El Estado de Derecho en Nicaragua
Alfonso E. Castellón A. Hablar de Estado de Derecho en Nicaragua me parece una utopía. Y doy mis razones: el régimen más favorable según un tratadista español interpretando políticamente a Aristóteles, “es el de la democracia extendida en forma de derecho de participación en asambleas y tribunales de todos los ciudadanos. Pero este régimen es el que mantiene mayores peligros para la prosperidad general, porque menosprecia el esfuerzo de los creadores de riquezas y de los propietarios de tierras y tiende a abusar de los intereses de los grupos minoritarios”.
Con este subrayado, sobre una obra de 13 catedráticos miembros de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, planteo mi premisa mayor. La conclusión silogística será la afirmación de que el régimen basado en el Estado de Derecho entendido como “en el cual impera la ley como norma que todos debemos respetar, acatar y cumplir no es tal cuando por favorecer a grandes mayorías, afectamos el derecho de (también ciudadanos) un grupo minoritario o varios grupos”.
¿Qué haremos con ellos? ¿Convertirlos en ciudadanos felices, quitándoles su derecho a crear riqueza?, ¿a tener las extensiones de tierra que puedan comprar? ¿Quitar a unos para darles a otros? En referencia a la minoría, equivale a discriminarles.
Estoy seguro de que ningún lector estará de acuerdo con que vengan a quitarle su derecho, como ciudadano respetuoso de las leyes para hacer plata, comprar tierras y hacer los negocios que se le ocurran dentro del marco de la ley. Continúa el tratadista y nos dice que “los demagogos (sin señalar a nadie) de hoy día en su deseo de complacer al pueblo ordenan confiscaciones por medio de tribunales y a tal efecto… se suele denunciar judicialmente) a los miembros de las clases acomodadas” (El Estado de Derecho en España, Págs. 16-17).
En otra consideración, ¿es justa y digna de un Estado de Derecho la existencia
de ciudadanos que no
son sujetos de juzgamiento por ser inmunes, impunes e intocables?
Para que se sacrifique a los ciudadanos productivos, al otorgar subsidios a los improductivos, debemos de cometer tremenda injusticia, al favorecer a unos y castigar a otros. Es muy simple: gobernamos conforme la ley general o creamos una clase privilegiada.
Entonces, no podrá haber felicidad para todos porque darle a unos, pero quitar a otros no es equitativo ni justo.
Dice el tratadista: “Los pobres reciben y vuelven a necesitar, porque dar a los pobres un socorro de esta clase (se refiere a los subsidios) es como intentar llenar un tonel agujereado”. El mejor ejemplo es el subsidio de los buseros (transporte).
Por las razones antes expuestas, debemos reflexionar seriamente sobre los medios de dar al pueblo una posición acomodada permanente. Y aquí viene un ejemplo de la política que pretende implementar el actual gobierno “… facilitar el estímulo para la adquisición de un pequeño terreno, o bien para ayudar a emprender el comercio o la agricultura…” Programa interesante por cierto. Esta posición es más sensata que la de dar y dar sin ton ni son. Esperamos que así proceda el actual gobierno.
Solamente entonces podríamos hablar de un verdadero Estado de Derecho, cuando se gobierne para todos, sin demagogia ni proselitismo político. Que podamos tener un buen plan económico de desarrollo, “todavía no hay otro plan económico de desarrollo como el de los años 70 al 76 (el único oficial)”, usando palabras del profesor y economista Francisco Laínez.
Managua, 7 de marzo de 2007
acastell46@yahoo.com
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