El procurador general de la República, Hernán Estrada, dijo ayer ante un grupo de inversionistas que lo visitaron, que la participación de esa institución en el caso conocido como “Arenas Bay” se da en el ejercicio cotidiano de sus potestades y del mandato constitucional, y que no es la primera vez que actúa.

Estrada explicó que la actuación de la PGR está vinculada a intereses jurídicos tutelados por el Estado, como lo establece el artículo 60 de la Constitución Política, recordando que los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable, por lo que es obligación del Estado la preservación del medio ambiente y recursos naturales.

Afirmó que la Ley Orgánica de la PGR, en su artículo 2, inciso 5, establece entre sus competencias: “Intervenir en la defensa del medio ambiente”, y es por ello que a petición de las autoridades de la Costa Caribe desde meses atrás actúan en el caso de los Cayos Perlas, propiedad del Estado, que han sido ocupados por dizque inversionistas.

Recordó que el ex procurador Ambiental de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), Wilbert Ibarra Blanco, quien atendió el caso de los Cayos Perlas, actúa en Tola para defender los intereses del Estado.

Antecedentes

Vale mencionar que meses atrás la Procuraduría denunció al general del Ejército Nacional, Adolfo Chamorro, por construir en suelos no autorizados o de riesgo, poniendo en peligro grave al medio ambiente en el sector de Water Kay.

Estrada explicó que en el proceso de traspaso de bienes inmuebles intervinieron funcionarios públicos, quienes de acuerdo con la Ley Orgánica de la PGR están bajo la supervisión de esa institución, que debe velar para que sus actuaciones estén ajustadas a derecho.

En materia de transacciones privadas y fiscales, dijo que a la Procuraduría le asiste de conformidad a la ley “velar por la hacienda pública”. Recordó que por primera vez ejercen funciones de forma integral, como es su rol de víctima cuando la seguridad del Estado se ve amenazada, tal es el caso del Cártel de Sinaloa.

Resaltó que la intervención de la Procuraduría es bien vista “cuando se trata de proteger ciertos intereses generales, como en el caso del BECA (en el cual se opuso a la indemnización pretendida), o en casos ambientales como los recientes derrames de compañías petroleras, en los cuales abogaron para una solución razonable.

Recordó que la PGR debe personarse en todos los casos privados relacionados con: pensiones alimenticias, reposición de partidas de nacimiento, pérdida de patria potestad, casos de familia, adopciones y divorcios, de conformidad con la ley.

Conforme con la Ley 278, artículo 8, afirmó que la PGR interviene en demandas entre privados como “coadyuvantes” o no “excluyentes”, y recordó el principio procesal que establece el artículo 953 del Código Civil, “que los terceros opositores sean de la clase que fuere pueden, aún sin ser citados, apersonarse en el juicio en cualquier Estado en que se haya y en cualquiera de las instancias, por lo que pueden hacerlo al tiempo de la ejecución de sentencia”.

Ratificó la voluntad del gobierno de intervenir en el caso de Tola para asegurar los derechos de los terceros adquirentes de buena fe, y de los legítimos beneficiarios de la reforma social que este gobierno defiende.

Cabe mencionar que tanto en el caso de los Cayos Perlas como de Arenas Bay, las órdenes de suspender los proyectos por daños al medio ambiente habían iniciado con autoridades del gobierno pasado, por denuncias recibidas en ambos casos.