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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Martes 19 de Diciembre de 2006 - Edición 9466
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Doble pena y derechos humanos violados a reclusos de RAAN y RAAS

Purgan delitos con privación de libertad y condiciones infernales

* Moderna penitenciaría regional costaría cinco millones de dólares
* Sugieren sacar el dinero de las incautaciones a narcotraficantes
* Hasta organismos internacionales se escandalizan con situación

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Purgan delitos con privación de libertad y condiciones infernales - Foto
Frank Cortés / END.- Carlos Muñoz, director del penal de Bluefields.

Hacinados, en condiciones infrahumanas y violatorias a los derechos humanos, se encuentran los reclusos del sistema penitenciario de Bluefields, según el informe presentado por el Instituto Latinoamericano de la Naciones Unidas para la Prevención del Delito y tratamiento del delincuente (Ilanud).

La construcción de penales en las regiones autónomas del Caribe nicaragüense es lo que demandan los reclusos y el personal que labora en el sistema penitenciario de Bluefields y Puerto Cabezas. Según el informe presentado por el Ilanud, en el penitenciario de Bluefields hay un índice de hacinamiento del 165 por ciento, y cada reo tiene destinados 15 córdobas para los tres tiempos de comida.

Las instalaciones no cumplen con las mínimas medidas de higiene y salud, lo que provoca enfermedades en los reos. En algunas celdas hay población femenina y hasta menores de edad, y en ellas hay condiciones adecuadas para la atención de los detenidos, conforme lo estipula la normativa internacional de derechos humanos”, dijo Carlos Muñoz, director del penal de Bluefields.

Condiciones para amotinamiento

Muñoz comentó que estas condiciones infrahumanas no se diferencian de la esclavitud, lo cual es una bomba de tiempo, ya que en cualquier momento los privados de libertad podrían provocar amotinamientos, como ocurrió hace cuatro años. “Sabemos que ésta no es una situación particular de las regiones autónomas, sino que es un fenómeno en la región”, lamentó el funcionario.

Además, afirmó que la mayoría de la población penal se encuentra en manos de la Policía, y ésta no es una institución especializada para atender a los prisioneros que cumplen sentencias de más de cinco años. “Es por ello que queremos alertar a los diputados, al personal de derechos humanos, a magistrados del Poder Judicial, para que conozcan sobre esta situación que no es un secreto para nadie”, dijo Muñoz.

Cinco millones de dólares para el penal

Lo que se solicitaron las autoridades carcelarias es la construcción de un penal que reúna las condiciones básicas y lo establecido en las normas internacionales de tratamiento reeducativo y de derechos humanos. Muñoz comentó que las instalaciones del sistema penitenciario de Bluefields fueron construidas hace muchas décadas y diseñadas para prisioneros de guerra.

El prefecto Carlos Sobalvarro, Director del Sistema Penitenciario, dijo que el presupuesto para la construcción de un penal en las regiones autónomas costaría cinco millones de dólares, y atendería una población de 500 reos con áreas de visita conyugal, deportiva, y de cocina.

“En Puerto Cabezas no hay sistema penitenciario y la mayoría de los reos está en manos de la Policía, ejerciendo una labor que no les corresponde”, indicó Sobalvarro. Afirmó que algunos reos están dispersos en Juigalpa, Tipitapa y otros penales, haciendo imposible que sus familiares los puedan visitar.

El proyecto del penal en las regiones autónomas tiene más cinco años, pero la falta de presupuesto siempre ha sido la limitante. “Los penales en Bluefields y Puerto Cabezas serían una solución inmediata, pero también se necesitan penales en la ciudad de Boaco, Ocotal, León, y Rivas, donde ya hay hacinamiento”, dijo el director del Sistema Penitenciario.

Penales, escuelas del crimen

Jimmy Chang, Juez de Ejecución de Sentencia de la RAAS, afirmó que para la construcción del penal se puede utilizar el dinero incautado del narcotráfico y de otros delitos, ya que la Ley establece parámetros de distribución a las instituciones correspondientes, y éste un mecanismo para dar una respuesta inmediata a las necesidades. La situación en que se encuentran es infrahumana, viven en hacinamiento, no se cumplen los mecanismos de reinserción en la sociedad y estamos convirtiendo a las cárceles en escuelas del crimen, dijo Chang.

Esta opinión fue compartida por Muñoz, quien opinó que muchas lanchas incautadas en los operativos estaban dañándose en el agua, y las mismas podrían ser utilizadas en beneficio de esta población. “Pero para ello debemos contar con apoyo de los diputados para reformar la Ley. Esperemos que la nueva legislatura pueda velar por los derechos humanos de los privados de libertad”, dijo el director del penal de Bluefields.




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