Durante una semana, un grupo de periodistas y miembros de ONG de Centroamérica y el Caribe, debatieron las implicancias, obstáculos, logros y desafíos para la implementación de una Ley de Acceso a la Información Pública. La jornada llamada “México Abierto” fue un rico intercambio sobre la doble cara de las leyes de Acceso: garantizar el derecho de solicitud de información y garantizar la privacidad y los datos personales de las personas.

Eduardo Marenco

Los gobiernos y sus falsos “secretos de Estado” batalla por el acceso a información pública - Foto

Luis Javier Solana, del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo; Kate Doyle, del National Security Archive, y Rosario Avilés, del Consejo Nacional de Periodismo, durante la conferencia de prensa en la Ciudad de México, de presentación de la iniciativa México Abierto. Tomado de El Unive

Enviado Especial
Ciudad de México D.F.

Cada miércoles, los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) debaten los recursos de apelación de ciudadanos a quienes el Poder Ejecutivo de México les denegó la solicitud de acceso a la información pública. En una sala oval y frente al público, los cinco comisionados sostienen verdaderos tour de force para decidir si una solicitud de información merece ser atendida o no.

El miércoles 14 de marzo fue un día de candentes debates. Un ciudadano solicitaba conocer las radios sancionadas por Gobernación por transmitir narcocorridos. Otra persona requería información acerca de la construcción de una zona de tiendas libres de impuestos. Y otra buscaba la escritura pública de un bien inmueble del D.F. con gran valor artístico. Esta última solicitud, efectuada ante el Instituto de Bellas Artes, provocó un verdadero combate filosófico entre los comisionados Juan Pablo Guerrero Amparán y Alonso Gómez Robledo Verduzco.

La solicitante procuraba tener copia de la escritura pública y los planos de un valioso bien inmueble. La información le fue denegada por el Instituto de Bellas Artes, el cual consideró que estaría entregando datos personales del propietario del inmueble. Sin embargo, los mismos datos podían ser conocidos por la solicitante en el registro público de la propiedad. Entonces, ¿por qué negárselos? Después de un fiero debate, la argumentación que se impuso fue la de que la solicitante tomase el metro y obtuviese la información en el Registro Público de la Propiedad, pues el Instituto de Bellas Artes debía resguardar los datos personales del propietario, aun cuando éstos fuesen públicos en otra dependencia.

La discusión ilustra la columna vertebral del debate: ¿Cómo, al final de cuentas, se distingue lo público, lo privado y lo íntimo?

México Abierto
El encuentro con los comisionados del IFAI hizo parte de la semana “México Abierto”, del 11 y del 17 de marzo, durante la cual medios de comunicación, periodistas y varios organismos no gubernamentales de Centroamérica, Panamá, México y República Dominicana, celebraron una intensa jornada de promoción al Derecho a Saber, emulando el “Sunshine Week” que se celebra en Estados Unidos por la Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos, entre el 16 y 22 de marzo. México Abierto es coordinado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y el Instituto estadounidense The National Security Archive, con apoyo económico de la William and Flora Hewlett Foundation.

La idea es promover el derecho a saber qué hace el gobierno y por qué. Éste es un debate muy actual en todo el continente, incluyendo Estados Unidos, donde bajo pretextos de Seguridad Nacional se ha restringido el acceso a la información pública a los ciudadanos en aras de “no favorecer al terrorismo”.

“La naturaleza del poder es conservarse, mostrar lo positivo y maquillar lo negativo”, explicó Rosario Avilés, secretaria del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo de México, una organización fundada para honrar la buena labor periodística.

Kate Doyle, analista del National Security Archive, indicó que en Estados Unidos ha aumentado la secrecía y la cerrazón del gobierno a brindar información.

Una caricatura publicada por un periódico norteamericano ilustra el nivel de secretividad en Estados Unidos. En la misma se muestra la Declaración de Independencia llena de líneas tachadas, tal como suele desclasificar sus documentos el gobierno estadounidense cada vez con más frecuencia.

“La Declaración de Independencia está con líneas tachadas, así vivimos ahora en Estados Unidos, no es una broma”, dijo Doyle, una periodista del National Security Archive, ong pionero en la desclasificación de documentos públicos en Estados Unidos.

¿La región más transparente?

En América Latina, la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública en México sirve de espejo para analizar las implicancias para la democracia de este nuevo instrumento ciudadano.

El 11 de junio de 2002 México dio a luz su Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, la cual va aparejada a una Ley de Protección de Datos Personales y una Ley de Archivo.

Cada uno de los 32 estados tiene su propia Ley, algunas más restrictivas y otras más amplias que otras. En Quintana Roo, por ejemplo, sólo los ciudadanos nacidos en el estado tienen derecho a realizar solicitudes de acceso a información pública. En cambio, mediante la Ley Federal, cualquier ciudadano desde cualquier parte del mundo puede efectuar solicitudes de información al gobierno federal de México.

Debido a estas asimetrías, se intenta aprobar en el Senado de México una reforma al artículo seis constitucional que sirva de paraguas para uniformar las leyes de acceso a la información en toda la República mexicana. La idea es que la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho al acceso a la información pública, tenga un rango constitucional, de modo que ninguna ley menor restrinja dicho principio.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) creó en México una red en línea que permite solicitar información vía internet y dar seguimiento a la misma. Sin embargo, su competencia es exclusivamente alrededor del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial y el Congreso mexicano se rigen por la Ley Federal, pero tienen sus propias oficinas y sistemas de acceso a la información pública. En tanto, cada Estado se rige por su ley estatal.

