¿Con la entronización del mercado, al extremo de haberse convertido en uno de los dos grandes paradigmas del siglo XXI (el otro, ¡qué casualidad!, es la comunicación), existe espacio en el ámbito latinoamericano para la creación de la radio y la televisión públicas? Aun con estos factores en contra creemos que sí. No se trata únicamente de una posibilidad, sino de una exigencia que ha venido postergándose y sobre la cual llama la atención Alejandro Serrano Caldera en su estudio comparativo Marcos Constitucionales y el Servicio Público de Radiotelevisión en América Latina (324 páginas. 2006), un análisis realizado en ocho países a petición de la Unesco. Para los desencantados de toda una vida la propuesta es tardía y para quienes resultan políticamente beneficiados con los modelos estatales y privados carece de sexappeal. Son sus principales detractores. Sus discursos, además de desalentadores, acusan a la radio y televisión públicas como aburridas y carentes de calidad.

Los gobiernos en vez de propiciar y animar su surgimiento prefieren que las cosas continúen igual y entenderse con el sector privado antes que aventurarse a crear un modelo que por su propia naturaleza plantea un equilibrio entre los distintos componentes de la sociedad. Ese balance que reclama la radiotelevisión pública causa escozor y mete miedo. Se sale de sus manos y procura que diversos actores, partidos políticos, movimientos sociales, minorías étnicas, iglesias de diversas denominaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, etc. conformen su Consejo y se encarguen de su funcionamiento dentro de la más estricta equidad, incorporando temas, voces y rostros hasta ahora ausentes de los modelos dominantes: estatal y privado. Conviene introducir una aclaración conceptual. En Nicaragua, como en el resto de América Latina, ha predominado la televisión privada y estatal, más bien diría gubernamental, con la perfidia deliberada de confundir lo público con lo estatal.

Serrano Caldera, con una gran agudeza teórica, se encarga de desenmascarar estos embrollos intencionados. Asistido por el pensamiento de Jesús Martín Barbero, aclara que “el espacio público aparece históricamente confundido o subsumido con lo estatal”. Confusión que inclina la balanza, haciendo creer que el Estado-nación resulta ser “la figura que contrarreste en forma vertical y centralista las debilidades societales y las fuerzas de dispersión…” Eso vuelve imprescindible voltear la mirada hacia la concepción de la venezolana Elizabeth Safar que con justicia reitera que “no pueden considerarse servicios radiotelevisivos públicos en su sentido más genuino, puesto que son gubernamentales y desde su nacimiento se han orientado básicamente a difundir obras de los gobiernos”. Algo que ha acontecido históricamente en Nicaragua.

La primera desviación ocurrió con Radiodifusora Nacional durante el gobierno somocista. Luego el resto de los gobiernos, desde el sandinista (1979), (La Voz de Nicaragua y el Sistema Sandinista de Televisión), pasando por el de Violeta de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, perdieron la oportunidad de convertir el Canal 6 y Radio Nicaragua en medios de servicio público. Bolaños cerró el 6 y Radio Nicaragua vive desde entonces por inercia. Fue su matarife. En 1995, siendo presidente de la Asamblea Nacional Luis Humberto Guzmán, desde San Pedro de Sula, Honduras, donde participaba en un seminario de comunicación propiciado por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), propuse a los diputados transformar el Canal 6 “en una auténtica televisión pública”. Continúo insistiendo en el tema. (No todo esta dicho. Anamá Editores, Managua, 1996, páginas 197-200).

Serrano Caldera establece dos principios sin los cuales nunca podría constituirse la radiotelevisión pública. Establece que “el bien público y el interés colectivo no los determina el Estado sino la sociedad a través de aquel que no es otra cosa que un mecanismo necesario, un instrumento para hacer la voluntad general”. La que corresponde al conjunto de la sociedad y no la que emana de manera vertical desde el Estado hacia el resto de la ciudadanía. En el caso nicaragüense el Ejecutivo concentra la voz de mando del gobernante. En Nicaragua ni siquiera se ha logrado convertir a los medios en manos del Estado en medios estatales. El Ejecutivo determina la política informativa y editorial del medio y abre micrófonos a quien le conviene. Los otros poderes del Estado son simples convidados de piedra. Si es que alguna vez son tomados en cuenta.

