La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el gobierno logró el retiro del arbitraje internacional promovido por Shell Brans Internacional A.G. y Shell Nicaragua S.A., en contra del Estado nicaragüense.

Lo anterior fue dado a conocer a través de una nota de prensa de la PGR, en la que refieren que el arbitraje fue interpuesto el 17 de mayo de 2006, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washigton D.C. contra el Estado de Nicaragua.

Shell demandó a Nicaragua ante el CIADI un arbitraje internacional para definir si ellos debían pagar US$489 millones a los afectados por el Nemagón, o el Estado de Nicaragua pagarles a ellos esa cantidad por haberles afectado sus capitales.

Como se recordará, ambas firmas, promovieron el arbitraje internacional después de que un juez de distrito civil, por error, según el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), ordenó el embargo de estas marcas a petición de las víctimas del pesticida Nemagón.

El arbitraje internacional perdió su fundamento a finales del año pasado, cuando magistrados de la Sala Civil Dos del TAM levantaron el embargo preventivo, argumentando que el juez de primera instancia se equivocó al ordenar el embargo, sin que estas firmas aparecieran en la demanda de los afectados por el Nemagón.

El procurador explicó que el arbitraje se fundamentó en el Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones CIADI, entre la República de Nicaragua y el Reino de los Países Bajos, vigente desde el primero de enero de 2003.

Dicho tratado establece que cualquier diferencia suscitada entre un Estado parte (Nicaragua u Holanda) con un nacional del otro Estado parte, tendrá como foro arbitral esta sede en Washigton.

Esta solución se obtuvo con la asistencia del doctor Paul Reichler, de la firma Foley Hoag LLP (firma contratada para la defensa del Estado) y la PGR.

Para lograr este resultado en beneficio del Estado de Nicaragua se mantuvieron acercamientos con las empresas reclamantes, para no incurrir en gastos innecesarios y orientar estos recursos para fines sociales, reiteró el Procurador.

Con este caso, la PGR ha dado otro paso a la solución de un caso emblemático, y es una señal clara de que el gobierno de Nicaragua puede defender los intereses del Estado en cualquier lugar.