Han transcurrido veinte años desde la promulgación del Estatuto de Autonomía de la Costa Caribe de Nicaragua, aprobado por la Asamblea Nacional en septiembre de 1987, y aún persisten limitaciones en su visión estratégica y de desarrollo sostenible. No obstante, aparecen algunos signos de esperanza que son opacados por un nivel de vida de sus habitantes, que experimenta un prolongado rezago económico y social

Consuelo Sandoval | csandoval@elnuevodiario.com.ni

Huerta / end.- Miriam Hooker.

Los pasos en el avance socioeconómico han sido lentos, pero firmes, reconoce la directora del Centro de Derechos Humanos Ciudadano y Autonómicos de la Costa Caribe (Cedheca), Miriam Hooker, pero el empresario pesquero Gustavo Medina insiste en que es más grande el abandono histórico en términos de una infraestructura productiva, tarea incumplida por todos los gobiernos.

Falta mucho por hacer a favor de los indígenas y afrodescendientes, sobre todo en lo relativo a sus derechos elementales como la demarcación de sus propiedades, la reinversión de los recursos que genera la explotación de sus riquezas naturales; así como el cambio drástico que impulsan en la forma de elegir a sus representantes en los poderes del Estado.

Persiste aún el sentimiento de que la costa del Caribe es un problema geopolítico nacional e internacional, una fuente de subjetividades y adscripciones extrañas, anómalas, rebeldes y conflictivas, y un repositorio de recursos naturales, según indica el Informe de Desarrollo Humano de las regiones autónomas de la Costa Caribe del PNUD, de 2005.

Un estudio reciente realizado por el organismo inglés Minority Rights Group Internacional, reconoce que en materia legislativa existen muchos avances, contrario a lo que ocurre con su aplicación, y en eso coincide el ex vicecanciller del gobierno de Enrique Bolaños, doctor Javier Williams, cuando afirma que habría que esperar que ese número sustantivo de costeños en el nuevo gobierno y en la Asamblea Nacional reivindique las aspiraciones de los autóctonos.

Gobiernos centrales y autonomía

El contenido de ese estudio advierte que con la autorización de concesiones otorgadas a las compañías extranjeras, la exploración de yacimientos petrolíferos y la explotación de minas, madera y pesca, es donde más se desconocen las leyes nicaragüenses, pues los gobiernos de turno no han tomado en cuenta a las autoridades locales.

En ese sentido, el Informe de Desarrollo Humano del PNUD consigna que: “Las críticas más consistentes y recurrentes han sido planteadas en los últimos diecisiete años (1987-2004) por organizaciones políticas indígenas que han señalado las debilidades y carencias de la Ley de Autonomía y su reglamentación.”
La organización política Yatama, que representa a por lo menos tres etnias importantes y a la mayoría mískita, considera que la Ley 28 y su reglamento no constituyen una verdadera autonomía, y recomienda como prioridades la defensa de la propiedad colectiva indígena de la tierra, la defensa del territorio Yapti Tasba, Madre Tierra, y el uso y disfrute de los recursos naturales que se contienen en él.

También, la lucha por la autodeterminación política, como ejercicio del autogobierno de base comunitaria, municipal y regional, y por la presencia de la identidad indígena.

No obstante, Miriam Hooker valora positivamente que por primera vez en la historia de Nicaragua, debido a los acuerdos que suscribió el presidente Daniel Ortega con Yatama, los costeños hayan logrado colocar a una buena cantidad de representantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Eso es bueno, pero hay que esperar sus resultados”, comenta el doctor Javier Williams.

El empresario Gustavo Medina reconoce que Yatama es la organización política que ha luchado por lograr los mayores espacios, y que quizás, por su tamaño y presencia mayoritaria en la región norte es la que tiene mayor preponderancia en la lucha por una autonomía que, hasta hoy, “es de papel, de leyes, pero que no existe en la realidad”.

