* Descodificando a Michael Carter se encuentra que la historia grita todo lo contrario de lo que el delegado vino a negar a Nicaragua
* Estirilidad, cáncer y deformaciones tienen dolorosas pruebas, lo mismo que la contaminación de pozos y aguas subterráneas

Por Vicent Boix

Michael Carter, Vicepresidente de la Dole. Miguel Molina / END

Especial para Nuevo Diario

Primera Parte

El pasado 22 de marzo, EL NUEVO DIARIO reproducía las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de Dole Food Company Inc., Michael Carter, en el marco de unas posibles negociaciones con un grupo de afectados por el agroquímico DBCP (Nemagón y Fumazone) que encabeza Victorino Espinales. Estaban presentes en dicha comparecencia pública Margarita Gurdián (ministra de Salud), miembros de la Procuraduría General de la República y el propio Espinales.

Carter no se fue por las ramas. Fue directo, claro y conciso. Como condiciones para futuros arreglos exigía que se retiraran las demandas presentadas en contra de Dole y la derogación de la Ley 364. Por otras fuentes he podido saber que Carter habría ofrecido la posibilidad de nuevas inversiones en el país.

Hasta aquí el resumen de lo acontecido. Pasemos a analizar y desentrañar pormenorizadamente los detalles. Como bien indica Valeria Imhof, en su artículo del día 22, Carter parte de la premisa de que el DBCP no causó daño en los obreros que lo aplicaron en los campos de cultivo. Concretamente dice:
“No hay ningún respaldo científico de las consecuencias dañinas del Nemagón, excepto la esterilidad masculina de los que estuvieron expuestos en la planta de fabricación, por eso Dole nunca ha perdido una demanda a consecuencia del Nemagón en Estados Unidos”.

La historia grita lo contrario
Ya en 1961, el doctor Torkelson y un equipo de científicos publicaron en la revista Toxicology and Applied Pharmacology, un artículo donde empezaron a descubrir los efectos negativos del químico. Se trata del primer documento público y en él se puede leer lo siguiente:
“Este informe reseña los resultados de estudios toxicológicos en animales de laboratorio, conducidos para analizar los peligros tóxicos asociados con su fabricación, manejo y utilización”.

El 29 de octubre de 1979, Douglas M. Costle, Administrador en la época de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), suspendía incondicionalmente todos los usos del DBCP excepto el de las piñas en Hawai. Para ello afirmaba que el químico causa no sólo esterilidad masculina como dice Carter, sino que es también un agente mutagénico y cancerígeno probable en humanos. Después añade:
“También hallo que la exposición humana al DBCP puede ocurrir como el resultado del consumo del agua potable contaminada con DBCP; consumo de residuos de DBCP en cosechas producidas en suelos tratados con DBCP; inhalación de niveles de DBCP en el aire del ambiente en o alrededor de campos tratados con DBCP; y por el contacto dérmico con el DBCP, ya sea durante la aplicación y procedimientos conexos, o debido a residuos en el suelo, corteza de plantas o en el follaje.”
Como se puede ver, tanto los comentarios del grupo de científicos del doctor Torkelson como los del Administrador de la EPA, no admiten distinción alguna por puesto de trabajo. No sólo pueden verse afectados los operarios de las plantas de fabricación de DBCP, sino que claramente se especifica que el químico supone un peligro para los aplicadores y los trabajadores en el campo. La EPA reconoce que el contacto se puede ocasionar incluso en campos colindantes. Y va más lejos cuando señala que la exposición se puede producir por el consumo de alimentos con residuos de DBCP, motivo por el cual se había propiciado la suspensión incondicional de 19 licencias en 1977.

Lejos de acotar los riesgos a los operarios de las plantas de fabricación, la EPA reconoció y admitió varias vías de contacto y riesgo. Pero no eran las únicas, había otra mucho más preocupante.

Contaminados pozos y agua subterráneas
Entre mayo y julio de 1979, el California Department of Health Services (CDHS) analizó los pozos de agua en algunas zonas donde se había fumigado DBCP. Los resultados fueron sorprendentes. El químico fue hallado en el 36,6% de las 527 muestras. También en pozos y aguas subterráneas de consumo doméstico. En base a estos hallazgos, el CDHS concluyó que existía riesgo para la salud de las personas en las zonas contaminadas de California.

Según estas pruebas, la amenaza del químico adquiría una nueva dimensión. De ser un producto que afectaba sólo a los trabajadores de las fábricas de producción como afirma Carter, a ser un auténtico riesgo público capaz de trasladarse a través de las fuentes de agua y poner en peligro la salud de miles de ciudadanos.

