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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Jueves 30 de Marzo de 2006 - Edición 9205
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Categórico informe del Cenidh sobre querella de PDDH a END:

“Ni injuria, ni calumnia”

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“Ni injuria, ni calumnia” - Foto
Alejandro Sánchez / END.- Los periodistas de EL NUEVO DIARIO Oliver Bodán y Heberto Rodríguez, y el fotógrafo Darling Moisés López, recibieron de Bayardo Izabá, Director del Cenidh, un informe que revela que no hay injuria ni calumnia por la publicación de una injustificada casa de protocolo de la P

“No hay injuria ni calumnia”. Así concluyó el informe que presentó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por los artículos publicados en EL NUEVO DIARIO realizados por los periodistas Oliver Bodán, Heberto Manuel Rodríguez González, y el reportero gráfico Darling Moisés López Reyes, señalados por los delitos de injurias y calumnias mediante querella radicada ante la Juez Segundo Local Penal, María José Morales Alemán.

El Cenidh envió ayer su informe ante la juez Alemán y ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), institución que a través de dos trabajadores --Oscar José Salgado Castellón y Goretty Almidia González Filipone-- abrió la causa en dicho despacho judicial.

“De la simple lectura de la querella, se deduce que no hay injuria ni tampoco calumnia, puesto que los hechos aludidos son objeto de las coberturas periodísticas propias de la crítica pública”, determinó el estudio del Cenidh.

EL NUEVO DIARIO publicó el 21 de noviembre de 2005 que la PDDH alquilaba una injustificada casa de protocolo con dinero del erario. Los querellantes alegan que la publicación se prestó a malas interpretaciones y les provocó problemas familiares.

El Director del Cenidh, Bayardo Izabá --quien rubrica el documento enviado a la juez-- lamentó que funcionarios de la PDDH, en vez de estimular la labor que en pro de los derechos humanos efectúan los medios de comunicación y el gremio periodístico, tal como lo manda el artículo 18 numeral 16 de la Ley 212 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, “criminalicen el ejercicio de la libertad de expresión”.

El informe consignó que en la defensa y promoción de los derechos humanos, “los periodistas son los principales aliados de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos”, por lo que “es inadmisible que funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos se querellen en contra de los periodistas de EL NUEVO DIARIO”.

Se basó en el artículo 176 del Código Penal que consigna: “No es injuria la crítica que se haga a asuntos de naturaleza política, a los actos del Gobierno, de sus instituciones u organismos; a la filosofía de las leyes o de las actuaciones de los funcionarios públicos”

Incoherencia legal de la defensa

“El abogado Carlos José Prado Talavera se limita a querellarse por el delito de injurias exclusivamente, en otros documentos como el Poder Especial para Querellar Criminalmente se alude también al delito de calumnia. Asimismo, documentos que rolan en el expediente adicionan el delito de calumnia, el que no es argumentado en el libelo. En tal sentido, tratándose de delitos de orden privado, su autoridad debe limitarse a continuar el proceso de acuerdo a lo pedido en la querella”, sostuvo el documento.

Afirmó que de acuerdo con nuestra Constitución Política, artículos 66, 67 y 68, el derecho a la información veraz comprende la búsqueda, recepción y difusión de ideas atendiendo a la responsabilidad social de informar a la población, sin estar expuesto a ningún tipo de censuras.

“Los querellantes expresan, en sus fundamentos, que las noticias publicadas en EL NUEVO DIARIO acerca del arriendo de una casa de protocolo por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, le son injuriosas. Pero puede observarse claramente que la crítica va dirigida a la persona jurídica-institución, y no es individualizada a ninguna persona natural en calidad particular”, determinó el informe del Cenidh.

Además “afirman en su libelo: “…Que la institución para la cual laboran renta una casa ubicada en el kilómetro trece carretera a Masaya, en el condominio Los Geranios, para proveerles alojamiento cuando ocasionalmente se deben quedar en Managua por motivos propios del cargo…”. Es obvio, pues, que estamos frente al quehacer de una institución estatal donde los querellantes ejercen cargos con salarios pagados con los impuestos que paga la ciudadanía”, citó el texto.

Los reportajes periodísticos destacaron cuestionamientos a la PPDH, institución que había estado reclamando públicamente la falta de presupuesto estatal para su funcionamiento, razón por la cual instaló champas improvisadas en la calle para instalar a las procuradurías especiales recién creadas.

