Un proyecto de ley que será votado el miércoles en una comisión del Senado brasileño para controlar internet generó un acalorado debate que involucró al gobierno, proveedores, legisladores y usuarios.

Por Walter Sotomayor, Brasilia / AFP

La iniciativa de un senador de la oposición socialdemócrata para reducir los delitos cibernéticos hace recaer en las empresas proveedoras la responsabilidad de la identificación de los usuarios, mediante presentación de varios documentos para cualquier servicio interactivo como enviar e-mails, chatear o descargar música y películas.

El proyecto de ley establece una pena de 2 a 4 años de prisión contra dueños de firmas proveedoras que no hayan identificado a los usuarios.

"No podemos ordenar el arresto de todos los proveedores", dijo la especialista en derecho digital Patricia Peck, para quien el control corre el riesgo de transformarse en letra muerta, por ir contra las reglas de mercado al transferir la responsabilidad por la seguridad a los proveedores de acceso a internet.

Las nuevas disposiciones, si son aprobadas, sancionan además con penas de uno a cuatro años de prisión delitos como difusión de virus, robo de contraseñas, atentados contra la seguridad de servicios de utilidad pública y acciones que causen la interrupción de las redes de telefonía o computación.

El senador Eduardo Azeredo, autor de la propuesta, dijo que "la gente que normalmente usa internet no tiene nada que temer, pero sí quienes procuran cometer actos ilícitos escondidos en el anonimato o en nombres de fantasía".

El proyecto de ley busca inhibir los fraudes relacionados con las operaciones bancarias y la clonación de teléfonos celulares y de tarjetas de crédito.

El gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva y sus aliados, acusados últimamente de tentativas de coerción sobre la prensa, se mostraron críticos de ese proyecto.

El ministro de Justicia, Marcio Thomas Bastos, dijo que el combate al crimen en internet debe darse "a través del mercado y el avance de tecnología".

El presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Rebelo, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB, aliado del oficialista Partido de los Trabajadores), afirmó que "en la expectativa de encontrar criminales, (con ese proyecto de ley) se castiga a quien no cometió ningún crimen".

"Soy más favorable a la tesis de permitir la libertad y crear una legislación que castigue a quienes abusaron de esa libertad", dijo Rebelo.

La Federación Brasileña de Bancos (Febraban) evitó manifestarse, aunque su interés en el control de delitos cibernéticos es reconocido porque los bancos registraron el año pasado un perjuicio de 300 millones de reales (123 millones de dólares, al cambio promedio de 2005) en transacciones electrónicas fraudulentas.

La entidad invierte 1.200 millones de reales (USD 561 millones al cambio actual) en seguridad electrónica para proteger las operaciones de sus 26 millones de usuarios.

"La ley escoge un villano, que es el proveedor", lamentó Antonio Tavares, presidente de la Asociación Brasileña de los Proveedores de Acceso, al señalar que el costo monetario de las nuevas reglas de identificación recaería principalmente sobre las empresas proveedoras.

"Lo más grave es que se quiere enyesar internet en nombre de la seguridad", reclamó.

Informática

100 mil visitas “on line” a END durante comicios

Proyecto para controlar internet provoca acalorado debate en Brasil

elnuevodiario.com.ni logra 100 mil visitas en un día

Revelan hábitos de navegación en Internet en América Latina

Microsoft bloquea a los usuarios piratas de Office

Fuente Online

elnuevodiario.com.ni preparado para cobertura especial durante elecciones

Software gratis para el negocio

Medianas empresas migrarán a VoIP en los próximos tres años

Fuente Online

Firefox 2.0 listo para descarga

El iPod cumple cinco años