Por lo menos ocho empleados del Registro de la Propiedad Inmueble de Managua serán destituidos, luego de que una investigación administrativo-policial confirmó la comisión de irregularidades, adelantó ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez Sevilla.

Vamos destituir a todos los implicados, y son más de ocho personas, según el informe conclusivo que se hizo en conjunto con la Policía, precisó Martínez, tras agregar que si hay presunciones de otra naturaleza, los destituidos pueden ser procesados criminalmente.

Explicó que los despidos serán por cobros ilegales, servicios rápidos y sospechas de sustracción folios y hasta el famoso robo del sello del procurador Bendaña. En otro orden, Martínez confirmó que la CSJ continúo con cambios en el Poder Judicial, esta vez de los jueces civiles de Rivas y Diriamba, contra quienes existían una serie de quejas de diversa naturaleza.

Las magistradas que atienden esa zona, Alba Luz Ramos y Yadira Centeno, propusieron la destitución y procedimos al cambio, informó Martínez. Una fuente de la CSJ indicó que el objetivo era destituirlas, pero no fue posible por falta de votos, por lo que al final las trasladaron a juzgados de lo penal.

Las juezas cambiadas son: Maribel Ortiz, quien pasó del Juzgado de Distrito Civil de Diriamba al juzgado Penal de Jinotepe, y en su lugar nombraron a Teresa Loáisiga, Juez Penal de Audiencias de Diriamba.

Según la fuente judicial, contra Ortiz había quejas de los abogados por inasistencia al trabajo, desalojos a personas pobres carentes de defensa, y maltrato a los litigantes y usuarios de la justicia.

Otro cambio fue el de María Nela Paredes, juez de Distrito Penal de Rivas, quien pasó al Juzgado Penal de Audiencias de Diriamba en reposición de Ortiz. En lugar de Peredes nombraron a Jenny Chávez, quien se desempeñaba como juez de Tola, y en reposición de esta última escogieron a Astrid Fonseca, suplente de dicho juzgado.