El ex presidente de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Puertos (ENAP), Roberto Zelaya Blanco, está “en alas de cucaracha” porque si este jueves no se presenta al Juzgado Tercero Penal de Audiencias para responder por las acusaciones que en su contra interpusieron la Fiscalía y Procuraduría por separado por la supuesta autoría de fraude y otros delitos, podría ser declarado en rebeldía y mandado a capturar.

Así lo dispuso ayer la juez Henryette Casco Batres en la audiencia inicial con carácter de preliminar, en la cual remitió a juicio para el 14 de agosto, al ex gerente financiero de ENAP, Luis Orlando González Barberena, y a seis personas más que no tuvieron la “fortuna jurídica” que tuvo la Junta Directiva de la portuaria, cuyos miembros están amparados desde el martes por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que mandó a parar el proceso penal en contra de los recurrentes.

Los amparados son: Jaime José Sáenz Argüello, Ernesto Horacio Chamorro Martínez, Federico José Solórzano Castillo y Luis Henry Debayle Solís, quienes recurrieron en contra del Consejo Superior de la Contraloría de la República por haber emitido resolución estableciendo en contra de ellos responsabilidades penales y administrativas.

Con amparo administrativo paran acción jurisdiccional

La Sala consideró que al suspender el acto reclamado (que en este caso son los efectos derivados de la presunción de responsabilidad penal y administrativa) y la ejecución del mismo, garantizarán que las cosas se mantengan tal como estaban antes de interponer el recurso, porque en caso contrario no tendría sentido emitir sentencia sobre el fondo del asunto, dado que el perjuicio para el recurrente ya estaría consumado.

La juez Casco ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Julio Orlando González y Pedro Lagos, y la anotación preventiva a favor del Estado de las propiedades que todos ellos puedan tener.

El ex financiero de la portuaria tiene un segundo proceso pendiente en el Juzgado Segundo Penal de Juicio, por fraude por más de 20 millones de córdobas.

González también fue acusado junto al ex asesor legal de la portuaria, Pedro Lagos González, por peculado hasta por unos 27 millones de córdobas.

La juez Henryette Casco decretó medidas cautelares alternas a la prisión para Lagos, y a González Barberena lo conminó a rendir en 20 días una fianza de 250 mil córdobas.

Mirna Filomena Montenegro García, quien deberá rendir una fianza de 50 mil córdobas, y Gabriel Humberto Collado González, fueron imputados como supuestos cooperadores necesarios de González y Lagos.

Según la Procuraduría, Zelaya abrió cuentas en Bancentro no registradas contablemente en la portuaria, y contra las cuales se emitieron cheques para subalimentar otras de donde habría salido dinero para “donárselo” a empresas y personas naturales y jurídicas. Luis Orlando González, quien habría recibido dinero, fue conminado a rendir una fianza de 100 mil córdobas en 20 días.

A Pío Renato López y a José Humberto Aragón, la Procuraduría los señaló como supuestos encubridores.

A Noel Enrique López, ex auditor interno, lo acusaron porque presuntamente usó un instrumento público falso para acreditar cualidades profesionales que no tenía.

Comentarios de nuestros lectores

Antenor Salmeron Escobar
Salta a la vista que este caso se esta transformado en un asunto politico, de ajuste de cuentas contra Zelaya Blanco, a quien no pretendo defender. Todos los indiciados fueron amparados por el Tribunal de Apelaciones de Managua. Entonces, como es osible que el amparo surta efecto para algunos y para otros no? Como se desenrolla este trompo?

goyo martinica
Este caso y todos los casos del gobierno bolaños quedarán en la impunidad. Le daran largas al asunto, apelarán, diran que son valetudinarios, y después de diez años todo quedará en nada.