La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución que se supone debe velar por los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo los de sus empleados, volvió a la palestra pública, esta vez porque supuestamente no le quieren liquidar sus prestaciones a uno de sus ex empleados, quien ayer demandó al Estado de Nicaragua por 309 mil 628 córdobas con 60 centavos.

El demandante es Alfredo Javier Dávila Méndez, quien introdujo la demanda contra Hernán Estrada, Procurador General de la República, en el Juzgado Segundo del Trabajo.

Dávila explicó que empezó a laborar en la Procuraduría el 25 de julio de 2001, primero como consultor de la Procuraduría de la Niñez, pero cuando llegó, el nuevo procurador sandinista, Omar Cabezas, fue trasladado al área de Comunicación de la Procuraduría.

Trabajó “al fiado”

Sin embargo, como el procurador saliente, Benjamín Pérez Fonseca, dejó la Procuraduría abruptamente, su contrato de trabajo quedó sin firmar por ocho meses, en los que trabajó “al fiado”, pero para su sorpresa, cuando llegó Cabezas le renovaron el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, con un 40 por ciento menos de lo que ganaba antes, es decir, que contra toda ley, le redujeron su salario de US$1,000 a US$600.

Dávila explicó ayer en los juzgados que aceptó tal situación porque era mejor ganar menos que quedarse sin empleo, pero su susto fue que en vez de nivelarle el salario para no caer en la ilegalidad, lo llamaron a reunión para decirle que debía poner su renuncia porque “ya no estaban contentos con su trabajo”.

Sólo le reconocieron casi 30 mil córdobas

“El 18 de enero del corriente año renuncié por las razones antes indicadas”, explica la demanda, en la que Dávila reclama los ocho meses y 18 días de salario que trabajó “al fiado”, más la multa por mora, vacaciones y décimo tercer mes, antigüedad, y un año de salario por cada año trabajado.

De acuerdo con el convenio colectivo de la PPDH, cada empleado tiene derecho a un mes de salario por cada año trabajado hasta seis meses.

El demandante mostró a END la hoja de liquidación que le entregó la PDDH, donde sólo le reconocen 29,345.44 córdobas. Él reclama 309 mil córdobas, por lo que aburrido de no recibir su dinero, decidió demandar al Estado y hacer suya la lucha de otros tantos trabajadores que han sido despedidos sin que se les reconozcan sus derechos.

El demandante no dice qué es lo que asesoraba, ni cuál era la utilidad real de su trabajo.