* Empresa de ex ministro del Marena enfrenta acusación por presuntos delitos ambientales en Fiscalía de Río San Juan
* Ministro dice que sólo podrán sembrar en terrenos ya utilizados, pero en Fiscalía se le acusa por el despale de unas 70 hectáreas de bosque y afectaciones a la cuenca del río

Tatiana Rosthchuh

Inafor desaprueba extensión de siembra de palma africana - Foto

Parte de los árboles que fueron derribados para el cultivo de palma africana, por lo que la empresa Palcasa S.A. enfrenta acusación en el Ministerio Público de Río San Juan. CORTESÍA INAFOR / END

SAN CARLOS

El plan de extensión para la siembra de 1,200 hectáreas de palma africana en el sector de Boca de Sábalos, departamento de Río San Juan, por parte de la empresa Palmares de El Castillo S.A. (Palcasa), sólo podrá ser posible en el área ya utilizada para esa actividad, quedando prohibida una mayor deforestación en esa zona protegida, según disposición del ministro del Instituto Nacional Forestal (Inafor), Williams Schwartz.

Ante el ambiente de inestabilidad laboral por un posible cierre de la empresa, cuyo presidente es el ex ministro del Marena Jorge Salazar, el titular del Inafor dijo que no es voluntad del Gobierno cerrar una empresa, pero deben ajustarse a la ley, y se cumplirá con la disposición del presidente Daniel Ortega: “No se derribarán más bosque para sembrar palma africana”, advirtió.

El ministro se personó a las instalaciones y plantaciones de la empresa Palcasa S.A. -–ubicada a unos 14 kilómetros del poblado de Boca de Sábalos-- la pasada semana, acompañado de representantes de la Procuraduría y Ministerio Público, Ejército, Policía e instituciones comprometidas con el medio ambiente, para conocer la situación en vista de la solicitud de ampliar la zona de siembra de palma africana, y dado que enfrentan acusaciones por presuntos delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“No estamos permitiendo la siembra de monocultivos porque destruye la biodiversidad del ecosistema”, enfatizó el titular de Inafor, al explicar que en la visita realizada a las instalaciones de la empresa, el representante de la misma, ingeniero Jorge Salazar, presentó el proyecto que desarrollan en el lugar.

Según Schwartz, Salazar expuso que el proyecto contempla la siembra de 2,400 hectáreas --correspondientes a 1,200 en 2007, e igual cantidad en 2008--; que ofrecen empleo a unas 500 personas, y generan impuestos a la municipalidad de El Castillo por el orden de un millón de córdobas al mes. “Ante los trabajadores dejamos claro que no llegábamos a cerrar la empresa, sino a indicar que deben acatar lo que la ley manda, y podrán sembrar las 2,400 hectáreas siempre y cuando lo hagan en los terrenos que fueron utilizados para actividades agropecuarias”, apuntó.

De acuerdo a las declaraciones del titular del Inafor, la empresa cuenta con un permiso ambiental extendido por Hilda Espinoza, Directora de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), y mostraron un supuesto aval del Ministerio Agropecuario Forestal (Mag-For), lo cual “no es un aval de cambio de uso de suelo, es un informe técnico, pues la Ley 462 prohíbe el cambio de uso de suelo”, señaló el funcionario.

El ministro explicó que revisarán toda la documentación para determinar si han cumplido con los requisitos de ley, en tanto refirió que el proceso en manos del Ministerio Público sigue su curso y será esa entidad la que determinará lo que corresponde de acuerdo a su competencia.

Procesos administrativos Inafor-Marena

El pasado año, después de denuncias recibidas contra Palcasa S.A. por nativos de las comunidades de Boca de Sábalos, el procurador Ambiental, José Luis Pineda, recurrió ante Inafor y Marena, y ambas instituciones abrieron procesos administrativos que conllevaron a sanciones y multas, y en vista de su incumplimiento las acusaciones se ventilan en la Fiscalía Ambiental.

En noviembre del pasado año, la delegación del distrito X del Instituto Nacional Forestal en Río San Juan, en ese entonces a cargo de Miguel Dávila Rugama, impuso una infracción pecuniaria de 6 mil dólares a la empresa Palcasa S.A. por el despale de unas 70 hectáreas de bosque y afectaciones a la cuenca del río en el sector de la comunidad de “Blanca Aráuz”, en el municipio de El Castillo.

