Los vicios de nuestra administración pública

Si hay un gran olvido en la Constitución nicaragüense es, sin duda, la Administración Pública. Y aun sabiendo que enfrentarse a ese hecho, para cualquier estudioso de la legislación nacional (y a la larga para la sociedad en general) resulta descorazonador, los autores del libro “Derecho Administrativo y de los Servicios Públicos” (Bitecsa, Managua, 2007) lo han asumido como una realidad incuestionable que decidieron “tomar por los cuernos”.

Miguel Ángel Sendín y Karlos Navarro, doctores en derecho por la Universidad de Salamanca (España), ambos miembros del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, son los autores de esta importante publicación. El primero de nacionalidad española y el segundo nicaragüense, ambos dicen estar conscientes de que en Nicaragua no existe una clara separación entre Gobierno y Administración Pública, o lo que en determinados contextos llega a ser la relación entre política y administración pública.

En gran medida es un problema proveniente de la permanente inestabilidad política y social del Estado nicaragüense a lo largo de su historia, lo que ha producido un débil y cambiante entramado administrativo, que a su vez evidencia un total fracaso en los “intentos” de construcción de un substrato burocrático público eficiente y no politizado (o partidarizado).

Después de estudiar a profundidad ese entramado, sus antecedentes y su estado actual, los autores de este libro concluyen que una administración pública sólida y estable, libre de injerencias políticas y/o “coyunturales”, minimiza notablemente los problemas políticos y ofrece una protección básica a los ciudadanos, aunque sea a nivel administrativo, y permite un funcionamiento continuado de los servicios públicos, sin afectaciones provenientes de disputas ideológicas o partidistas.

A lo largo de su estudio, los autores de este libro nos llevan a la constatación de que nuestro marco constitucional contiene espacios suficientes y adecuadas para el establecimiento de un sistema de régimen administrativo moderno, que a su vez permita la estructuración de una administración pública sujeta en esencia al Derecho común.