Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, los países centroamericanos se han visto obligados a plegarse a la nueva política de seguridad de Estados Unidos, y han asumido el compromiso de apoyar en su “traspatio” al gobierno de Washington en la lucha contra el terrorismo, consideró el coordinador del área de seguridad y defensa nacional del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Carlos Arroyo.

Arroyo precisó que ese compromiso se expresa en el fortalecimiento de todos aquellos mecanismos de intercambio de información de inteligencia, “fundamentalmente, en lo que tiene que ver con los flujos migratorios, es decir, compartir información sobre la gente que transita en la región, la gente que se mueve de sur a norte”.

“No obstante, creo que con el afán de prevenir nuevos ataques terroristas o, mejor dicho, actuando en nombre del combate al terrorismo, se han descuidado algunos principios que los mismos Estados Unidos habían venido promoviendo antes de 2001 como base fundamental para garantizar el fortalecimiento democrático, y uno de ellos es el control o liderazgo civil sobre los asuntos de defensa y seguridad”, agregó
“¿Qué quiero decir?”, apuntó Arroyo, “que básicamente los Estados Unidos, hoy en día, están más preocupados por prevenir nuevos atentados terroristas, sea de la forma en que sean, y si eso implica darle a las fuerzas de seguridad un rol más protagónico, eso se hace aunque vaya en detrimento de los controles y de los liderazgos civiles”.

Sostuvo que esa situación está creando una tendencia de que el instrumento militar y el instrumento de seguridad se conviertan básicamente en una piedra angular dentro de la política regional de Estados Unidos, donde lo prioritario es prevenir y combatir las amenazas del terrorismo y de la narcoactividad, “aunque se sacrifique, a veces, un poco más de democracia”.

El funcionario del Ieepp señaló que el problema de Nicaragua no radica en el peligro de sufrir un atentado ni que los objetivos norteamericanos sean víctimas de los terroristas, sino que se expresa en la poca presencia del Estado en algunas zonas del territorio nacional, y en las limitadas capacidades de los organismos de seguridad para cubrir esos espacios que, eventualmente, pudieran ser ocupados por alguna célula terrorista y planificar algún atentado.

“Pero lo más preocupante de toda esta situación, es que en Nicaragua y resto de países de la región, las Fuerzas Armadas están adoptando un papel protagónico y beligerante, en detrimento de los principios democráticos”, reiteró.