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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Jueves 28 de Junio de 2007 - Edición 9652
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Hay poca regulación civil sobre adquisiciones en seguridad y defensa

Urge control de gastos en Policía y Ejército

* Investigadores se topan con secretismo de militares


Urge control de gastos en Policía y Ejército - Foto
Dayra Valle.

Falta un verdadero control sobre la legalidad de las compras que hacen el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, advirtió ayer el abogado especialista en derecho administrativo, Rodolfo Pérez, durante un panel sobre la transparencia en las compras del sector defensa y seguridad, organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp).

Pérez indicó que hay una mala interpretación de la Ley 323, de Contrataciones del Estado, la cual establece que están excluidos de procedimiento las compras del Ministerio de Defensa a favor del Ejército de Nicaragua, y las de Gobernación a favor de la Policía Nacional, en lo relativo a sus labores constitucionales.

“La realidad es que el Ministerio de Defensa no sabe absolutamente nada de lo que compra el Ejército. Y además, que el Ejército no solicita nada –-de permiso-- a Defensa. De modo que cualquier compra que haga sin autorización de Defensa podría considerarse en términos jurídicos una compra ilegal”, afirmó Pérez

Contraloría no conoce

Otro aspecto del problema es que ni la Dirección de Contrataciones del Estado ni la Contraloría tienen conocimiento de las compras del Ejército. “Hay una nebulosa, un secretismo excesivo y una falta de transparencia”, alertó Pérez.

“Falta un sistema de control legítimo –-que está contemplado en la ley-- para verificar la legalidad de los procedimientos en las compras que hacen el Ejército y la Policía”, concluyó Pérez. En la actualidad, esto se agrava ante la ausencia de un ministro de Defensa

Herméticos

Dayra Valle Orozco, investigadora del Ieepp, explicó que en el caso de la Policía Nacional han tenido acceso a información sobre los procedimientos de compras administrativas, encontrándose cierto control y evaluación de la Contraloría.

Sin embargo, en el caso del Ejército de Nicaragua, le ha sido imposible contrastar sus hallazgos de investigadora con la versión oficial sobre las contrataciones, planes anuales de adquisiciones y procedimientos de la fuerza castrense.

“Hay una oscuridad en sus procedimientos, no saber lo que están haciendo genera una discrecionalidad sustancial para el Ejército”, puntualizó Valle, quien ha solicitado reuniones con el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, así como con el alto mando militar, pero no ha recibido respuesta.

Valle dijo que personal de la Contraloría ha admitido que les ha sido imposible conocer por años el detalle de las compras militares

Vaguedad en la ley

Juan Bautista Arríen hijo, abogado especialista en derecho administrativo, explicó que –-en términos genera-
les-- la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua no programan sus contrataciones, no rinden cuenta y no son sometidos a auditorías.

La razón es que la misma Ley 323, de Contrataciones del Estado, les abre un abanico de exclusión de procedimientos en razón de la defensa nacional, emergencias o problemas de orden público.

“Ahí el Ejército y la Policía (a través de sus superiores civiles, en teoría) tienen toda la justificación para no rendir cuentas o no someterse a auditorías. Pero el problema de esto es que (estas exclusiones de procedimiento) son tan amplias, que se les conocen como actos políticos indeterminados, porque no se sabe qué es lo que se puede contratar bajo el procedimiento de ley, y qué no”, señaló Arríen.

Los investigadores buscan incidir en el anteproyecto de ley de contrataciones del Estado para afinar el control civil sobre las compras militares y policiales.




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