La Coordinadora Civil, una organización autónoma, crítica y propositiva y que ha funcionado como un gabinete paralelo desde la sociedad civil, exhortó ayer a las nuevas autoridades elegidas el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la convocatoria inmediata a la búsqueda de un acuerdo nacional a través de un diálogo y la renegociación del programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También demandó la aplicación de medidas urgentes para enfrentar la crisis energética, la aprobación de la iniciativa de ley de reestructuración de la deuda interna, la aprobación de un proyecto de ley que suspenda la penalización del aborto terapéutico y retomar la agenda ciudadana de la “Nicaragua que queremos” firmada como compromiso nacional por los diferentes partidos políticos del país.

Destaca participación del pueblo

Georgina Muñoz, funcionaria principal de la red, destacó que contrario a lo expresado días antes de las votaciones por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que auguró brotes de violencia durante la realización de los comicios, la Coordinadora Civil valora y felicita a la población nicaragüense por acudir a las urnas con un alto sentido cívico, con madurez y responsabilidad política manifestados en una amplia participación ciudadana.

“Reconocemos que el proceso electoral se desarrolló de forma organizada y ordenada, apegado a la ley. A la vez señalamos que hubo inconvenientes como la apertura tardía de algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV), los casos de cierre temprano de mesas de votaciones, violación del silencio electoral y la falta de mecanismos para garantizar la entrega de cédulas a todos los ciudadanos que la demandaban”, precisó.

Sin embargo, Muñoz considera que estas anomalías no deslegitiman los resultados anunciados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), avalados y coincidentes con los del grupo cívico Ética y Transparencia, el Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), CNU, los observadores internacionales, como el Centro Carter, Ceela, OEA, Unión Europea, quienes valoraron que las elecciones en términos generales se realizaron en el marco de la legalidad establecida.

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