Nueva Guinea
Júbilo causó a los pobladores de Nueva Guinea la noticia que se divulgó en una radio local sobre el retiro de la empresa minera Geomin, de origen canadiense, del área de exploración en el sector de San Antonio de Nueva Guinea, donde se supone existen yacimientos de minerales preciosos como el oro. Geomin recibió como “herencia” de la empresa Minesa la concesión que había recibido por parte del gobierno de Enrique Bolaños y del gobierno municipal a cargo del edil Julio Quintanilla.

Desde el momento en que se supo de esta concesión, la sociedad civil organizada protestó ante el gobierno municipal por no haberse consultado al pueblo; estas protestas fueron aparentemente en vano, pues no se les prestó atención. Y aunque el pueblo protestó, la concesión se le entregó a Minesa, que a su vez entregó sus derechos a Geomin.

Ante la actitud de la alcaldía de no suspender la concesión para explorar y explotar los recursos minerales en Nueva Guinea, diferentes instituciones que defienden los recursos naturales en Nueva Guinea iniciaron su lucha, pero esta vez lo hicieron a través del sistema judicial, puesto que interpusieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucionalidad y violación a los derechos de los ciudadanos de Nueva Guinea.

Presentan imagen
de daños
Presentaron como evidencias un resumen de todos los daños que provocarían a la naturaleza en este municipio la exploración y la extracción minera; además habría contaminación de las aguas y por consiguiente deterioro a la salud de las personas.

La demanda fue firmada por Luis Adolfo Umaña Torres, Fiscal de la Junta Directiva de la sociedad civil organizada; Elba Rivera Urbina, pedagoga y educadora de la organización Salvo y Sano; Abel Rivera Urbina, agrónomo y miembro de la sociedad civil organizada, y Róger Cabrera, miembro de la Comisión de Defensa al Consumidor; todos los mencionados son miembros de la Comisión Ambiental Municipal.

La demanda fue recibida y de inmediato procedieron a darle trámite. A los pocos días, la parte demandante recibió una notificación por medio de la cual la Corte Suprema le informa que ha pedido un informe al gobierno municipal con copia al licenciado Horacio Brenes Icabalceta, quien fungía como Ministro del Mific, y a la licenciada Amanda Lorío, quien era Ministra del Marena.

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