Señales sobre extorsión, debilidad institucional, funcionarios que se venden e inversionistas que los compran. Éste es el país de las maravillas, y José Pallais, desde la presidencia de su laboriosa comisión, trata de explicarnos las consecuencias de estas conspicuas extrañezas

Matilde Córdoba

Poderes hacen escarnio con la propiedad - Foto

Diputado José Pallais.

Todo empezó un domingo a las ocho de la noche. El político que un año atrás se hizo famoso por apoyar a los contrarios en la Asamblea Nacional en un momento de vital importancia para su partido, el Frente Sandinista, ahora salía contradictorio ante las cámaras de la televisión, negaba y afirmaba a la vez. Gerardo Miranda estaba siendo acusado de extorsionar a inversionistas extranjeros. Tras la denuncia de los inversionistas quedaban muchas dudas.

Armel González, miembro de la Sociedad Arenas Bay, que realiza un proyecto turístico en Tola, Rivas, fue quien acusó a Miranda a través del programa televisivo Esta Semana, de pedirle cuatro millones de dólares a cambio de solucionarle los problemas legales que esta sociedad tenía con una cooperativa de la zona.

González presentó como prueba una grabación en la que Miranda le pedía el dinero. Aún no están listos los análisis que nieguen o ratifiquen que esa es la voz de Miranda. Luego de la acusación pública hecha por González, la Fiscalía se metió en el caso. Y los diputados de la oposición también, pues el escándalo involucró al partido de gobierno. Un hueco gigantesco con las grandes debilidades del país se abría a la opinión pública.

La Asamblea Nacional conformó una comisión especial para analizar el caso denunciado por González. En la “Comisión Tola”, como los medios de comunicación le han llamado, han desfilado todos los implicados en el caso, y pronto estará el informe conclusivo.

José Pallais, Presidente de la comisión, explica los problemas de fondo en el “Caso Tola”: el problema generalizado de la propiedad en Nicaragua luego de la Reforma Agraria hecha en la década de los ochenta, combinado con vacíos legales y con el arribismo de algunos funcionarios, pobladores e inversionistas.

Pallais, uno de los diputados más destacados de la actual legislatura, alejado de las marañas politiqueras, ha recibido con paciencia, típica de asiático, un sinnúmero de casos parecidos al de Arenas Bay.Ahora prepara un mamotreto de recomendaciones para la Ley de Costas y Ley de Registro Público. La pregunta que queda en el aire y que Pallais está incapacitado de contestar es, ¿qué pasa con las extorsiones?
¿La comisión que usted preside se ha convertido en una instancia donde concurren las personas que tienen problemas con sus propiedades?
Nunca ha sido ese nuestro propósito. Desde un principio definimos que íbamos a tomar conocimiento de máximo cinco casos de personas que tuvieran problemas de tierra en la zona costera, preferiblemente de la zona de Rivas. Estos casos no los hemos buscado, han venido a la comisión. Decidimos que íbamos a tener un complemento de cinco casos porque queríamos evaluar si el caso de Tola era un caso típico o atípico. Era conveniente ver cuáles eran las similitudes para hacer un estudio de casos y extraer la causa de por qué se estaban dando estas conductas y poder derivar propuestas que fortalecieran la Ley de Costas y la Ley de Registro Público.

Después del análisis de los casos, ¿se puede deducir que el caso es típico?
Así es. Tenemos elementos que nos indican que este problema es común, que está afectando la imagen del país como destino de la inversión, que afecta la seguridad jurídica de la propiedad y que está impidiendo el desarrollo del sector turístico.

Creemos que es urgente hacer una excelente Ley de Costas para solucionar las debilidades institucionales que hemos venido descubriendo. Que haya una Ley de Registro Público que corrija las deficiencias en el manejo del registro público.

Aparte de las acciones futuras, a qué se deben estos problemas legales, ¿es un problema ocasionado por las instancias gubernamentales, por los mismos inversionistas, o por ambos?
Son problemas que tienen un origen económico. En Nicaragua, desde los últimos tres o cuatro años, hay una búsqueda de turismo inmobiliario en las costas. Todo esto despertó un incremento en la plusvalía en las costas y enormes ambiciones.

El problema institucional que tenemos fue aprovechado por los diferentes grupos. Empezaron a moverse y a competir entre ellos, entonces se originaron conflictos en los que también intervinieron pobladores que fueron aprovechados por estos grupos.

