responde

El magistrado Francisco Rosales, Presidente de la Sala Constitucional que conocerá el Recurso, declinó adelantar su opinión porque tendrán que pronunciarse una vez que llegue a la CSJ. Tratamos de conocer la opinión de otros magistrados, pero no respondieron sus teléfonos.

El Presidente de la Sala Civil Dos, magistrado Gerardo Rodríguez, explicó un día antes que dieron trámite al Recurso de Amparo interpuesto por los jueces y mandaron a suspender de oficio los efectos de lo resuelto por la CSJ por considerarlos de carácter administrativo.

Los recurrentes son: Julio Morales, quien ordenó la libertad de Jorge Eliécer González Hernández y/o Luis Ángel González Largo, y de su compañera Leyla Bucardo, quien fue excarcelada; Moisés Rodríguez, quien en calidad de juez ejecutor ordenó al primero la libertad de los condenados.

Asimismo, Benjamín Arriaza, quien en un informe en calidad de juez ejecutor dijo que policías sin identificar le informaron que González y Bucardo fueron capturados en Carazo y no en Managua, y Julissa Carolina Bonilla, quien elaboró las escrituras falsas para retirar el cheque de la CSJ y posteriormente cambiarlo.