Los 56 trabajadores, incluidos 34 ex militares, de una empresa canadiense que habían sido secuestrados en el norte de Ecuador, fueron liberados este sábado por la comunidad que los retuvo en medio de la guerra por el cobre que enfrenta a partidarios y opositores de la explotación minera.

Los empleados de Ascendant Copper fueron entregados a una comisión del gobierno en el caserío de Junín, en la provincia de Imbabura, donde permanecían retenidos en una capilla desde el momento de su captura el lunes pasado, señaló a la AFP Gustavo León, portavoz de los habitantes.

“Estas personas, que nosotros insistimos en llamar paramilitares, recobraron la libertad y se encuentran sanas y salvas en poder de la Policía”, indicó el dirigente en diálogo telefónico.

La liberación se produjo tras la firma de un acuerdo por el cual el gobierno se comprometió a dejar sin efecto una concesión a la compañía extranjera para la extracción de cobre a cielo abierto.

“Se nombró una comisión que le dará seguimiento a dicho acuerdo y que se cerciorará de que no se autoricen estudios ambientales para la exploración minera”, precisó.

Los hombres, a quienes se les incautó armas y gases lacrimógenos, habían quedado atrapados en la guerra por el cobre que enfrenta a partidarios y oponentes de la explotación minera en Intag, una reserva de 205.000 hectáreas rica en fuentes hídricas.

El grupo fue sometido por los seguidores del alcalde indígena Auki Tituaña, cuando planeaba tomar por la fuerza unos terrenos cedidos por el Estado a Ascendant Copper en 2004, sin la autorización de las comunidades, denunció Polibio Pérez, máximo dirigente del sector.

Sin embargo, los detenidos aseguraron que fueron sorprendidos por los lugareños en su campamento y que su labor se limitaba a ofrecer seguridad en los predios de la empresa canadiense.

Los ex militares y sus compañeros debían ser liberados el miércoles, pero un enfrentamiento a piedra y bala entre los bandos en conflicto impidió la llegada a Junín de un comité encabezado por Tituaña, que debía hacer entrega de los capturados.

Piden investigación

A raíz de ello, los pobladores de ese caserío radicalizaron su actitud y exigieron la expulsión de Ascendant Copper a cambio de la entrega de los trabajadores.

“Estas personas serán liberadas bajo el compromiso de que la Policía investigue qué hacían realmente en la zona y que la minera cumpla con la disposición del Ministerio de Ambiente”, declaró León.

El viernes esa cartera notificó a la canadiense la negativa del gobierno a autorizar la explotación minera sin un estudio previo de impacto ambiental. Pedimos que “se abstenga de realizar actividades hasta que se cumpla con este requisito indispensable”, señaló Yolanda Viteri, Subsecretaria de Protección Ambiental, en una carta remitida a la empresa.

La empresa canadiense aclaró, por su parte, que no ha ejecutado “ninguna exploración minera en Junín” y que la única actividad que viene realizando es la relacionada con un proyecto agrícola, según un comunicado.

El conflicto dividió a Intag en trincheras desde donde cada bando impide, bajo amenaza de agresión, el ingreso o salida de vehículos y personas, lo que ha generado desabastecimiento en algunos caseríos.

Los partidarios de la minera acusan a los ambientalistas de recibir recursos externos a cambio de impedir la explotación de cobre, mientras ellos lo niegan asegurando que su oposición busca evitar daños ecológicos irreparables.

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