“En ese sentido, el trabajo periodístico de los tres querellados no hace más que evidenciar la contradicción de un discurso oficial que pone en crisis presupuestaria a la Procuraduría, mientras se utiliza dinero para arrendar una casa de protocolo; práctica que también es criticada por ciudadanos/as de acuerdo a un legítimo interés en las actuaciones de las instituciones del Estado”, señaló.

“Para el Cenidh, es inusual y reprochable que una institución en crisis económica esté arrendando una casa para funcionarios que habitan fuera de Managua, pues es sabido que miles de personas viajan a diario a la capital a laborar y ninguna institución, ni privada, mucho menos pública les otorga este privilegio. Esa es la crítica que los periodistas de El Nuevo Diario sostienen y que el CENIDH comparte”, sostuvo el documento.

Por los alcances y consecuencias en la querella de los funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos, añade el texto, los periodistas deben ser declarados no culpables. “Señora Jueza, si usted declara culpables a los periodistas restringiría el derecho a la libertad de expresión e incumpliría el Estado su responsabilidad de tutelar este derecho fundamental”, reveló el documento.

“La esencia de los reportajes objetos de la querella obedece al cumplimiento de un rol fundamental de fiscalizar asuntos públicos mediante la profesión periodística, cuya tutela se traduce en la irrestricta libertad y derecho de buscar y difundir información en interés de la sociedad”, finalizó.

El próximo martes cuatro de abril, los periodistas Bodán y Rodríguez, y el reportero gráfico López enfrentarán a la justicia en un juicio oral y público.




Comentarios de nuestros lectores

Consejo
Cabe interponer Recurso de Amparo si no han pasado más de 30 días desde la notificación de la querella, que es lo más seguro. Las bases son la violación al Arto. 34 inciso 11 Cn que manda que nadie puede ser PROCESADO ni Condenado por lo que con anterioridad no está de manera expresa e inequívoca tipificado como delito (este es el caso) y el Art. 30 Cn que manda a que nadie puede ser obligado ha hacer lo que la ley lo manda (y este es el caso también porque no pueden someterlos a proceso penal por algo que no es delito). El recurso sería contra la jueza Segundo Local Penal por darle trámite a una querella por algo que no era delito y por ende no tenía COMPETENCIA para hacerlo y no puede ilegalmente someter a nadie a un proceso penal solo porque alguien dice sentirse ofendido. Una condición indispensable para INICIAR el proceso penal es que el hecho imputado por quien dice sentirse ofendido sea delito o falta penal. Esa causa no debio de haber siquiera nacido.
La magistrada Juana Méndez (Sala Dos) probablemente va a negar el trámite al recurso diciendo que el Art. 51, inciso 1 dice que el Recurso de Amparo "no procede contra las resoluciones de los tribunals judiciales en asuntos de su COMPETENCIA". Entonces les tocaría interponer Recurso de Amparo de Hecho ante la CSJ porque en este caso la jueza no tiene competencia ya que no es delito ni falta penal. El CPP extensivamente define cuando hay competencia (Artos 18 y subsiguientes) y como condicion SINE QUA NON (indispensable) es que el hecho imputado sea delito o falta penal. Tal vez sería mejor probar interponerlo en la otra Sala Civil.
La otra razón por la que pueden negar el recurso es porque podrían alegar que el acto ya fue consentido por haberse presentado a la audiencia incial. Si embargo, eso no constituye consentimiento porque seguramente se presentaron para alegar que no era delito ya que el Art. 176 Pn. dice que no es delito. Además el Art. 52 Cn. lo consagra como derecho (denunciar anomalías de los funcionarios). Una razón contundente por la que presentarse a la Audiencia Inicial no constituye consentimiento es porque la notificación tiene poder coercitivo ya que cita bajo amenza del uso de la fuerza pública en caso de no presentarse y cuando se responde a una amenaza de fuerza que puede conllevar pena de privación de libertad no puede considerarse de manera alguna que sea respuesta hecha con consentimiento de quien responde. Sin embargo, el recurso debería de ser presentado antes de la audiencia de este martes venidero.
Si el Recurso fuese negado tanto de derecho como de hecho, se puede recurir a la Corte Interamericana de Justicia (San José, Costa Rica) por violación a Derechos Humanos, para así sentar precedente que deben de respetar a los periodistas.
Oto punto es que el Art. 173 Pn (Ley del bozal instituido por Somoza para silenciar a Pedro Joaquín) es inconstitucional porque contradice al Art. 34 inciso 4 Cn. que consagra el derecho a la defensa, lo que también es uno de los Derechos Humanos. Ese artículo dice que al acusado no se le aceptará prueba, o sea que no permite defensa, pero eso no lo van a cambiar facilmente.
Suerte.



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