Estos datos demostrarían que sí hubo contacto y riesgo para los miles de afectados nicaragüenses que hoy luchan por un poco de justicia. Y hablando de justicia, en su comparecencia pública, Carter también hace algunas incursiones en este campo y en palabras de Valeria Imhof declara:
“A pesar del anuncio de la empresa de sentarse a dialogar, Carter desestimó que haya afectados por el Nemagón en Nicaragua, argumentando que ningún trabajador agrícola norteamericano que tuvo contacto con el pesticida, ha interpuesto demanda alguna en ese país.”
Las batallas ganadas por reclamantes
Descubramos algunas batallas ganadas por trabajadores agrícolas afectados por el DBCP y veremos cómo las apreciaciones de Carter son imprecisas.

1- En mayo de 1983, dos trabajadores agrícolas norteamericanos (Pérez y Jones) ganan sendos procesos judiciales a la empresa Dow Chemical, debido a los daños ocasionados por el DBCP.

2- Caso Borja v. Dole Food Company. Archivado inicialmente en Texas, en la actualidad espera la fecha del juicio. Engloba a cinco trabajadores agrícolas costarricenses representados por el abogado Fred Misko. Se enfrentarían únicamente a Dole.

3- Caso Delgado v. Shell Oil Co. Sin duda alguna el caso más emblemático de la lucha del DBCP en cortes norteamericanas. Es introducido en 1993 y tras muchos años de lucha en diversos países del mundo, en 2005 es devuelto de nuevo a cortes estatales del estado de Texas que aceptan tramitar las causas. Estaría formado por trabajadores agrícolas costarricenses asesorados por el abogado Charles Siegel. Se enfrentarían únicamente a Dole.

4- Ya en Nicaragua, los resultados obtenidos son francamente positivos. El grupo de Ojeda, Gutiérrez y Espinoza ha logrado varias sentencias favorables al amparo de la Ley 364. Dole es una de las empresas acusadas. Si bien por el momento no ha podido ejecutarlas en Estados Unidos, está intentándolo en varios países sudamericanos. Venezuela habría aceptado la causa. Además en enero de este año logra que un juzgado de Managua embargue la marca Shell.

5-El grupo de Provost & Umprey y sus socios nicaragüenses, Barnard Zavala, Martha Cortes y Jacinto Obregón, ganaron, en agosto de 2005, un juicio bajo la Ley 364 en un juzgado de Chinandega. Dole es una de las empresas acusadas. La sentencia redactada por la doctora Socorro Toruño es contundente, demoledora y esclarecedora. Para más detalles sobre la misma se pueden leer los cuatro reportajes seguidos que realizó Valeria Imhof en El Nuevo Diario. Actualmente este grupo trabaja para ejecutar la sentencia en Estados Unidos y ha archivado nuevas demandas en Chinandega.

6-El grupo de Juan José Domínguez y su socio nicaragüense, Antonio Hernández, ha participado ya en el primer juicio realizado en Estados Unidos para trabajadores agrícolas nicaragüenses. Dole es una de las empresas acusadas. Esperan sentencia para este año y tienen listas nuevas causas tanto en Estados Unidos como en Nicaragua con la Ley 364.

Al observar estos datos, se puede ver que en Estados Unidos sí que han existido trabajadores que han obtenido triunfos en juicios por daños del DBCP. En estos casos no se acusó a Dole porque en este país el químico tuvo un uso más bien doméstico, es decir fue aplicado principalmente por pequeños agricultores y campesinos. Fue en numerosas plantaciones de otros países donde empresas agroexportadoras como Dole lo utilizaron. Por eso los trabajadores que están demandando a Dole en Estados Unidos son extranjeros.

Aclarado este aspecto y contrariamente a lo que dice Carter, mi opinión personal es que la lucha judicial del DBCP se halla en el mejor momento de todos, y muy especialmente para los afectados nicaragüenses. En 5 de los 6 casos que se han expuesto anteriormente, la empresa Dole, o bien ha sido sentenciada o bien es parte del proceso judicial. Se sabe el monto de las indemnizaciones que se han dictado en Nicaragua, pero una victoria en el caso que Juan José Domínguez dirime en Estados Unidos podría otorgar unas compensaciones muchas más suculentas, elevando de esta forma el baremo económico para futuros acuerdos extrajudiciales.

Por ahí habría que empezar a vislumbrar el repentino interés de Dole en llegar a los mentados acuerdos.

Mañana:
* Estrategia de transnacionales ha sido evitar el juicio
* Usan una doble moral: ¿cómo pueden estar negociando si son inocentes?

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