*** Incluyen en queja junto al mismo juez de la repartición del millón 200 mil dólares decomisados a guatemaltecos, a los magistrados de Apelaciones que volvieron sobre su fallo y negaron casación
*** Magistrado de la CSJ no sabe qué pasó con la queja original, y excluye de cualquier beligerancia a la Procuraduría

Lizbeth García | lgarcia@elnuevodiario.com.ni

MIGUEL MOLINA / END.- Edén Aguilar, Procurador Auxiliar Penal.

La Procuraduría ampliará la queja que presentó contra el juez Edward Peter Palma, incluyendo a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de la circunscripción Sur, porque pese a que ellos mismos admitieron por la vía de hecho la apelación contra la anómala repartición de un millón 200 mil dólares, decomisados a dos contrabandistas guatemaltecos, seis meses después y sin que mediase audiencia oral y pública, dijeron que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea.

Por si fuese poco, los mismos magistrados, en menos de 24 horas decidieron no darle trámite al recurso de casación que la Procuraduría presentó contra la resolución que emitieron, porque dicho recurso sólo cabe, dijeron, contra las sentencias, y lo que la Sala emitió fue un auto motivado declarando inadmisible la casación promovida por el recurrente, en contra de lo resuelto por el juez penal de Rivas.

“Era para distribuírselo”, dice Procurador
“La ligereza de la resolución es con el objetivo de distribuirse el dinero”, apuntó el procurador auxiliar penal, Edén Aguilar Castro.

El temor de la Procuraduría es que lo que está pasando con el millón 200 mil dólares, ocurra con los dos millones 219 mil 400 dólares incautados al nicaragüense Julio César González Peña, porque lo está juzgando el mismo juez Palma, y al igual que los guatemaltecos Carlos Méndez Olivares y Aníbal Betancourt Juárez, se declaró culpable del delito de contrabando aduanero.

Aguilar Castro señaló que recurrirán de queja contra los magistrados N. Miranda, F. Roberto Rodríguez y A. Estrada, porque su postura “raya” contra lo establecido por la legislación nicaragüense y las normas del debido proceso.

No fue posible conversar con los magistrados aludidos, pero en su resolución explicaron que si admitieron la apelación por la vía de hecho, fue porque la misma cumplía con los requisitos de ley, no obstante, al darle el trámite correspondiente se dieron cuenta de que dicho recurso fue interpuesto por el recurrente cuando ya había precluido el término establecido por la ley.

Sin embargo, la Procuraduría alegó que recurrió oralmente de remedio después que les notificaron la sentencia del juez Palma, recurso que interrumpe el plazo para interponer los demás recursos, pero los magistrados dijeron que no encontraron en el expediente del caso ninguna acta que hiciera constar tal solicitud.

¿Qué pasó con otra queja?

Finalmente, el procurador auxiliar penal, Edén Aguilar, preguntó a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, qué hicieron con la queja que desde el año pasado interpuso la Procuraduría contra el juez Palma por haber incluido en la repartición del dinero al Poder Judicial, cuando la ley contra el contrabando aduanero es clara en decir que les corresponde en partes iguales a los denunciantes, capturadores y Dirección General de Aduanas.

El magistrado Edgard Navas, miembro del Consejo, explicó que no conoce qué pasó con esa queja, porque entendía que “eso estaba siendo resuelto a nivel de las instituciones que de acuerdo a la ley tienen que participar de eso, de las cuales la Procuraduría no forma parte”.

El procurador penal nacional, Iván Lara Palacios, comentó que lo que se necesita para acabar con todo esto, es la reglamentación de la Ley de Carrera Judicial, “pero más que todo se necesitan funcionarios idóneos y probos”.

Comentarios de nuestros lectores

carlos barillas
Y lo lamentable es que este poder judical no le rinde cuentas a nadie. Los diputados de la asamblea nacional son otro atajo de corruptos que no pueden castigar a los magistrados y jueces porque ellos hacen lo mismo. Un buen futuro gobierno en Nic. implicaría despedir a todo el poder judicial poner gente con intreguidad y honorabilidad. Y uno que espera que las mujeres sean mas honorables, estas magistradas de la corte y las jueces son tan ratas como los hombres. Y la oficina de carrera judicial es ineficiente porque está compuesta de otro atajo de ratas. En Nicaragua no hay ni derecho ni justicia.

benito
Saben averguenza nuestro, es decir, el sistema judicial de ellos (los políticos) ya sabemos que pasara, absueltos, y de nuevo desaparece el dinero. Si acaso no sucede destinese a las fuerzas policiales. Salud.