T Puntualizan propuestas para crear unidad para vigilar las transferencias de dinero, y otra para resguardar bienes y dinero incautado al narcotráfico

Ary Pantoja | apantoja@elnuevodiario.com.ni

El trabajo de los agentes policiales “infiltrados” en las estructuras del crimen organizado como el narcotráfico y el terrorismo, quedará reglamentado a través de la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas (Ley 285), con base en la reforma que impulsará la Asamblea Nacional, para lo cual, ayer se inició el proceso de consultas en la Comisión de Justicia del Parlamento.

El presidente de la comisión legislativa, José Pallais, dijo que en la actualidad el agente “encubierto” o “infiltrado” está desprotegido jurídicamente, pues si es capturado en un operativo policial, queda sometido a un proceso judicial junto al resto de acusados de narcotráfico. Por ello, Pallais considera necesario regular esta actividad policial a través de la reforma a la Ley 285.

La reforma incluye la creación de una unidad especializada que resguarde el dinero incautado al narcotráfico, a fin de evitar “la fuga”, como ocurrió hace algún tiempo con 609 mil córdobas que fueron sustraídos con subterfugios legales de cuentas bancarias que maneja la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para estos casos.

También se creará una “unidad de inteligencia” o Unidad de Análisis Financiero, que se encargue de vigilar las transferencias bancarias sospechosas de constituir lavado de dinero o financiamiento al terrorismo; además, de la unidad administradora de bienes incautados y decomisados como vehículos de cualquier tipo y viviendas, a fin de agilizar la venta de estos bienes y que el dinero pase al Ministerio de Hacienda.

Actualmente, dijo Pallais, los vehículos incautados terminan convertidos en chatarra debido a la burocracia judicial para subastarlos; además, hay que definir claramente el procedimiento para la destrucción de la droga incautada, pues Pallais considera que existen vacíos legales al respecto.

Homologar penas

A la sesión de consultas fueron convocados representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, y demás operadores de justicia. Con la reforma a la ley también se pretende homologar las penas carcelarias para el delito de lavado de dinero a las establecidas recientemente durante la aprobación del nuevo Código Penal.

Por su parte, Alba Marina Bravo, Directora General de la Unidad Especializada del Ministerio Público, dijo que hay una propuesta para que el dinero decomisado en operativos antinarcóticos se guarde en la Caja Única del Estado y luego se distribuya, vía Presupuesto General de la República, entre las diferentes instancias que luchan contra el crimen organizado.

El procurador penal nacional, Iván Lara, recordó la importancia de la creación de las unidades de análisis financiero y la de administración de bienes y dinero incautado, a fin de hacer más efectiva la aplicación de la legislación. A juicio de Lara, de muy poco servirá la reforma a la Ley 285, si no se crean las instancias necesarias para detectar los delitos.

El procurador general de la República, Hernán Estrada, sugirió que en el país hay indicios de la instauración del lavado de dinero, aunque se negó a dar ejemplos concretos de éstos. Estrada dijo que el presidente Daniel Ortega dará todo su respaldo a la creación de la unidad de análisis financiero y demás instancias para combatir la narcoactividad y el lavado de dinero.

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