Prolífico detalle de inconsistencias

* Magistrada Alba Luz Ramos recuerda a los jueces y magistrados que deben pesar más la consistencia y el ejercicio armónico de la sana crítica

Oliver Bodán y Mauricio Miranda

Prolífico detalle de inconsistencias - Foto

Aura Doña Gutiérrez, Secretaria de la Sala Penal 1.

Funcionarias del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) declararon que la Policía Nacional actuó con negligencia en el proceso legal de los 3,101 kilos de cocaína incautados en las costas de Masachapa, por lo que la decisión de liberar a tres implicados en el caso fue técnica y apegada a derecho.

“Lo que yo veo es que hay negligencia de parte de la Policía. En el expediente no se ha demostrado otra cosa”, aseguró Aura Doña Gutiérrez, Secretaria de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).

Gutiérrez, junto a los magistrados Enrique Chavarría y René Robelo, de la Sala Penal 1 del TAM, están suspendidos de sus cargos y sin derecho a goce de salario, por firmar la sentencia con la que obtuvieron su libertad Álvaro Parrales, Noel del Socorro Rugama y Juan Francisco Hernández, involucrados en el quiebre de drogas.

Los tres sujetos fueron sentenciados en primera instancia a diez años de presidio por el delito de transportación de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. El doctor Óscar Loza, quien también plasmó su firma en la sentencia, ya no es magistrado, pero es investigado.

Por su parte, Ana Gloria Reyes, asesora legal de la misma Sala Penal 1, y también suspendida, dijo que “no consta en autos ninguna prueba que los incrimine”. “No existen testigos presenciales, no existen testigos visuales, no hay nadie que te diga: nosotros miramos a las personas cargar y descargar la droga, no se puede incriminar a alguien”, aseveró.

Entregan documento

Doña y Reyes entregaron a EL NUEVO DIARIO un documento en el que reflejan lo que considera una serie de inconsistencias legales en el caso.

“No existe ningún testigo visual que haya observado a estos ciudadanos hacer la labor que refiere el fiscal en la acusación, es más, se dice que los que manejaban la camioneta colisionaron contra la autoridad policial, sin embargo, no pudieron ser identificados porque huyeron del lugar”, afirmaron.

También alegaron que aunque las autoridades encontraron en dicho vehículo una tarjeta de circulación a nombre de Aceitera del Atlántico S.A., “curiosamente no le interesó investigar a los dueños de esa sociedad ni su ubicación, pues ello nos pudo haber dado alguna referencia de por qué su vehículo se hallaba en ese lugar el día de los hechos y quién lo conducía”.

Además, añadieron las abogadas, se desconoce si existe alguna denuncia de robo de esta camioneta, porque en el juicio nadie la reclamó.

“Resulta más interesante el hecho de que las autoridades policiales encontraron en el interior de la camioneta 11 fusiles AK y no se esclareció el origen de los mismos”, ya que la Policía, el Ejército y el Sistema Penitenciario declararon no tener registros de ellas.

“Lo que debió haber provocado en las instancias policiales una investigación, ya que eso permitiría que después el Ministerio Público entablara acusación como corresponde en base a la Ley 510 por el delito de tenencia ilegal de armas del Ejército”, puntualizaron.

No era un caso de armas

Gutiérrez señaló que la Policía Nacional no supo dar respuestas a la juez sobre la investigación que debió realizarse sobre las armas. “La juez le preguntó por las armas. Entonces dicen ellos: “No, es que aquí no estamos en un caso de armas”, relató.

También criticaron que a dicha camioneta no se le practicó la prueba del Ioscan para determinar si “se utilizó como medio de transporte de cocaína y sancionar conforme a derecho”. La misma situación ocurrió, agregaron, con el camión blanco placas M025957 a nombre de Juan Carlos Escalante Toval.

Doña y Reyes también criticaron que la Policía no identificó a las personas que viajaban en la camioneta, “pero en el caso de los condenados se afirma que fueron detenidos en su casa de habitación, y ninguno de los oficiales de Policía que participaron” en la operación determinó “con precisión que éstas hayan sido las personas que iban en la camioneta ocupada, ni que ellos hayan sido los que trasladaron la droga”.

“Con respecto a que la prueba de Ioscan resultó positiva en las manos de los acusados, se observa a lo largo del proceso que los mismos oficiales de Policía relacionan que el pesaje se hizo en un lugar abierto, en el parqueo de la Policía, en donde se pudieron contaminar. Asimismo, los reos señalan que los pusieron a trasladar los sacos que contenían la sustancia y que posteriormente se les practicó la prueba”, aseveraron.

“Durante todo el proceso el Ministerio Público no logró demostrar la culpabilidad de los acusados, puesto que ninguno de los oficiales de Policía fueron testigo de nada, ninguno de ellos vio a los acusados hacer cosa alguna, puesto éstos fueron capturados en sus casas a diferentes horas del día 30 de septiembre del año 2006”, insistieron.

Ramos: debieron buscar consistencias

Pero la magistrada Alba Luz Ramos les recordó a los magistrados y funcionarios de la Sala Penal 1 del TAM que debieron fijarse más en las consistencias del caso que en las inconsistencias.

“Hay que buscar los indicios y relacionarlos. Para eso existe la valoración libre de la prueba, lo que se llama la sana crítica, para coordinar todos esos casos, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de hecho tiene en la sociedad. Quizá debían buscarse más las consistencias que las inconsistencias, porque ellos me hablaban mucho de las inconsistencias del expediente”, dijo Ramos.

Afirmó que además de “apegarse a la parte técnica, legal”, los magistrados deben, gracias a la sana crítica, “relacionar los indicios que se dan” y “coordinar todos esos medios, aunque no sean quizá los más fuertes”.

“Me dicen que no hay un solo testigo de que esas personas cargaron la droga del barco a la embarcación y de la embarcación a la costa. Pero es difícil, porque todos los delitos se realizan a escondidas y éste con mayor razón”, añadió.

Ramos dijo que tratará llamar a la Policía y a la Fiscalía para determinar si hubo inconsistencias en su trabajo, y, si así fue, hacérselos notar “para tratar de que se superen”.

“Muchas veces los policías están clarísimos de que los presos son culpables, porque han hecho un trabajo previo de inteligencia y seguimiento, pero ellos deben pensar --sobre todo la Fiscalía, que es la que sustenta y lleva estos casos ante los tribunales--, que los jueces deben resolver con base en las pruebas que se les presentan, y que estos casos son difíciles”, explicó.

“Todos estamos claros de que deben hacerse todos los tipos de esfuerzos posibles para encontrar los indicios y relacionarlos, y echar mano de los medios que la ley misma nos da para sustentar el caso, porque los 3 mil kilos de coca no aparecen del aire, están allí, y yo no creo tampoco que la Policía --como algunos argumentan-- quiere encontrar culpables a la fuerza”, insistió.

Comentarios de nuestros lectores

Rodrigo Peñalba
Casos dificiles ni v...! se hacen los pendejos estos jueces y sus tecnicismos de mercader de Venecia.

mai
Les conviene a estos magistados y secretarias que los manden presos, porque de lo contrario no estarían seguros cuando vengan los sicarios a pedirles cuentas. El que juega con juego se puede quemar.

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