También define lo que constituye la esencia de los medios de carácter público: interpelar al ciudadano (un simple consumidor desde la perspectiva de la radiodifusión privada), ser escenario de diálogo nacional intercultural; promover lo universal que no pasa por lo comercial y las narrativas audiovisuales; formular programas de gran impacto; presentar las actividades culturales y educativas como un verdadero entretenimiento; contribuir a la construcción de ciudadanía, sociedad civil y democracia; transformarse a sí misma en una verdadera experiencia cultural; formar en el ciudadano un sentido crítico sobre los mensajes audiovisuales; producirse y programarse por convocatoria pública. Su grandísimo acierto es precisar que estamos frente a una actividad orientada de manera fundamental a crear ciudadanía, democracia y a incrementar la participación de diversos actores sociales. La autonomía en la gestión de recursos y programas y el pluralismo elevado a la enésima potencia se convierten en las piedras angulares del servicio público.

Transitamos por caminos diferentes a los trazados por los modelos hegemónicos. La agenda es otra puesto que los intereses son otros, más próximos a la creación de ciudadanía y animadores de un verdadero pluralismo. Serrano Caldera tuvo el cuidado de reforzar su visión y ampliar sus tesis, asistido por los mejores exponentes del servicio público en América Latina. El texto lo revela como un conocedor de la materia. Las apreciaciones del colombiano Germán Rey dan la pauta para puntualizar los temas que resultan pertinentes en la construcción de esta nueva agenda: derechos humanos, ecología y medio ambiente, las luchas de las minorías étnicas y sexuales, junto con la educación, la salud, la organización comunitaria, que ha permitido el apuntalamiento del periodismo ciudadano y la gestión de proyectos que permitan la incorporación de los más pobres. Una nueva manera de ver y entender las realidades más apremiantes de nuestros pueblos.

Ante los ataques de que la radiotelevisión pública es aburrida y cansina, ante este prejuicio machacado por los detentadores del poder político y mediático, Omar Rincón, ese otro colombiano que durante los últimos años ha pasado investigando e impartiendo seminarios sobre medios audiovisuales, desenmascara la engañifa. Para Rincón la radiotelevisión pública debe ser ante todo “una máquina sugestiva contadora de historias para la vida diaria… abocada a la búsqueda estética, la innovación narrativa, la apertura de géneros y formatos, la exploración de ideas, la aparición de nuevos talentos, la creación en diversidad formal, y a llenar de seducción visual la pantalla”. No hace ninguna tregua a las leyes que definen el género. La enriquece y multiplica al infinito. Se trata de hacer algo distinto de lo que hasta ahora proponen los dueños del poder mediático, cualquiera sea su factura.

El análisis comparativo realizado por Serrano Caldera en ocho países latinoamericanos: México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Uruguay llega a Nicaragua en el momento justo. Se habla de la reapertura del Canal 6 y cuando los legisladores pretenden reformar la Ley 200, de Telecomunicaciones y Servicios Postales, se escucha cómo elevan el coro los políticos animados por sus propios intereses enrumbados a reformar la Constitución Política. La revisión que Serrano Caldera hace acerca de diez temas (igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades y no discriminación; libertad de expresión y libertad de opinión; derecho y acceso a la información, Habeas Data y derecho a la privacidad; regulación sobre monopolios; funcionamiento y administración de los servicios públicos; libertad y derecho de petición; acceso a la cultura, educación y educación permanente; descentralización y municipalidades; difusión de la cultura de los pueblos indígenas, pluralidad cultural e integración y pluralismo político e ideológico), y la forma en que son abordados impone la lectura y apropiación de sus propuestas no sólo para los entendidos, su exigencia es mayor para quienes se muestran inquietos y desesperados por reformar la Ley 200 y la Constitución Política de Nicaragua. La hora de intelectualizar al político, como sugiere Gunter Grass, resulta inaplazable.

Hay que entender de una vez para siempre. El campo estratégico en la sociedad contemporánea radica en la comunicación, entendida desde una triple perspectiva: como la integración y convergencia de las telecomunicaciones, la informática y la comunicación social. Su valor no es sólo económico, ni político ni cultural. Tiene un carácter envolvente. Ninguna actividad queda fuera de su campo de irradiación. Una verdad irrebatible que torna valioso y oportuno el texto de Serrano Caldera. Con la misma naturalidad con que ayer legislaban en diferentes campos, hoy la comunicación debe ocupar el lugar prioritario que le corresponde. Actuar de otra manera sería precipitarnos al vacío. Las actuaciones de la clase política indican que le encanta danzar a la orilla del abismo. ¡Cuidado no vaya a resbalar! Continuarían metiendo al país por callejones sin salida. ¡Después no vengan con el cuento que no estaban advertidos!

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