El “modus operandi” era el siguiente: aprovechando las debilidades institucionales donde hay problemas por nuestro desarrollo y las circunstancias por las que atraviesa la propiedad después de la revolución de 1979, los grupos económicos que querían afincarse en el país generaban el conflicto, miraban las debilidades, mandaban a pobladores a invadir para darle un enfoque social al fenómeno, y después estos grupos trataban de posicionarse con el apoyo de las instituciones del Estado, con el apoyo de la Policía, con el Poder Judicial e, incluso, con el apoyo de partidos políticos. Entonces el conflicto tomaba una dimensión superior, donde ya había participación de las instancias de poder.

¿Entonces es un problema de corrupción generalizada, de corrupción en los poderes del Estado, de los inversionistas y de la misma población?
No sólo es un problema de corrupción, es más complejo. Es un problema de debilidades institucionales, de falta de solución a los problemas de la propiedad, un problema de desarrollo.

La comisión especial se formó a raíz de la denuncia por extorsión que hicieron socios de un proyecto turístico, ustedes ya casi están terminando las investigaciones, ¿a qué conclusión preliminar han llegado, hubo o no hubo extorsión?
No quisiera adelantarme a las conclusiones por respeto a mis compañeros. Lo que puedo decir es que hemos buscado todos los elementos que han surgido a lo largo del sistema investigativo. Tenemos suficiente información para sacar conclusiones definitivas y buenas recomendaciones, no sólo sobre este caso en concreto.

Más allá de las recomendaciones que pueden hacer, ¿hay receptividad de parte del gobierno, tomando en cuenta que el caso que propició la conformación de la comisión implicó al partido de gobierno? ¿Existe la posibilidad de hacerle recomendaciones?
No se puede hablar de receptividad porque no hemos dado las recomendaciones, sí podemos hablar de cooperación. Ha habido un buen nivel de cooperación de todas las instancias del Estado a las que hemos convocado, que han estado presentes, compartiendo con gran apertura sus visiones. En algunos casos, la Fiscalía misma ha tomado las correcciones que hemos sugerido para la buena conducción de las investigaciones.

El compromiso de la receptividad vamos a verlo una vez que el informe esté concluido. Ha habido una participación beligerante de las cuatro bancadas. Yo aspiro a que logremos un dictamen por unanimidad, y eso nos va a permitir que tenga la acogida que esperamos, para que se tomen las providencias que el país está urgiendo.

¿Y dónde quedan las denuncias por extorsión?
Estas denuncias tienen que continuar en las instancias pertinentes, en la Fiscalía de la República, en los juzgados penales del país. Nosotros vamos a hacer aportes que pueden servir para que estos procesos avancen. Estos procesos están detenidos porque no ha llegado la prueba fundamental, que es el análisis de laboratorio de la grabación.

Los trabajos de la comisión tienen un peso político, no jurídico. Yo siempre he dicho que las comisiones de la Asamblea Nacional son parte del control político, no pueden sustituir a las instituciones. Tienen que influir para que las instituciones trabajen y lo hagan bien. Nosotros vamos a recomendar que continúen y que se llegue a la sanción de los responsables una vez que los elementos probatorios sean presentados en el juicio.

Usted ayer decía que el señor Gerardo Miranda ha salido implicado en dos de los casos que han llegado a la comisión, ¿también es un caso generalizado el hecho que funcionarios pidan dinero a los inversionistas y que éstos fomenten y participen de la extorsión?
La gente en la comisión no se confiesa claramente. Hay un principio constitucional que dice que nadie está obligado a declarar en su contra, toda persona lo sabe, además, todos los que han llegado se han hecho respaldar por sus abogados. Entonces no podemos esperar que se expresen con transparencia, pero sí, en los manejos privados nos han expresado que han sido común las solicitudes de fondos para apoyar sus gestiones en una u otra causa, y muchísimos de los inversionistas han tenido que pagar.

¿Pero ellos no lo han propiciado?
Para mí es responsable tanto el sujeto activo como el pasivo, tanto el que da como el que recibe. Ambos son responsables. Tampoco podemos cerrar los ojos y no ver que las debilidades institucionales que tenemos propicien estos casos. Con un sistema de derecho más estricto, que protegiera el derecho a la propiedad más firmemente, no habría tanta duda.

Cuando alguien viene a comprar una propiedad lo primero que ve es una sombra de duda, no se sabe a quién se le está comprando. Y es común conocer que hasta tres personas compran una misma propiedad. Todos son responsables, pero aquí no se trata de deducir responsabilidades, sino de disminuir las causas de las causas, mejorar las instituciones, las garantías del derecho de propiedad para que nadie se vea obligado a ofrecer recursos para lograr una sentencia o que la Policía lo apoye.

Hay conflictos con las tierras costeras también en León, ¿no han llegado a la comisión?
No han llegado, pero sí tengo conocimiento de ellos, son las mismas características, las mismas debilidades institucionales.

