* Segundo caso de supuesta extorsión es negado por el principal acusado, quien asegura sólo se trata de un litigio
* Dr. José Pallais se apresura a señalar que Comisión de Asamblea no pretende sustituir a ninguna institución que tenga que ver con los casos

Eloísa Ibarra y Lésber Quintero

El diputado José Pallais, quien preside la Comisión Especial que conoce el caso de “Arenas Bay”, dijo que investigarán la denuncia por supuesta extorsión presentada por el norteamericano Phillip Christopher, aunque reconoció que no hay ningún funcionario denunciado.

Según Christopher, desde agosto de 2006 es víctima de las presiones de un supuesto indígena de nombre Denis Prado, quien le habría enviado mensajes para que entregue dos mil dólares a cada una de 280 personas que ha utilizado en los intentos por apoderarse de una propiedad de 55 manzanas, donde desarrollará el Proyecto Flor de Mayo, en Tola.

De acuerdo con la denuncia, junto a Prado hay otros dos supuestos indígenas: Bartolomé Castillo y Giovanni Loáisiga, quienes según el denunciante han tratado de ocupar la propiedad por diferentes medios.

Pallais explicó que investigarán el caso, porque la Comisión Especial tiene el mandato de atender temas de la propiedad aunque no haya funcionarios públicos, con el objetivo de revisar la problemática de las zonas costeras, afianzar la seguridad jurídica y garantizar el desarrollo del sector turístico.

No sustituyen instituciones

El diputado dijo que la Comisión no va sustituir a ningún poder del Estado, como el Poder Judicial --que conoce las denuncias por el delito de extorsión--, sino que examinan cuál es el papel de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la República. “No pretendemos convertirnos en ninguna de estas instituciones”.

Pallais indicó que investigarán por qué existe un nombre en común con el caso de Tola, aunque reconoció que el denunciante no presentó ninguna prueba de la supuesta extorsión de que ha sido víctima, ni ha interpuesto denuncia del hecho ante las autoridades competentes.

Otra denuncia

Informó que la Comisión también recibió una denuncia de la familia Medina Sandino, de una propiedad en San Juan del Sur, donde supuestamente aparece un alto funcionario del Poder Judicial involucrado.

Con la denuncia presentaron documentos del caso, entre ellos la anulación que hiciera en su momento la ex jueza Quinto Civil de Distrito de Managua, Ligia Rivas, de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Rivas, recientemente fue nombrada magistrada del Tribunal de Apelaciones de Granada.

Pallais explicó que en los dos casos los adquirentes compraron a personas que tienen historias registrales limpias de sus propiedades.

Prado niega

Denis Prado, quien se dedica al negocio de bienes raíces en el departamento de Rivas, dijo haberse sorprendido y molestado al momento de enterarse por medios de comunicación, que el inversionista estadounidense Philip Christopher lo denunció por el delito de extorsión ante una Comisión Especial de la Asamblea Nacional.

El inversionista norteamericano acusó a Prado de pedirle dos mil dólares para cada una de las 280 personas que supuestamente mantiene Prado en las costas de Playa Sardina, del municipio de Tola, para tratar de apoderarse de casi 55 manzanas de tierras costeras en las cuales se pretende desarrollar el proyecto turístico Flor de Mayo, del cual es socio el denunciante.

No obstante, Prado, quien en realidad vive en el municipio de Buenos Aires y no en Tola, tal como se señaló, negó categóricamente tal acusación, y a la vez desmintió ser dirigente de la comunidad indígena tal como lo afirmó Philip, a quien no descarta llevar a los tribunales, y para eso hoy viernes sostendrá una reunión con el presidente de la comunidad indígena de la comarca Las Salinas de Nagualapa, Bartolomé López Castillo, y con Giovanni Loáisiga, ya que ambos fueron señalados de actuar con él, y por eso buscarán cómo hacer una sola acusación.

Es litigio, dice
De acuerdo con Prado, lo que realmente existe en las costas de Playa Sardina es un litigio de tierra entre los socios de la Flor de Mayo y la comunidad indígena de Las Salinas de Nagualapa, porque los primeros han tratado de apoderarse de áreas costeras que son administradas por la Junta Directiva de la comunidad indígena.

Añadió que este lío inició a raíz de que la Flor de Mayo abarcara cinco manzanas y media de tierras que en 2001 la directiva de la comunidad le dio en arriendo.

Con base en esto, los pobladores de Las Salinas y Virgen Morena se tomaron la potestad de dar arriendos en estas zonas, y además del título referido, señalan una decisión del gobierno municipal de Tola, que se dio en una sesión extraordinaria realizada el 25 de abril de 2002, en la cual el ex alcalde Alfonso Falcón (q.e.p.d) y los concejales, reconocen el derecho de dominio y posesión que tienen los habitantes de la comunidad indígena de Las Salinas y Virgen Morena en las costa de Sardina.

Tercer adquirente

No obstante, según una demanda que hay en el Juzgado de Distritito Civil de Rivas, la Flor de Mayo se apropió de 47 manzanas y otras áreas, con una compra que se originó con un título supletorio que obtuvo Francisco Castillo Castro, quien lo traspasó a Fernando Balladares, y éste luego lo vendió a la Sociedad Flor de Mayo.

Según la demanda, “el título supletorio es nulo con nulidad absoluta, al existir cuenta registral a favor de la comunidad indígena de Las Salinas de Nagualapa. Es por ello que en la querella se demanda por tres millones de córdobas a la Flor de Mayo, por daños y perjuicios y a la vez piden una reivindicatoria parcial“.

Según Prado, esta demanda que interpuso el presidente de la comunidad indígena de Las Salinas de Nagualapa tiene inquieto a Philip, al punto de acusarlo por extorsión, “cuando yo no tengo nada que ver, y por eso ahora yo también voy a pedirle a la Comisión Especial de la Asamblea que lo investigue para que vean quién es el que miente”, argumentó.