La juez suplente del juzgado Local de Jinotepe, Carmen Vanessa Zepeda, decidió denunciar a través de EL NUEVO DIARIO las presuntas anomalías con las que la juez Local de lo Civil de Rivas, Liseth Carolina Quintana, le está tramitando una demanda laboral que interpuso en contra de la empresa leonesa Ludesa (León Unido para el Desarrollo, S.A.), que pertenece a Ricardo Eugenio Gurdián, hermano de los ex ministros Virgilio y Margarita Guardián.

De acuerdo a Zepeda, en el año 2004 ella laboró en la sucursal de Ludesa en Rivas durante diez meses, tiempo en el cual se desempeñó como gerente, pero en junio de 2004 fue despedida sin entregarle su liquidación y resto de prestaciones sociales que el Código del Trabajo establece.

“Es por eso que decidí demandar a Ricardo Gurdián por la vía judicial en agosto de 2005, pero como mi abogado de ese entonces me dejó caer el caso, lo volví a abrir el 14 de marzo de 2006, y ahí se acusó también a la actual gerente, Yamileth Guillén, pero transcurrió más de un año y la juez Quintana no se pronunciaba sobre el caso, y la semana pasada sacó una sentencia interlocutoria en la que alega ilegitimidad de personería porque en la demanda también aparece la gerente, lo cual es irrisorio porque en este caso ella también es empleadora”, comentó.

La juez Suplente reveló que la demanda es por la suma de 35 mil 499 córdobas y aseguró que en reiteradas ocasiones ha tratado de llegar a un acuerdo con Ricardo Eugenio y la misma gerente, pero ambos supuestamente le dicen obscenidades y le mandan mensajes grotescos a su celular.

Agregó que la gerente le quiere dar como liquidación la irrisoria cantidad de 5 mil córdobas, y a la vez dice que el señor Ricardo Eugenio le dijo que no volviera a poner un pie en la empresa, por lo que ni siquiera se atrevería a ir a retirar su liquidación a la compañía porque la podría acusar de violación al dominio privado.

Denuncia anomalías de empresa

Zepeda detalló que Ludesa es una especie de multiempresa tras asegurar que ahí se ofrecen servicios de vigilancia, venta de celulares, préstamos y hasta atención médica. Agregó que otra de las anomalías es que en el tiempo en que ella estuvo laboraban 43 empleados y ninguno recibía colilla del Seguro Social y les hacían la deducción de sus salarios.

Al final manifestó que apelará su caso en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas, y a la vez aprovechó la oportunidad para hacerle un llamado a instituciones del Estado, como el Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), para que pongan manos en el asunto con esta empresa, la cual tiene varias denuncias en el Ministerio del Trabajo de Rivas, ya que allí han despedido hasta a embarazadas y es la fecha y no les han entregado su liquidación.

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