El 20% más pobre de los hogares nicaragüenses absorbe aproximadamente el 5% del consumo (4.2% en 1993, 5.3% en 1998, y 5.6% en 2001) contra casi un 50% (55.2% en 1993, 51.1% en 1998, y 49.2% en 2001) del 20% más rico. En promedio, cada hogar ubicado en el quintil más rico tiene un consumo diez veces mayor que cada hogar ubicado en el quintil más pobre. Y esta relación entre 1993 y 2001, no se ha modificado de manera sustancial. Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC), “Perfil Comparativo de la Pobreza”, agosto de 2003.

Desde entonces no se han publicado nuevos estudios oficiales sobre la distribución del consumo, pero tampoco se percibe que esta enorme desigualdad haya variado significativamente o que se impulsen políticas públicas para resolverla. Si a ello se le agrega que la producción nacional es demasiado pequeña para solucionar todas las necesidades, habría que estar en los zapatos del 20% de la población más pobre para imaginar cuánto le toca del pequeño pastel, cuando el 20% más rico consume 10 porciones por cada porción consumida por ellos.

No es difícil estar de acuerdo con que la reforma económica y el proceso de democratización que lo acompañó tienen por finalidad última el bienestar de los ciudadanos. Entonces algo debe estar pasando para que la cosa no funcione, pese a que, según los datos oficiales, el país ha crecido de manera sostenida desde 1995 a un promedio anual de 4.2% (BCN 2005), bastante por encima del crecimiento poblacional de 2.04% anual en el período 2000 – 2005 (INEC 2005).

A estas alturas resulta difícil encontrar una defensa sería, aún entre los mismos funcionarios del Fondo Monetario, a la teoría del goteo o derrame, que sostiene que el aumento de la riqueza de los más ricos terminaría por irradiar a los menos afortunados. En consecuencia, el esquema desarrollado, si aceptamos los datos oficiales, tendría resultados medianamente positivos en términos de crecimiento económico, pero desastrosos en cuanto al bienestar de la ciudadanía, salvo para quienes tienen y han tenido ingresos altos.

Según los mismos datos oficiales, aunque la pobreza ha disminuido en términos relativos, el número de pobres se ha incrementado entre 1993 y 2001, años en que se realizaron las encuestas correspondientes, el nivel de pobreza y pobreza extrema del país se sitúa en un 45.8% de la población. Similares resultados se pueden observar en el resto del área centroamericana, en El Salvador, uno de los países de la región considerado con buen desempeño en los últimos años, un 47.9% de la población se encuentra en el umbral de pobreza (PNUD, IDH-2005), lo suyo ocurre en Guatemala y Honduras.

El único país de la región en donde la pobreza no se manifiesta significativamente es Costa Rica, que al mismo tiempo presenta dos características que lo diferencia del resto; su tradición democrática tiene más de 50 años, la cual ha permitido que su institucionalidad más o menos funcione, y la política económica ha procurado manejarse con reconocimiento de su propia identidad, un manejo de la política económica que se encuentra como patrón de comportamiento de los tigres asiáticos, ejemplos que nos gusta citar, pero que también a menudo se nos olvida estudiar concienzudamente, más allá de las interpretaciones institucionales del Fondo Monetario.

Sin duda, existen otros elementos del modelo que deben ponerse en cuestión, por ahora limitaremos el asunto a la identidad nacional. La tendencia del proceso de democratización en Centroamérica discurre hacia la elección de gobiernos empresariales o pro empresariales, los cuales han mostrado poca capacidad para apropiarse de la heterogeneidad de las lógicas productivas y de ingresos diferentes a la empresarial, pero que son mayoritarias en nuestros países, a la que se asocian estrategias de ingresos que buscan seguridad alimentaria por encima de rentabilidad, por ejemplo, los pequeños productores de granos, dirigidas al mercado interno, principalmente por ser al que logran acceder, aunque sus productos perfectamente son exportables.

Dentro de lo que llamamos el sector informal, que constituye, según INEC, un poco más del 62% del empleo nacional, históricamente ha existido una importante proporción de productores a pequeña escala en las más diversas ramas productivas, que elaboran artículos de elevada calidad, pero que no exportan porque no saben cómo, pero principalmente porque no tienen con qué. Estos productores al contraerse la demanda interna y no encontrar modo de insertarse en el mercado externo, han tendido a migrar a servicios o comercio para captar remesas o cooperación internacional, o irse del país para mandar remesas, sino pregúntenle a los hermanos que producen las artesanías ticas.

La alternativa que el modelo ofrece, es buscar su inserción en el mundo empresarial; se hace empresario elevando su escala de producción y su capacidad gerencial con sus propios recursos, que no tiene, o se hace asalariado y entra al mundo empresarial. Pero el mundo empresarial de hoy en Nicaragua y Centroamérica no basa su capacidad competitiva en la elevación de la productividad, que depende de fuerza de trabajo calificada socialmente satisfecha; entre otros, acceso a educación, salud, vivienda, calidad de vida, sino en rentabilidad de baja calidad, salarios bajos y aprovechamiento de recursos naturales abundantes y baratos.

No considerar estos elementos y entrar en negociaciones con negociadores que ven en el Fondo Monetario una posibilidad de empleo futura, antes que oponente negociador, conduce inevitablemente al círculo vicioso de baja productividad y deterioro salarial e inversiones de baja calidad, basadas en disminuidos salarios y prácticamente sin costos financieros sociales y ambientales, que perpetúa la desigualdad y hace insostenible esta ruta productiva en el largo plazo.

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