* De 435 casos interpuestos por mujeres, 115 fueron por violencia intrafamiliar
* Debilidades presupuestarias, y señalan a Policía y CSJ como principales violadores

Tania Sirias | tsirias@elnuevodiario.com.ni

La coordinadora de Recepción de Denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jeanne Palacios, reseñó que al 30 de noviembre esa institución recibió 1,535 casos, de los cuales alrededor de 1,000 ya están resueltos. Afirmó que el año pasado se recibió un mayor número de denuncias, las cuales sobrepasaron más de 2,000 casos de violación de derechos humanos.

Comentó que las mujeres interpusieron 435 denuncias y de éstos, 115 casos correspondieron al delito de violencia intrafamiliar. “Sabemos que la Procuraduría en la mayoría de los casos no es competente para resolver, pero esto no fue un impedimento para que la institución garantice una defensa asistida a las víctimas y así resarcir sus derechos humanos”, expresó la funcionaria.

En el caso de violencia intrafamiliar, la procuradora especial de la Mujer, Débora Grandison, indicó que el informe arrojó que la Policía no está dando el trámite correspondiente a este tipo de casos, y tampoco lo están abordando con la sensibilidad que requiere esta situación.

La procuradora de la Mujer afirmó que debido a que la violencia contra la mujer y la niñez es uno de los derechos más violentados, se han organizado con organismos no gubernamentales y con las Comisarías de la Mujer, para garantizar que a este sector de la población no le sean violentados sus derechos y que puedan tener acceso a la justicia.

Policía y CSJ violentan derechos humanos

El informe presentado por Palacios confirmó que las instituciones más señaladas por violentar los derechos humanos fueron la Policía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). A los policías se les achaca atentar contra la integridad física y síquica de las personas, ya que en el momento de una detención, los uniformados hacen uso excesivo de la fuerza.

En el caso del Poder Judicial, los derechos violados son los relativos al debido proceso, el acceso, y la retardación de justicia. Palacios comentó que este año hubo una disminución de denuncias en comparación con el año pasado, debido al poco presupuesto que se les asignó, y a la reestructuración interna que sufrió esta institución del Estado.

Asimismo, dijo que otro de los factores que limitaron el accionar de esta institución es que no cuentan con delegaciones departamentales. “Hasta el momento sólo se tiene representación en las regiones autónomas del Caribe, mientras que otras instancias homólogas en la región cuentan con mayor número de oficinas”, dijo Palacios.