Según Dávila Rugama, una comisión técnica realizó las investigaciones y una inspección in situ, logrando determinar que se cortaron más de 219 árboles de diferentes especies, sobre todo de almendro, que está bajo el régimen de veda por resolución del Marena.

El funcionario calculó que se cortó un volumen de 660 metros cúbicos de madera, lo que en el mercado nacional tiene un valor de más de un millón de córdobas. La madera aserrada y además los árboles tumbados que no se contabilizaron en la inspección fueron decomisados a la empresa por “ser aprovechados de manera ilícita”, precisó Dávila.

La multa se estableció sobre la base del artículo 1, párrafo IV de la Ley 558, Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento y Comercialización del Recurso Forestal, precisó Dávila.

Refirió que entre las pruebas con que cuenta Inafor existen fotografías que muestran que los árboles fueron cortados exactamente dentro de fuentes hídricas, pero además constataron otras afectaciones dentro de la actividad ilícita que por el ámbito de competencia del Inafor no se involucraron en el proceso administrativo, como por ejemplo, desvíos de agua; “también otro ilícito es que hubo áreas que se quemaron antes del corte para favorecer la caída de los árboles a través del desprendimiento de raíces”, aseguró el ex delegado.

El funcionario de Inafor dijo que también constataron la existencia de bastante madera aserrada sin contar con permiso alguno.

Por su parte, el Marena, cuyo delegado era José Luis Galeano, abrió proceso administrativo que culminó con una resolución dictada el 1 de septiembre del pasado año, determinando responsabilidad administrativa por cometerse una infracción leve, y ordenó retomar medidas de mitigación y prevención ante cualquier alteración al recurso natural.

Llamados a declarar

Consultado al respecto, el fiscal Ambiental Sergio Pérez dijo que esa instancia ha llamado a declarar al responsable de Áreas Protegidas, Iván Ortega, quien ya compareció, sin embargo Hilda Espinoza, quien aparece autorizando el permiso ambiental por parte del Marena, no lo ha hecho. El alcalde de El Castillo, Francisco Díaz, y otros ciudadanos también deberán aportar a ese proceso para determinar “si nos encontramos ante un delito ambiental”, apuntó.

Según Pérez, “los representantes de la empresa han expresado su voluntad de resarcir los daños ocasionados al medio ambiente”.

Llama poderosamente la atención que el pasado mes de mayo, Hilda Espinoza, Directora de Calidad Ambiental del Marena, solicita al ingeniero Norman Gutiérrez, delegado del Marena en el departamento, una inspección en Santa Elena en vista de una solicitud realizada por Agropecuaria La Tronquera para la siembra de 5,000 hectáreas de palma africana y la instalación de una planta industrial.

El hecho desató el rechazo de delegados institucionales y organismos ambientales dado que el área requerida se ubica en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, declarado sitio Ramsar. Pero al respecto, las autoridades nacionales del Marena no se han pronunciado.

Comentarios de nuestros lectores

Ed Manfut (No al Escudo Psicodelico) 2
Quiero hacer mención de la época de Somoza en la zona este de la ciudad de El Rama, el mismo camino de tierra que reparo el Ex Presidente Bolaños y que llega hasta el poblado cabecera del Municipio de Kukra Hill, todo ese espacio de casi 95 Kilómetros de ancho fue totalmente despalado para sembrar cana de azúcar no resultó el ingenio que tenían, luego la palma africana de los cuáles quedan algunos recuerdos de viejas plantas aun desafiando el tiempo. Ahora aquí está sembrando una empresa tica.

Felipe
Debemos preservar nuestra flora y fauna. El cultivo de palma africana incluso en un informe de las Naciones Unidas considero que es dañino para el medio ambiente. Los intereses de todos los nicaragüenses están por encima de una empresa y debe cumplirse la prohibición de ampliación de chapeo del bosque. Dios libre a Nicaragua de estas "empresas".

jorge- canada
Es triste, que supuestos defensores o trabajadores del medio ambiente sean los principales culpables a través del soborno, ellos y la empresa destructora del ambiente deberán rezarcir los danos ademas de la multa, aquí en Canadá, la ley castiga hasta los transportistas que sacan la madera ilegalmente.

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