Pese a que ha habido una mayor integración de las etnias “es palpable el abandono y falta de preocupación de los gobiernos por impulsar una autonomía real”. Y agrega: “Aquí no existe un enfrentamiento entre etnias, eso sería lo peor, lo que existe es una demanda de todos los costeños por una autonomía verdadera”.

¿Suficiente?

El estudio de Minority Rights Group International destacó que tres diputados, los viceministros de Relaciones Exteriores, Agropecuario y Forestal, y del Marena, así como el coordinador del Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe, Lumberto Campbell, y el director del Instituto de la Pesca, son de origen indígena o afrodescendientes.

“Nosotros sí nos sentimos representados por primera vez con este gobierno, porque tenemos mayor participación de indígenas y afrodescendientes. Claro que es un avance porque significa la consolidación del proceso de autonomía, y anteriormente no habíamos sido tomados en cuenta y mucho menos colocados en posiciones ganadoras para poder ser elegidos”, admitió Hooker.

Esta proporción es buena, pero insuficiente, comenta por su parte el doctor Javier Williams, al recomendar que el Consejo Supremo Electoral, la Asamblea y el mismo Ejecutivo deberían poner atención a una mejor proporcionalidad de la representación en el Parlamento. “No es posible que en Nicaragua haya lugares con menos población que la Costa que tienen más diputados; eso debe corregirse”.

Williams también reconoce que si bien es cierto Yatama tiene mayor presencia por su población, esto no debe estar en detrimento de las etnias más pequeñas, y recordó que cuando fue viceministro de Relaciones Exteriores, organizó la cumbre garífuna en la región, un evento que hizo volver la mirada del resto de Nicaragua y del mundo hacia la Costa.

Ortega debe cumplir

Miriam Hooker alberga la esperanza de que el gobierno de Ortega cumplirá los restantes acuerdos suscritos con los indígenas, por cuanto ello implicaría mayor desarrollo para las regiones autónomas, pues incluye disponer de parte de los recursos económicos que genera la explotación de sus riquezas naturales, a fin de que sean reinvertidos en esa región.

De esa manera, señaló Hooker, el gobierno estaría cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Autonomía, no obstante, consideró necesario que respalde una reforma a la Ley Electoral que promueven las organizaciones civiles y sus espacios de participación en los distintos poderes del Estado.

Esa enmienda legislativa contempla la eliminación de las 30 circunscripciones en las que electoralmente están divididas las dos Regiones Autónomas de la Costa Caribe.

Hooker destacó que la enmienda a la legislación electoral pretende lograr mayor participación de las etnias costeñas para que realmente puedan incidir en el proceso de autonomía y en la toma de decisiones que afectan a las regiones autónomas del Atlántico Norte y Sur.

Actualmente ambas regiones autónomas están subdivididas en 30 circunscripciones en términos electorales, es decir, que se escogen a tres representantes por cada subdivisión territorial, según estipula la Ley Electoral.

Mayor participación de etnias

“¿Qué está sucediendo? Elegimos a 45 concejales por cada región, pero solamente uno de alguna de esas circunscripciones pertenecen a una etnia, y más del sesenta por ciento de los candidatos electos resultan ser mestizos, principalmente originarios del Pacífico y que no manejan la cultura de la Costa Caribe, y la Autonomía está siendo decidida por los mestizos”, lamentó.

Hooker cree que de cada tres candidatos uno debería ser indígena o afrodescendiente, selección que podría garantizarse mediante la modificación a la legislación.

La reforma plantea que si son 45 concejales los que se eligen en el Atlántico Sur, en donde residen seis etnias, cada una tendría derecho a siete representantes y podría elegirlos en cualquier lugar de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAN y RAAS).

Esa modalidad de escogencia de los candidatos podría lograrse con una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana, que contemplaría incluir en las cédulas de los costeños un código que identifique claramente a qué etnia pertenecen.

Demandan más recursos

“Entonces, se eliminan las circunscripciones y cada etnia, independientemente de dónde esté la persona, podría elegir al candidato que considere, y elegiríamos de manera más equilibrada”, razonó.

