* Políticos del Pacto y sus ejecutivos desistieron del “asalto” a los servicios públicos a cambio de las fraudulentas liquidaciones
* Víctor Guerrero y demás implicados siguen sin dar la cara

Luis Galeano | lgaleano@elnuevodiario.com.ni

La ex directora de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Martha Julia Lugo, negó haber autorizado el pago de 8.7 millones de córdobas en liquidaciones a 85 funcionarios de la extinta Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), tal como lo señala un informe de auditoría de la Contraloría, y recordó que quienes negociaron esos pagos fueron el ex presidente Enrique Bolaños y varios de sus ex ministros.

“Cuando asumí Telcor estaba en vivo el ‘bochinche’ de la Presidencia con los que dominaban o dirigían la Sisep, y luego se negoció la aprobación de la Ley Marco, y quienes negociaron eso fueron el presidente Bolaños, su secretario el ingeniero Ernesto Leal, su ministro de Hacienda (Mario Arana) y su ministro del Trabajo (Virgilio Gurdián)”, dijo Lugo al ser consultada por EL NUEVO DIARIO.

Un informe ejecutivo de la Contraloría, que realiza una auditoría especial en la extinta Sisep, reveló que las liquidaciones laborales, al margen de lo que establece el Código Laboral a ex funcionarios de la efímera entidad, sumaron 8 millones 752 mil 584.14 córdobas y no 8 millones 700 mil como se había informado inicialmente.

De acuerdo con el informe, el dinero fue desembolsado de la cuenta “Fondos a Terceros TGR-Telcor”, por instrucciones de la licenciada Martha Julia Lugo Balcáceres, ex Directora General de Telcor.

Estaban en acera de enfrente

“No entiendo cómo ese informe puede decir eso, cuando yo no manejaba en ese momento las cuentas de Telcor, las manejaba la gente de la Sisep, acordate que ellos eran contrarios a nosotros (el Ejecutivo) y nos congelaron las cuentas y las pasaron a manejar ellos”, dijo Lugo.

“No sé de dónde sale ese hallazgo, pero creo que la información que buscan debe estar en los ministerios que se involucraron en las negociaciones, menos de haber aprobado pagos de indemnizaciones”, agregó.

Un Acta de Acuerdos fechada el 30 de noviembre de 2005 en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, revela que el pago de las indemnizaciones fue aprobado en una reunión en la que participaron representantes de la Sisep y funcionarios del Gobierno, delegados por sus respectivos ministros y directores.

El documento, cuya copia se encuentra en poder de EL NUEVO DIARIO, señala que el pago fue avalado por el entonces director general de Contabilidad Gubernamental del MHCP; por la directora general de Relaciones Laborales del (Mitrab), Lydia Chamorro Zamora; por el inspector departamental del Trabajo de Telecomunicaciones, Eduardo Meniccuci, y por el director administrativo financiero de Telcor, Juan Ramón Navarro.

En nombre de la Sisep participaron el suspendido superintendente Víctor Guerrero Ibarra; el intendente de Telecomunicaciones Freddy Carrión Jarquín; mientras que por trabajadores de la Sisep y de la Intendencia de Telecomunicaciones lo hicieron Carlos Solís y Marcia Sobalvarro, Salvador Coello y Carlos Hernández, respectivamente.

“Yo nunca hice contrataciones de la Sisep, nosotros no disponíamos de nada, el ingeniero (Freddy) Carrión era el que manejaba las cuentas de la Intendencia de Telecomunicaciones”, insistió Lugo, rechazando el informe de la Contraloría.

Todos se esconden

Ayer procuramos contactar a Víctor Guerrero para conocer su versión del asunto, pero no fue posible localizarlo, también intentamos conversar con el ex superintendente de Servicios Públicos, Freddy Carrión, pero tampoco lo pudimos ubicar en su casa ni en su celular.

Hasta la fecha se desconoce con certeza el total del personal que laboró para la Sisep, pues no han podido obtener los expedientes laborales y por ende los contratos de trabajo.

Lo anterior se debe a que ni el ex superintendente Guerrero, ni Lugo, ni la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Hacienda, han brindado la documentación relacionada con las operaciones de la Sisep.

Guerrero fue amparado por la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, (TAM), dominada por magistrados del PLC, que ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) detener la investigación en su contra.

Ese amparo le sirve para excusarse de no brindar información sobre la documentación de las liquidaciones, entre las cuales destacan los 360 mil córdobas recibidos por él.

Comentarios de nuestros lectores

Ed Manfut
Si aqui hay que demandar a los Partidos por promover semejante robo, Ellos los diputados que votaron y a sabiendiendas de robo al pueblo de Nicaragua, que clase de individuo hace semejante atropello, deben de pagar y deben de estar presos.

HUG LACAYO
Ya deberian estar siendo investigados primero por la contraloria, luego a los jueces del Tam que ampararon a Victor y Guerrero o cualquier otro funcionario que haya hecho lo mismo, porque si bien es cierto que la Ley hay respetarla sabemos que estos Magistrados estan involucrados en actos de corrupciòn por lo tanto sus resoluciones son de dudosa aceptaciòn asi lo deberia de entender e "lMagistrado Poesy "que es tan inteligente, y llevar a la carcel a los saqueadores del erario pùblico.