El primer juicio en la capital en defensa del ambiente y la salud pública se desarrollará el nueve de enero de 2007, en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua, donde la Fiscalía Ambiental acusó por la presunta autoría de delito ambiental a un guatemalteco que tenía su centro de acopio de chatarra junto a la escuela “Arcoiris”, en Monseñor Lezcano.

Ahora, Jorge Alberto Rueda García se encuentra a la espera del juicio en Nicaragua, porque la juez María Iveth Pineda admitió la acusación y todos los medios de prueba que la Fiscalía presentó para acreditar que supuestamente el extranjero acopiaba desechos no biodegradables en un sitio que no estaba autorizado para ello, versión que el abogado defensor, Oscar Francisco Bello, desmintió diciendo que contaba con la autorización de las instituciones competentes. No obstante, la acusación suscrita por Manuel Jácamo explica que desde abril de este año, el acusado empezó a acopiar sin permiso del Ministerio de Salud, Ministerio de Recursos Naturales y el Ambiente, y Alcaldía, latas, cobre, bronce, hierro y chatarra en general en el local donde operaba la empresa Bless Metal, cuyo giro era la importación y exportación de dicho material.

“Esta actividad la realizaba en contravención del artículo 47 de la Ley de Extranjería, que dice que los extranjeros admitidos como residentes no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia”, agrega la acusación que derivó de la denuncia que la profesora Marissa Rodríguez, Directora del colegio “Arcoiris”, hizo quejándose por la existencia de toneladas de chatarra acumulada junto a la escuela.

Según la Fiscalía, el almacenar chatarra en un sitio no autorizado puso en riesgo la salud pública, lo que acreditarán en juicio con los resultados de las inspecciones que realizaron la doctora Sara Mora, Directora de Salud Ambiental y Epidemiología del Silais Managua, y los peritos del Laboratorio Central de Criminalística de la Policía, Alberto Urroz y José Salvador Rivas.

Mora determinó que el centro de acopio de chatarra nunca fue autorizado por el Silais, que vio en el mismo una guarida de roedores y un criadero de mosquitos porque acumula agua.

Por si eso fuese poco, la inspección de los peritos policiales determinó que algunos recipientes que fueron ocupados como muestra, contenían residuos de gases volátiles “que al calentarse o someterse a fricción pueden explotar y provocar daños a las personas y afectar la salud”.

No obstante, durante la audiencia inicial con carácter de preliminar, la defensa del acusado cuestionó la acusación preguntándose dónde está el daño al ambiente, porque según él, la inspección que en su momento realizó la Policía, Minsa, Procuraduría Ambiental, MECD y alcaldía no lo determinaron.

Además, la defensa dijo que su cliente sí tenía la autorización correspondiente, y aunque aún no ha presentado sus pruebas de descargo, las de cargo revelan que la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Impuestos autorizó al guatemalteco matricular su negocio en la alcaldía el doce de mayo de 2006. Pero cuatro días después, la comuna le canceló la autorización para exportar chatarra, y el 28 ordenaron el cierre de operaciones de la empresa Bless Metal, que por medio de sus representantes legales apeló de la resolución, pero el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, confirmó la resolución, al igual que lo hizo el Concejo el seis de julio de este año.