El triunfo de la Alianza Nicaragua Triunfa ha puesto al país en una disyuntiva un tanto generalizada. Por un lado, algunos que opinan que el Estado podría volver a ser regido por un sistema de restricciones a la democracia representativa y la economía de mercado; y por el otro, hay quienes dicen que posiblemente el gobierno tenga nuevas visiones y tendencias en la administración pública adaptadas al contexto mundial y regional. Esperamos que esta última opinión sea la que prevalezca.

En materia de seguridad pública, poco o nada se ha dicho en relación a los cambios que deben suscitarse y a la necesidad de reforzar la institucionalidad y las políticas de seguridad en el país. Pero es un hecho que desde los centros que nos dedicamos al análisis de los temas relacionados con la defensa y la seguridad esperamos que se continúe un modelo de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública, tanto en su profesionalización técnica y legal, su despartidización, rendición de cuentas al poder civil, así como en su subordinación a un control civil y político que refuerza las condiciones de democracia representativa y economía de mercado.

En este sentido, no son pocas las responsabilidades y desafíos que corresponden al nuevo gobierno en su capacidad de organizar y administrar la Policía Nacional en un contexto que le ha permitido transformarse en una institución que ha logrado un alto grado de profesionalismo y credibilidad en el país. A partir de 1990, cuando la institución inició un proceso de transformación, se consolidó como un cuerpo policial único, apartidista, apolítico, no deliberante, armado de naturaleza civil y de alguna manera subordinado al poder civil.

Políticas institucionales erróneas del próximo gobierno que se manifestarán por ejemplo en la elección de un ministro de Gobernación percibido como muy cercano a la antigua seguridad del Estado o al sector duro del sandinismo, pudieran crear en la población una percepción de que la Policía podría reorganizar su gestión en torno a una dirigencia que buscaría reposicionar entre otras cosas un modelo de gestión que pudiera ampliar los controles y vigilancia sobre asuntos que no tienen que ver con lo que se espera de una mejor seguridad ciudadana. Es indudable que en este esquema se percibiría un cierto regreso a una Policía vinculada orgánicamente al partido de gobierno, un modelo del que hay un consenso que no es viable para la profundización de la democracia y la rendición de cuentas.

A nivel técnico e institucional, el ministro de Gobernación de la administración del presidente electo Daniel Ortega tiene además otros retos que considerar. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que inequívocamente debe apoyarse y reforzarse los procesos institucionales de los mandos superiores de la Policía que tienen que ver con el perfeccionamiento de la selección de su personal y los programas de capacitación para sus oficiales. También es vital mejorar las condiciones de vida de los policías. Primero, examinando la calidad y racionalidad actual del gasto de la institución, y luego, por la vía del Presupuesto General de la República, dignificando sus condiciones salariales en un sistema que desvaloriza la importancia del policía en la gestión de nuestra seguridad pública.

Es necesario también que la administración que asumirá el próximo 10 de enero organice, junto con los mandos de la policía nacional, políticas institucionales que permitan incrementar el número de efectivos para una mejor cobertura a nivel nacional y un mejor servicio policial. Esto debería apoyarse en el financiamiento de los planes de modernización institucional que la Policía ha diseñado con el apoyo de la cooperación técnica internacional.

Para que el nuevo gobierno logre de alguna manera organizar y atacar estos desafíos debería: a) formalizar procesos para una presupuestación del gasto en seguridad orientado a resultados, b) organizar las prioridades de seguridad ciudadana identificando claramente a quién, por su naturaleza y misión institucional, le corresponde prevenir o enfrentar las amenazas a la seguridad publica, y c) excluir de cualquier asignación presupuestaria a instituciones que en su reglamentación no les corresponde organizar planes ni políticas para la seguridad ciudadana.

Los mandos policiales deberán, además, acercar la institución a los ciudadanos y sociedad en dos sentidos claros: el primero es permitir una mayor apertura a la auditoría social, por medio de la cual la institución policial demostraría que existe transparencia en la ejecución de su presupuesto y la organización de sus políticas y planes; y el segundo, porque es necesario borrar la imagen del policía proclive a la corrupción y desvalorizado como funcionario público. Es necesario reforzar la imagen de un policía al servicio de la ciudadanía y con valores éticos incuestionables.

Por lo antes expuesto, esperamos que el nuevo gobierno refuerce la línea política e institucional de profesionalización de las fuerzas policiales y, además, efectúe los cambios necesarios para modernizar este cuerpo para que pueda ser competente frente a los desafíos que implica fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones de seguridad y efectivo frente a los desafíos de seguridad.

* Denisse Guevara Ruiz es investigadora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas

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