San Carlos
Pese al acuerdo firmado por los precaristas que invadieron el sector de La Penca ante el Ministerio Público, para gozar del beneficio de la suspensión de la pena, el cual fue promovido por la defensa, el juez penal Julio Acuña Cambronero rechazó el recurso por omitir a la Procuraduría Ambiental, por lo que hoy por la mañana 15 de los 18 acusados enfrentarán el juicio.

La Procuraduría Ambiental, representada por Luís Pineda García, acusó a 18 precaristas que invadieron el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan el 17 de diciembre del pasado año, por infringir la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley de Veda Forestal.

En audiencia previa al juicio, el juez Acuña no dio lugar al acuerdo que firmaron 15 de los precaristas, puesto que Pedro Joaquín Herradora, que tenía arresto domiciliar, aparentemente huyó a la vecina República de Costa Rica.

En el acuerdo, los precaristas reconocían los hechos que se les imputa y se comprometían a no invadir más propiedades, asumiendo una sanción económica de 300 dólares cada uno, y deberían presentarse periódicamente ante el juez por espacio de dos años.

Dos “pegados”

El acuerdo también definía que los procesados Berardo Téllez Reyes y Saturnino Méndez López, principales cabecillas del grupo, no iban a gozar del acuerdo por enfrentar causa con la justicia en el municipio de El Castillo.

Asimismo, establecía que las 126 especies de cedro macho y 53 de almendro cortados al momento de la invasión, y que utilizaron para levantar champas, serían repuestas por cada uno, que aportaría 8 especies, a la vez que se coordinaría con el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), un plan de reforestación en el área protegida afectada.

Según el fiscal ambiental Sergio Pérez, los precaristas son acusados por los delitos de tala rasa en flora y fauna, veda forestal, tala en vertientes y pendientes, daños en áreas protegidas y asociación e instigación para delinquir.

Daños a ecosistemas

No obstante, el defensor de los precaristas, el abogado Ricardo Gutiérrez, pretendía que en el acuerdo se les aplicara sólo la tala rasa en flora y fauna, y se les suspendiera asociación e instigación para delinquir, lo cual según el fiscal no se corresponde con las circunstancias en que se cometió el delito.

En el proceso judicial, la delegación departamental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) aportó pruebas para fundamentar los delitos. Los precaristas intentaban posesionarse de 3,500 kilómetros cuadrados, y en el dictamen se precisa que causaron daños al talar árboles en unas dos hectáreas, calculando las pérdidas en 100,000 córdobas, del área de el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, comprendido en la Reserva de Biosfera Indio Maíz.

Indica que por causar daños a un área correspondiente a un ecosistema de bosque húmedo tropical, el sitio ya no aportará a la humanidad el carbono necesario.

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