Desde la implementación de la Ley en 2002, el IFAI --con un presupuesto de 24 millones de dólares-- ha atendido 194,554 solicitudes ciudadanas de acceso a la información, y ha dado respuesta a 170,812. Un total de 9,284 recursos de apelación por negativas de información han sido tramitados por el IFAI, dilucidando entre lo público, privado e íntimo. En otras palabras, discerniendo entre lo público, lo reservado y lo confidencial.

A pesar de que la democracia mexicana está abatida por amenazas como el narcotráfico y la corrupción pública, la Ley de Acceso ha contribuido a convertir en una caja de cristal la función pública.

De este modo, los salarios y estipendios de los altos funcionarios, el ejercicio presupuestario, las licitaciones, los contratos y otros, son documentos que por obligación deben estar a disposición pública en los portales de internet de las instituciones, conforme a la Ley Federal.

Sin embargo, el comisionado Gómez reconoció que menos de quince mil personas --en un país de 105 millones de habitantes-- son las que han efectuado el setenta por ciento de las solicitudes de información en línea. Igual se sabe que el acceso a Internet es precario en América Latina. Los ciudadanos pueden acudir personalmente a solicitar información, pero en ocasiones encuentran poco apoyo en las oficinas públicas, según han mostrado distintos monitoreos.

El gran desafío para el IFAI, reconocen sus autoridades, es vincular el derecho al acceso a la información pública a las necesidades de las comunidades más pobres de México. En Puebla, por ejemplo, consiguieron vincular la necesidad de agua potable con el derecho a la información, de tal modo que las comunidades indígenas requirieron información sobre los concesionarios de los principales pozos de agua, su costo y los principales beneficiarios, para luego negociar con ellos un suministro más eficaz. Saber esa información les permitió luchar por el derecho al agua. En el D.F., un grupo de niños de la calle descubrió que podía gestionar financiamiento estatal para su taller de serigrafías. Y en otra comunidad detuvieron una autopista que lesionaba los derechos de la población. Todo, gracias al derecho a saber.

Cada cual a su ritmo

* ¿Cuál es el nivel de avance de las leyes de Acceso a la Información Pública en Centroamérica, Panamá y República Dominicana?
* República Dominicana: cuenta con Ley de Acceso a la Información Pública pero con un órgano rector de la ley. Falta difundir la ley y capacitar a los funcionarios públicos para su implementación, la cual es aún muy discrecional. El presidente Leonel Fernández anunció ayer la creación de un Instituto Dominicano de Acceso a la Información Pública, mediante una reforma a la ley.

* Panamá: tiene Ley de Acceso, pero no cuenta con un órgano que vigile su cumplimiento. Un reglamento a la Ley castró su implementación durante dos años (2002-2004). El Estado indagaba sobre el interés del ciudadano en solicitar información y evaluaba si tal interés “era legítimo”. Ahora luchan por despenalizar la publicación de información que es considerada de Seguridad Nacional por el Estado o de carácter privado.

* El Salvador: el presidente Tony Saca, ex presentador de televisión, es de la idea de que “la mejor ley es la que no existe” en materia de acceso a la información pública. No cuentan con una ley y el debate sobre la misma es apenas incipiente.

* Honduras: recién aprobó su Ley de Acceso a la Información Pública y aún se encuentran en el proceso de ajuste de su implementación.

* Nicaragua: el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública se encuentra en el orden del día del plenario legislativo, pero aún no ha sido aprobada. Se teme que nuevas mociones restrinjan su implementación. El país no cuenta con una Ley de Archivo ni con una Ley de Datos Personales.

Enlaces del México abierto

Éstos son algunos enlaces de interés para académicos, legisladores, periodistas y ciudadanos en general, alrededor de la Jornada México Abierto, que bien podría emularse en Nicaragua, una vez aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública:
www.ifai.org.mx (Instituto Federal de Acceso a la Información Pública). Éste es el puente entre los ciudadanos y el gobierno federal de México. Es posible hacer solicitudes de información vía Internet.

www.mexicoabierto.org (Jornada México Abierto, entre el 11 y el 17 de marzo). Es el sitio oficial de la jornada conmemorativa del derecho a saber. Provee enlaces e información sobre libros y documentación sobre Leyes de Acceso.

www.sunshineweek.org (Sunshine Week, Tu derecho a saber, entre el 16 y 22 de marzo). Provee de cientos de ejemplos de ejercicios periodísticos en Estados Unidos sobre acceso a la información pública, caricaturas relacionadas al creciente secretismo en Estados Unidos y encuestas.

www.pnp.org.mx (El periodismo y la sociedad civil se organizó en México para arrebatar a la Presidencia el Premio Nacional de Periodismo mediante la creación del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo). El sitio ofrece ejemplos de buen periodismo.

www.gwu.edu/~nsarchiv/ (Es el sitio de The National Security Archive, un ONG pionero en la desclasificación de documentos del gobierno de Estados Unidos, en especial sobre el impacto de su política exterior en América Latina).

www.derechoasaber.org/index.php (Es un portal con información sobre el derecho a la información en México, noticias, estudios y enlaces a otros sitios).

www.prende.org.mx/homesite.php (La Fundación Prensa y Democracia promueve el periodismo de calidad y el debate académico sobre el espacio público.)
www.trustfortheamericas.org/spanish/index.html (Es un ong de la Organización de Estados Americanos que promueve la participación ciudadana y las Oportunidades para el Desarrollo).

www.limac.org.mx/index.php?theme=home (Es probablemente el principal Centro de pensamiento sobre el derecho a saber en México).

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