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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Lunes 10 de Septiembre de 2007 - Edición 9726
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El otro relato

Mujer violada Madre a la fuerza

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La Constitución de Nicaragua declara: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y reputación”. Exigirle a una mujer, y peor a una niña abusada, que albergue en su seno el producto de un aberrado sexual, ¿acaso no constituye una segunda violación, esta vez a la misma Carta Magna? Ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, sería atentar contra el mismo Estado de Derecho.



Honra, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, significa:
“Estima y respeto de la dignidad propia”. También: “Pudor, honestidad y recato de las mujeres”.

La semana pasada, un “padre de la patria” dijo que se “opone al aborto de niñas o mujeres que resulten embarazadas a causa de una violación, bajo el argumento de que no se debe ‘matar’ al feto sólo porque es producto de un delito”.

José Pallais expresó que “el aborto en mujeres víctimas de violación es un caso que jamás debería incluirse en el catálogo propuesto (de abortos terapéuticos), aun si se trata de una menor que ‘puede’ soportar el parto”.

El diputado, con su actitud de caudillo de una comisión de la Asamblea Nacional, no quiere reconocer el Artículo 36 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

Poner al Estado, que en su esencia es represivo, en contra de una víctima no es lo que consigna la Ley Fundamental. La violación es un acto repulsivo, que deja graves secuelas físicas y síquicas. De hecho, es una salvaje tortura que, ahora, por disposiciones que atentan contra la misma Constitución, debe prolongarse por nueve largos meses.

El artículo agrega: “Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”. ¿Acaso una violación es un acto de amor, de trato humano y agradable?
Los legisladores, médicos contra el aborto terapéutico, clero católico e iglesia evangélica irrespetan este precepto, porque todos coinciden en despojar a la mujer victimizada de sus derechos tutelados por la Constitución.

El Arto. 46. de la Carta Magna declara que: “En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos…”.

Pero una mujer o niña, después que fue martirizada, con la penalización del aborto terapéutico ya no es reconocida como ciudadana nicaragüense. Como si ya fuera poco lo que un aberrado hace con su persona, viene el Estado con sus poderes y humilla su condición humana. De ahí que un diputado como Pallais, un cura, un líder evangélico, etc., parecen situarse por encima del bien y del mal siempre y cuando la víctima no sea de su familia: la Constitución, en breves palabras, no es para las víctimas de los depredadores sexuales.

Insisto: la Constitución no dice en ninguno de sus capítulos y articulado que a una mujer abusada le sean conculcados sus libertades y derechos como si ella hubiera cometido el crimen. La Carta Magna, contrario a los “paladines” contra el aborto terapéutico que la degradan a simple objeto de reproducción sexual que debe parir, no importa cómo y por quién haya salido embarazada, le garantiza su condición de ser humano y de ciudadana.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es signataria por rango constitucional, subraya de entrada que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad…”.

Si la violación no es un acto de barbarie ultrajante, ¿es que los representantes mundanos y eclesiásticos son los líderes de una sociedad que ya llegó al tope de su barbarie y exhibe el poder de su insensibilidad?
El primer artículo enfatiza que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

La violada cuenta con una razón y una conciencia. Respetarla es un mandamiento básico de esta declaratoria. El comportarse fraternalmente los unos con los otros no excluye a los que hoy detentan algún cargo dentro del organigrama del poder. Ese trato fraternal entre los unos y los otros incluye tanto a una mujer o niña de condición social humilde como también al encopetado José Pallais.

Cuando el legislador habló, más bien parecía que se refería a una cosa, a un dato estadístico, a algo que sirve y no a alguien dotado de razón y conciencia. Pero la opinión de un diputado perteneciente a un partido que apenas obtuvo el 26. 47% en las pasadas elecciones nacionales, ¿debe ser acatada por encima de la Constitución y por el 74% de la población?
¿De qué democracia hablamos? ¡Por Dios, quién eligió a estos depredadores del Estado de Derecho!




Comentarios de nuestros lectores

laura
Ahora el abortar o no tiene que ver con ser o no ser ciudadano, hasta cuando van a dejar de usar argumentos para promover el aborto. Una mujer que fue violada no debe ser sometida a otra situaciòn denigrante, no debe pasar de ser victima a victimaria, estimado sr. el aborto es u crimen. La violaciòn es un acto de barbarie, pero la mujer no olvida lo que le paso al abortar a su bebe, al contrario estaría añadiendo otra situación traumática a su vida.


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