La representante del organismo civil reconoce las acciones de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y en la disminución de las veces que registran a los ciudadanos cuando abordan un bote o un avión como mecanismo preventivo de combate al tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, Hooker advierte que aún falta que se proporcionen mayores recursos para frenar la delincuencia común y la violencia intrafamiliar, pero además resiente que la fuerza naval trate a los habitantes como si fuesen extranjeros al cobrarles una especie de impuesto a los dueños de las lanchas que los transportan.

“Seguimos insistiendo en que el Distrito Naval nos violenta nuestros derechos al exigirnos el pago del zarpe para poder salir en una panga de Bluefields a Laguna de Perlas, cuando somos nicaragüenses. Yo no veo que le exijan el pago de zarpe a alguien que sale de Managua para Granada, si estamos en territorio nicaragüense, nos deberían tratar como nacionales”, reclamó.

Recomendaciones de “Minority Right Group International”
1. Cambiar el número de escaños adjudicados a cada departamento geográfico en el Congreso Nacional para hacer que éstos sean proporcionales al número de habitantes.

2. El gobierno debe proporcionar mayor financiamiento a las universidades de la RAAN y la RAAS para que impartan cursos de administración pública y ciencias políticas para los representantes de pueblos indígenas y comunidades afrocaribeñas.

3. Se debe organizar una consulta con los pueblos indígenas, comunidades afrocaribeñas y mestizos, incluyendo a mujeres, para debatir un sistema de escaños para salvaguardar la representación de las etnias.

4. Por lo menos uno de los jueces del Consejo Supremo Electoral debe ser un representante de una comunidad indígena o afrocaribeña de la RAAN o de la RAAS.

7. Los pueblos indígenas y las comunidades afrocaribeñas deben participar plena y eficazmente en el desarrollo de planes nacionales y regionales de desarrollo que los afecten, tales como las Estrategias de Reducción de la Pobreza.

8. Se debe formular un plan de inversión para reforzar el sistema educativo en las regiones autónomas, que incluya enseñanza bilingüe en español y en la lengua materna para niños de comunidades indígenas y afrocaribeñas.

9. El gobierno central debe publicar cifras auditadas independientemente en relación con los ingresos procedentes de los recursos naturales, incluyendo aquellos que son explotados por empresas extranjeras, para asegurar la transparencia en la adjudicación de ingresos para las comunidades y autoridades locales de acuerdo con la Ley 445.

Comentarios de nuestros lectores

Guillermo Chavez
El anonimato no es saludable para las clases oprimidas.

Bien dicho
El panorama presentado por la señora M Hooker y los demás comentadores sobre la situación de la costa Caribe me parece que es muy realista, puesto que por muchos años los costenos somos objeto de marginación, abandono, explotación y de invasión meztiza usurpando y ocupando terrenos históricos y ancestrales, es tiempo de revisar, y enmendar las leyes legislativas jurídicas y autonómicas del país pro desarrollo social y político de la costa del Caribe. Yo alabo a M Hooker por tomar la iniciativa.

Otro Costeño.
Increíblemente se le salió el complejo racista a esta Hooker, y esto que no es indígena ni negra, pues se trata de una mestiza blanca más refinada que cualquier otro mestizo costeño. En segundo lugar, esta "Malcom X" deja la impresión de que nosotros los mestizos costeños no tenemos derechos también en la Costa Atlántica, como que la Costa sólo la desarrollan indígenas y afrodescendientes (es malo decir "negros"). Señora Hooker, reflexione primero antes de excluir a las demás etnias.

Derechis humanos
Me parece bueno el artículo, lo que se les olvidó poner es que Miriam Hooker es perteneciente a un grupo de poder político de la Costa Atlántica, miembro activo del FSLN en la Costa, cuñada de Lumberto Campbell, que es el gobernador del FSLN en la Costa, que además utiliza su Ong's CEDEHCA para el lucro personal y solo se la pasan en verborrea todo el tiempo.

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