La doctora María Luisa Acosta, demandó al Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por que según ella, se le negó el acceso a la justicia por cuanto no se juzgó al griego Peter Tsokos y a su abogado Peter Martínez, señalados por ella, como los autores intelectuales del crimen de su esposo, el ex presidente de la Cámara de Comercio de Bluefields y catedrático universitario Francisco García Valle.

El crimen de García Valle, ocurrió el 8 de abril del 2002 y su cadáver fue encontrado en su casa ubicada en el barrio Santa Rosa. Estaba atado de pies y manos y presentaba un impacto de bala en la tetilla izquierda.

Por ese crimen, el jurado de conciencia que conoció el caso, encontró culpables a Iván Argüello y a Wilbert Ochoa, los únicos que fueron procesados porque Tsokos y Martínez fueron sobreseídos definitivamente por Julio Acuña, Juez de Distrito Penal de Bluefields.

Exigen justicia

“Yo sigo exigiendo justicia”, afirmó la doctora Acosta, tras confirmar que con el acompañamiento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, acudió a la Comisión Interamericana de Justicia, porque el Estado de Nicaragua no supo adoptar las medidas que le garantizaran el acceso a la justicia.

Según la doctora Acosta, las autoridades judiciales que siguieron el proceso judicial en contra de los autores materiales del crimen de su marido, obviaron una serie de pruebas bien fundamentadas por los especialistas de la Policía Nacional y que vinculaban en el crimen a Tsokos y Martínez.

El arma que usaron los criminales para matar al García Valle, era propiedad del abogado Peter Martínez, representante legal de Peter Tsokos, la doctora Acosta, detalló que el proyectil que fue encontrado en el cuerpo de su esposo, fue disparado con la pistola Lorcin calibre 25 serie 332358, propiedad de Martínez, pero además, Iván Argüello, uno de los condenados y quien realizó el disparo, era guarda espaldas de Tsokos.

“Se condenó a dos autores materiales que tenían vinculación estrecha con Peter Tsokos y Martínez, pero el Juez Acuña, no estableció ese vínculo que fue probado por las investigaciones policiales”, afirmó la abogada Acosta.

Para la doctora Acosta, el judicial que llevó el caso de su esposo, se parcializó a favor de Peter Toscos y su abogado, Peter Martínez al punto que cuando se entregaron las pruebas policiales que confirmaban el vinculo con el crimen, el judicial las rechazó afirmando que no las había pedido y hasta amenazó al policía investigador cuando insistió en la importancia de las pruebas.

El abogado, Norwin Solano, miembro del equipo jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, explicó que los ciudadanos que sienten que a nivel interno de un país se le negó el acceso a la justicia, tienen una forma complementaria para exigir justicia, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Una puerta abierta

La doctora Acosta tiene esperanzas en que las personas que ella señala como autores intelectuales del crimen de su marido, sean llevados a la justicia porque nunca fueron juzgados por ese crimen.

“Que juzguen a Tsokos y a Martínez en el caso de mi esposo”, afirmó la doctora Acosta, para quien existe una puerta abierta por donde se puede presionar un juicio contra los presuntos autores judiciales.

Explicó que la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene lo que se llama cosa juzgada fraudulenta, “es cuando se obtiene algo por medios irregulares, cuando eso ocurre no es válido y por lo tanto es una cosa juzgada fraudulenta” explicó.