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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Miércoles 17 de Octubre de 2007 - Edición 9762
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La Constitución de Nicaragua y la Administración Pública


Se han cumplido veinte años desde que entró en vigencia la Constitución de 1987; y si hay un gran ausente en ésta es, sin duda, la Administración Pública.

Ciertamente, en los poco más de doscientos artículos que integran esta Norma Fundamental, pocas o nulas referencias expresas se pueden encontrar a la Administración Pública, fenómeno que parece cuando menos un tanto extraño, dada la fecha de su redacción.

La explicación es, sin embargo, bien sencilla: en Nicaragua ha existido desde siempre una muy difusa, y en muchos casos inexistente, separación entre Gobierno y Administración Pública, o lo que es lo mismo, entre la política y la Administración Pública. Situación que, en gran medida, desgraciadamente, persiste en la actualidad.

Este escenario es, al mismo tiempo, fruto y causa de la inestabilidad política y social que ha acusado el Estado nicaragüense a lo largo de su historia. Por lo que se refiere a lo primero, la rápida y traumática sucesión de regímenes políticos contradictorios ha dado al traste con toda posible tentativa de formar un aparato administrativo estable y neutral. Este fracaso en la construcción de un substrato burocrático no politizado ha sido, por otro lado, una pesada losa a la hora de buscar soluciones a la delicada coyuntura político-social de este país.

La utilización de los puestos públicos como una vía de recompensa para los acólitos en el poder, en la más pura tradición del spoil system, a la que ha dado lugar el clientelismo vigente durante décadas, ha contribuido a radicalizar una vida política ya de por sí agitada en grado extremo, y ha dificultado notablemente que los cambios en el poder político discurriesen de forma serena y calmada.

Sabido es que una Administración Pública sólida y estable minimiza notablemente los problemas políticos, en cuanto otorga una protección mínima a los ciudadanos, aunque sea a nivel administrativo, y permite un funcionamiento continuado de los servicios públicos, que, como cuestión eminentemente técnica, no se ve afectada, al menos en parte importante, por las disputas ideológicas y partidistas.

De ninguna de estas ventajas ha disfrutado, por desgracia, una Nicaragua que se ha visto envuelta en un trágico círculo vicioso, en la que los vaivenes políticos han destrozado todos los intentos por conseguir una mínima estabilidad social y económica.

Sin embargo, el punto más criticable del régimen constitucional de la Administración Pública de Nicaragua es, en nuestra opinión, la existencia de una notable confusión entre Gobierno y Administración.

Una solución sumamente deficiente, a nuestro juicio, pues uno de los elementos básicos para la estabilidad de un país es la relativa neutralización política de la Administración. Ésta se configura como un ente que actúa siempre bajo la dirección del Gobierno (se entiende del Gobierno que asuma en cada momento el poder). Pero fuera de ese sometimiento a la dirección de éste, constituye una instancia esencialmente técnica y especializada, un conjunto de profesionales que tienen encomendadas unas funciones concretas y determinadas, siempre bajo la guía y orientación política que confiera el Gobierno.

Esta separación no supone ningún obstáculo para que el Gobierno actuante desarrolle su programa político, conforme a sus propias concepciones ideológicas, pues los más altos cargos de ese aparato administrativo pueden ser nombrados por éste, que los utilizará para dar su propia orientación política a la acción pública y dirigir la Administración.

De este modo, la Administración aparece configurada como una plantilla de profesionales que el Gobierno, que es, a la vez que tal, máxima autoridad de la Administración, a través de su labor directora y de los altos cargos de la Administración, por él nombrados, orienta y dirige.

Esta configuración facilita la transición pacífica y sin discordancias en los momentos en que se produce el cambio político, pues permite que la casi totalidad del aparato administrativo permanezca y no se vea afectado por el cambio. Pues sólo las instancias superiores de la misma van a ser copadas por cargos nombrados por el Gobierno.

Con ello se logra una mayor estabilidad y continuidad en el desarrollo de las tareas públicas, permitiendo que los empleados públicos adquieran una mejor preparación y experiencia, que redunda en una mejor gestión pública. Y facilita, además, notablemente la labor del Gobierno entrante en cada momento, que sabe que va a poder contar con la asistencia de un conjunto de profesionales expertos y capacitados para el desarrollo de sus funciones.

Aunque se han dado más de cinco reformas constitucionales, la separación entre el Gobierno y la Administración sigue siendo una tarea pendiente y necesaria, para darle estabilidad y continuidad a las políticas de públicas del país.


* El autor es Doctor en Derecho Administrativo, Universidad de Salamanca, España.




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