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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Sábado 13 de Mayo de 2006 - Edición 9246
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Llamado de alcaldes de Madriz y Estelí al gobierno

Que emergencia económica se extienda también a Estelí

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Que emergencia económica se extienda también a Estelí - Foto
Máximo Rugama / end

ESTELÍ
Un llamado urgente al gobierno hicieron los alcaldes de Madriz y Estelí, para que aplique también
el Plan de Emergencia Económica en ambos departamentos y no sólo en Nueva Segovia, a fin de preservar los últimos bosques que quedan en esta región segoviana.

El alcalde de Ocotal, Marciano Berríos, se sumó a la demanda que hicieron los alcaldes Marcio Rivas y la licenciada María Teresa Illescas, alcaldesa en funciones de Estelí.

Marcio Rivas, Alcalde de Somoto, dijo que no se debe confundir lo que es la región segoviana con el departamento de Nueva Segovia, y en ese sentido destacó que el Plan de Emergencia Económica debe ser apli-
cado a nivel general, es
decir, que abarque los cinco departamentos del norte del país.

En Madriz, al igual que en Nueva Segovia, aunque en menor cantidad, se tienen recursos forestales, y de igual forma han sido afectados, acotó.

“Planes de manejo,
son una mascarada”
A decir de Rivas, los llamados Planes de Manejo no son más que enmascaramientos de los despales que hacen los madereros.

Por ello, la alcaldía somoteña, a través de la Comisión Ambiental del Concejo Municipal, realizó una inspección para conocer sobre la efectividad de esos planes de manejo, porque conocía que en la zona de Icalupe, los madereros estaban sacando la madera en horas de la noche.

Eso abrió la sospecha de que los planes de manejo no eran aplicados en la práctica y que sólo eran una maniobra para extraer la madera sin control, afirmó.

Igual sucede en la zona de San José de Cusmapa, donde existe una oposición seria desde la comuna, encabezada por su alcaldesa Gloria María Vázquez y la Comunidad Indígena.

Por eso, Rivas considera que el Plan de Emergencia Económica debe ser a nivel general.

Aserradores operando

Según dijo, en Somoto funciona un aserradero grande, y sus dueños se abastecen de madera en rollo, desde el mismo Madriz, como desde Nueva Segovia.

Han tenido algunos impasses en el funcionamiento, pero consideran que es por algunas moratorias y ciertos elementos de inspección realizados a sus planes de manejo, pero eso no significa que ellos están por preservar los recursos naturales, destacó el edil somoteño.

En San Juan de Limay, la alcaldesa María Jilma Rosales Espinoza también piensa que en su municipio no se debe permitir el corte de madera y preservar lo poco que queda.

Todos los alcaldes entrevistados coincidieron en que uno de los principales problemas es que los funcionarios del Instituto Nacional Forestal, desde la sede central, autorizan los permisos sin que haya control exacto y sin escuchar la preocupación de los ediles y otras autoridades locales.

Por su parte, la alcaldesa en funciones de Estelí recordó que hace algunos meses sostuvieron sesiones de trabajo con las alcaldesas de San Juan de Limay y de San José de Cusmapa, para analizar la posibilidad de declarar una veda forestal.

No obstante, señaló que hay compromisos que funcionarios del Inafor a nivel central han asumido, extendiendo las autorizaciones, y eso es una limitante. Sí, dijo en el caso del maderero esteliano Ulises Blandón Mairena, en San Juan de Limay, tiene suspendido el permiso de iniciar otro llamado Plan de Manejo.

Illescas precisamente es quien atiende la parte forestal y ambiental en la alcaldía. Según dijo, en otros casos los madereros están cumpliendo los planes de manejo autorizados.

En Estelí reconoció que hay entidades y algunas organizaciones que se oponen a que haya una prohibición forestal en toda su magnitud.

Y en ese aspecto, la licenciada Illescas tiene sobrada razón, ya que hay madereros como don Efraín Rocha, quien expresó que la veda forestal se debe de aplicar a los que sólo presentan los planes de manejo en papeles y que en la práctica no siembran un árbol.

Illescas señaló que el problema es de leyes, porque la legislación actual no permite a las comunas aplicar medidas de rigor, y limita su papel a ser ente de apoyo a las medidas que otras instituciones ponen en práctica.




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