Si en cinco días el Ministerio Público no mejora las pruebas que presentó contra cuatro supuestos plagiadores que se llevaron a un niño de cinco años de la escuela y pidieron un millón de córdobas de rescate, podrían salir en libertad definitivamente el próximo 30 de agosto, cuando se celebre la audiencia especial.

Ya una de las señaladas, Glenda Liseth Mena Saldaña, de 24 años, consiguió que la juez Marta Martínez le sustituyera la prisión por el arresto domiciliar porque el dictamen médico-legal que le practicaron establece que su embarazo de 25 semanas y seis días está en riesgo debido al estrés al que está sometida.

Los otros acusados, Suyén del Rosario Molina Luna, de 22 años, Roberto Abelardo Lazo, de 27, y José Luis Sandoval Leiva, están en prisión a la espera de la audiencia especial donde la Fiscalía deberá presentar las declaraciones testificales del padre y la madre del niño, para acreditar que efectivamente su hijo estuvo secuestrado tres días, y que vía telefónica les solicitaron dinero y que fue hasta que iban a entregar 687 mil córdobas que la Policía logró recuperar a la criatura y capturar a los hechores.

Ni los padres ni la partida de nacimiento

La acusación “se está tambaleando” porque pese a que el fiscal Rubén Gutiérrez ofreció 11 testigos para ir a juicio oral, los padres del niño, Francisco Leonel Rugama y Marta Saldaña, no aparecen en el intercambio de información, donde ni siquiera está acreditada la minoría de edad de la víctima porque tampoco rola la partida de nacimiento.

“Sería absurdo ir a juicio sin ellos porque incluso hay un recibo de ocupación del teléfono del padre del niño con el número de las supuestas llamadas que recibió de uno de los acusados”, comentó durante la audiencia la Defensoría Pública, institución que está a cargo de la defensa de Molina, Lazo y Sandoval.

Aunque la Fiscalía no explicó por qué los padres del niño no quieren declarar, extraoficialmente se conoció que el niño dijo a los sicólogos que lo valoraron que su mamá presuntamente le llevaba pizza todos los días. El dictamen tampoco fue ofrecido como prueba.

Bárbaro Eloy Díaz pidió a la juez que la embarazada sea valorada por el siquiatra forense, para conocer su estado mental, pero la judicial no dio lugar a la solicitud porque si el abogado quiere acreditar que su patrocinada estaba alterada sicológicamente al momento del crimen, con miras a eximirla de responsabilidad penal, debe cumplir con el procedimiento para pedir e intercambiar esa prueba.

La acusación indica que el plagio ocurrió el 13 de agosto, cuando las dos acusadas llegaron al Instituto Loyola para llevarse al niño con engaños hacia una casa ubicada del edificio “Armando Guido”, dos cuadra al lago y media arriba, donde Mena le ordenó a Molina entregar a Marta Nicaragua una carta para que a su vez ésta se la diera al padre del niño.

En la carta, “Los Monos”, pandilla de la cual forman parte los imputados, amenazan con matar al niño si el padre no entregaba un millón de córdobas en 48 horas, para lo cual brindaron instrucciones precisas vía telefónica porque no querían equivocaciones dado que “somos una banda fuerte con policías infiltrados”.

Luego los plagiarios bajaron su demanda a 800 ó 700 mil córdobas, pero el padre de la criatura sólo pudo reunir 687 mil córdobas, los que iba a entregar a Sandoval y a Lazo la noche del 16 de agosto, cerca del Estadio Nacional, pero como por el sitio pasaban los comisionados Luis Barrantes, Róger Ramírez y Humberto Requene, se pusieron nerviosos y fueron capturados junto a Mena, quien estaba escondida en unos matorrales.

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