Las vacaciones de fin de año y el día libre que el Poder Judicial tomó el día del traspaso presidencial, obligaron a la Juez Sexto Local Penal de Managua, María Iveth Pineda, a reprogramar para el 17 de enero el juicio oral y público en el cual se determinará si el guatemalteco Jorge Alberto Rueda García cometió o no delito ambiental.

El juicio estaba programado para esta semana, pero como la agenda judicial sufrió variantes tras 16 días de vacaciones, muchas vistas cambiaron de fecha.

Rueda fue acusado el año pasado por la presunta autoría de delito ambiental, porque supuestamente acopiaba desechos no biodegradables en un sitio que no estaba autorizado para ello en Monseñor Lezcano, específicamente contiguo al preescolar “Arcoiris”.

La acusación suscrita por Manuel Jácamo explica que desde abril de 2006, Rueda empezó a acopiar sin permiso del Ministerio de Salud, Ministerio de los Recursos Naturales y del Ambiente, y Alcaldía, latas, cobre, bronce, hierro y chatarra en general en el local donde operaba la empresa Bless Metal, cuyo giro era la importación y exportación de dicho material.

No podía realizar tareas remuneradas

“Esta actividad la realizaba en contravención del artículo 47 de la Ley de Extranjería que dice que los extranjeros admitidos como residentes no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas ya sea por cuenta propia o en relación de dependencia”, agrega la acusación que derivó de la denuncia que hizo la profesora Marissa Rodríguez, directora del colegio “Arcoiris”, quejándose por la existencia de toneladas de chatarra acumulada junto a la escuela.

Según la Fiscalía, el almacenar chatarra en un sitio no autorizado puso en riesgo la salud pública porque las inspecciones realizadas por la Dirección de Salud Ambiental y Epidemiología del Silais Managua, y Laboratorio Central de Criminalística de la Policía, revelaron que en medio de la chatarra vivían roedores y mosquitos por acumulación de agua.

Además, encontraron en algunos recipientes residuos de gases volátiles “que al calentarse o someterse a fricción pueden explotar y provocar daños a las personas y afectar la salud”.

Impedido de abandonar el país

El señalado se encuentra bajo medidas alternas a la prisión y no puede salir de Nicaragua mientras no haya finalizado el juicio, pero en diciembre la Fiscalía solicitó una audiencia especial de revisión de medidas cautelares porque supuestamente el extranjero no había cumplido con la orden que le dieron para trasladar hacía otro sitio la chatarra, sin embargo, Rueda hasta solicitó unos días de más para cumplir con lo ordenado por las autoridades.

Como antecedente del juicio, hay que decir que la empresa Bless Metal estaba registrada como gran contribuyente desde el doce de mayo de 2006, según registros de la Dirección de grandes contribuyentes de la Dirección General de Impuestos, pero el 18 de mayo del mismo año, la Alcaldía le canceló la autorización para exportar chatarra mediante la resolución administrativa número 010/06.

Esto lo hizo la alcaldía con base en denuncias de la población y de evaluaciones ambientales de las operaciones del negocio ubicado en el barrio Monseñor Lezcano, de donde fue el Banco Popular 1 cuadra al Sur y 1 1/2 cuadra abajo, contiguo al colegio Arco Iris, debido a que presenta incompatibilidad de uso de suelo, así como daños al Medio Ambiente y la Salud.

La empresa, por medio de su representante legal apeló de la resolución, pero el alcalde de Managua, Dionisio Marenco, la confirmó al igual que lo hizo el Concejo el seis de julio de 2006.