Usted aspira a un dictamen de consenso cuando observamos que las personas que han integrado la comisión están prejuiciadas, quizá por su ideología o por su partido político, ¿podrá lograr esa unanimidad?
Yo aspiro a eso, como presidente de la comisión voy a presionar para que se logre. Vamos a hacer el mayor esfuerzo en lograrlo.

Después de eso, ¿a quién harían las recomendaciones?
A la Asamblea Nacional y a las instituciones del Estado en general, a la Fiscalía, Policía, al Ministerio del Trabajo. Nuestras recomendaciones tienen un peso meramente político. No hay una obligatoriedad de acatamiento de parte del Poder Judicial.

¿Y tiene en mente algunas de las recomendaciones que se podrían hacer en la Ley de Costas?
Tengo algunas recomendaciones que he estado analizando con algunos colegas. No me atrevería a adelantarlas por respeto a los miembros de la comisión. Mientras no las presente, mal haría con estarlas presentando públicamente. Tengo que recibir las reacciones de ellos.

Cómo hacer cumplir las leyes

Para el diputado José Pallais, además de vacíos en las leyes también hay un problema para hacerlas cumplir.

“Estamos clarísimos de que se necesita una reforma judicial que tienda a la independencia de los jueces. Uno de los mayores problemas del Poder Judicial son los feudos, mientras los jueces no tengan una absoluta independencia, y sepan que sus fallos no van a tener consecuencias, con sanciones, destituciones o traslados arbitrarios, no está asegurada esa necesaria independencia”.

Pero su partido político lo ha propiciado y fomentado
No, en absoluto. Una cosa es que los magistrados de la Corte Suprema sean propuestos por los partidos políticos, eso sucede en Alemania, España, en Costa Rica, en todos los países. Una vez que el funcionario es electo, porque goza de la confianza de un partido político, tiene que abstenerse de cualquier control partidario y velar por la primacía de la Constitución.

¿Están sopesando las responsabilidades porque tampoco se puede creer que todos los inversionistas son palomas blancas?
Claro, en la viña del señor hay de todo. Hay inversionistas de inversionistas, hay unos que vale la pena apoyar y hay otros que sería mejor que no vinieran.

Comentarios de nuestros lectores

Francisco E Marin SSS-666
Este enredo ni una tercera o cuarta guerra mundial lo resuelve., todo termina en que la suprema corte de INJUSTICIA dara solucion a un leve problema de inversion turistica., lo que falta es una nueva ley para legalizar la CORRUPCION politica-religiosa, donde a lo malo llaman bueno., y lo bueno llaman malo. Pero como tienen la cordillera de los Marra bios como venda., y no hay peor ciego que el que no quiera ver...pues la cosa sigue para largo. OK?

H. Robinson
Al Sr. Pallais, quisiera hacerle la observacion de que a la "corrupcion jerarcal" no se le debe dar el nombre de "debilidad institucional",ya que la debilidad no es corrupcion,pero. la corrupcion sí es debilidad; y cuando el menciona el respeto a sus colegas, no puedo obviar que es dificil que un delincuente embarre a un colega ya sea por respeto o por consecuencias posteriores. Solo el ladrón de Arnoldo Alemán le decìa a Byron Jerez que se ampare en las leyes hechas para ellos.

Angelina
Pareciera mentira, pero ya Jose Pallais se vá pareciendo a su jefe Arnoldo Aleman, no solo en lo gordo, sino tambien en lo mentiroso e irresponsable en como nos engañaron referente a los CPC del FSLN, el pacto esta vivito y coleando ahora el que maneja la cola es Pallais, y el vivito es siempre el metemano de Aleman y su séquito de gansteres que lo rodean siempre.

fernando sanchez
Ajá, ya sabiamos que Mirandita era...................pero ahora está comprobado,lo que nunca saldrá a luz pública es el nombre del °JEFE° aunque todos sabemos quien es. Sería conveniente que la comisión Pallais, de a conocer los nombres y montos con que han sido extorsionados otros Inversionistas porque estoy haciendo un estudio sobre el modus operandi de la °Nueva Piañata° o mejor dicho la nueva forma de piñatear y quiero valorar a cuanto asciende es robo.

Mauricio
Nicaragua pais de los ladrones. Los comandantes sandinistas y allegados usaron a los pobres y tontos utiles para darles tierras de gran valor como que si estos fueran cooperativas y asi usarlos como manpara para luego apoderarse de estas tierras comprandoselas por precios irrisorios o por nada. Este diario deberia de indagar la procedencia de las propiedades de los nueve y se daran cuenta de la verdad.

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