Cada vez es más frecuente escuchar, leer y ver por diversos medios de comunicación, la preocupación de que el crimen organizado transnacional o nacional puede “infiltrar” los estamentos políticos de determinado país, fundamentalmente de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, especialmente en Latinoamérica.

Esta preocupación ha alcanzado a los representantes de las principales organizaciones mundiales y continentales. La más reciente fue la del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien expresó en Panamá que “la expansión del crimen organizado y el narcotráfico puede alcanzar la esfera de lo político”, porque en los últimos años ha habido un crecimiento sin precedentes de la actividad delictiva.

Esta advertencia toca un asunto sumamente delicado, pero no nuevo. En Latinoamérica han habido muchas expresiones que indican que en algún grado el crimen organizado ha infiltrado ya las esferas políticas de algunos países, sólo basta recordar las investigaciones que se efectuaron contra algunos ex presidentes a quienes se les señaló de haber recibido dinero del narcotráfico para sus campañas. El ya famoso “Proceso 8000” es uno de ellos.

Además, para soportar esta afirmación, también basta con analizar cómo se convirtió en diputado el principal jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, a inicios de la década de los 80.

Nicaragua parece que no podría escapar a este fenómeno. Aunque aún no han habido señalamientos graves de financiamiento a las campañas políticas de los candidatos a la Presidencia por parte del narcotráfico, ni que tengamos de diputado a un gran capo de la droga, no se puede negar que el crimen organizado tiene en cierto modo una expresión en lo político e institucional de nuestro país.

Existen síntomas que podrían demostrar la afirmación anterior. Las más recientes son la reducción de la pena por el delito de lavado de dinero, la falta de aprobación de leyes claves para combatir al crimen organizado, como la ley de creación de la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados (UABIDA) del crimen organizado y la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero, entidad que estaría a cargo de prevenir y perseguir la legalización de capitales ilícitos. No obstante, la solicitud de asistencia técnica a nuestro instituto del actual presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, diputado José Pallais, para apoyar los esfuerzos de esa comisión en el proyecto de ley de reforma y adición a la Ley No. 285, demuestra una voluntad política interesante para comenzarle a poner un punto y aparte al impacto del crimen organizado en la institucionalidad de nuestro país.

Otro síntoma que demostraría la permeabilidad de nuestras instituciones públicas y políticas frente al crimen organizado es la resistencia que existe en algunas esferas políticas para aumentar las capacidades presupuestarias, técnicas y humanas de la Policía Nacional. Pareciera que detrás de esto hay un interés por mantener a esta institución aletargada, con un presupuesto paupérrimo que no le permite realizar una labor de inteligencia más efectiva.

Si lo vemos desde el punto de vista más amplio, Nicaragua tiene un marco normativo endeble que deja “portones abiertos” a acciones del crimen organizado, simplemente porque no se aprueban estas leyes o no se crean otras, como por ejemplo, una ley específica que regule el financiamiento a partidos políticos en tiempos de campaña electoral.

¿A quién le interesa que esto siga así? Saque usted sus propias conclusiones. Quizá esto le ayude un poco:
En el II Informe sobre Crimen Organizado en Latinoamérica, el secretario general de Flacso, doctor Francisco Rojas Aravena, formula la siguiente hipótesis: Mientras más perdure en el tiempo una empresa criminal, más vinculada con lo político está.

Debemos recordar que el crimen organizado funciona como una empresa, por tanto tiene una estructura organizada, de allí el término, con sus estratificaciones y logística requerida. Su objetivo fundamental es generar ganancias económicas, por lo tanto, busca cómo permanecer en operación la mayor parte del tiempo y, para ello, primero infiltra las instituciones que, por naturaleza, fueron creadas para combatirla. Después “recluta” a los funcionarios que toman decisiones y, por último, logra captar el favor de los políticos.

* El autor es encargado del Programa de Crimen Organizado del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas

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