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  CON TODO EL PODER DE LA INFORMACIONManagua, Nicaragua - Miércoles 23 de Enero de 2008 - Edición 9859
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Panorama desolador en cárcel de mujeres y la de Granada

Abandono, suicidios y medicinas vencidas

* Presupuestos reducidos, mientras población penitenciaria crece cada día

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La población penitenciaria continúa en aumento, mientras las instituciones para el resguardo de los internos siguen funcionando con presupuestos insuficientes.

El Centro Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” en años anteriores tenía un máximo de 190 internas, sin embargo en 2008 rompió record con 244, mientras el Centro Penitenciario de Granada llegó a los 786, cuando el máximo se había mantenido en 450. Eso significa un aproximado del 70 por ciento, según datos constatados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“La semana pasada visitamos el centro, y el hacinamiento es uno de sus principales problemas. En este lugar, originalmente construido para 120 internas, se han acomodado 244, por eso en las covachas ya no alcanzan las camas, y sólo hay un espacio equivalente a 12 pulgadas entre una y otra para quienes tienen la suerte de tenerla, pues muchas de las internas deben dormir en el suelo”, expresó Wendy Flores, abogada del Cenidh.

La entrevistada comentó que otra situación descubierta es que el tráfico de estupefacientes está teniendo cara de mujer. Un 85 por ciento de las internas está purgando pena por tenencia de drogas, lo cual hace más difícil optar a beneficios legales como casa por cárcel, indulto y condena condicional.

Entre las calamidades que deben padecer, además del hacinamiento, están la alimentación inadecuada y la falta de medicinas y de instrumentos médicos; asimismo, tienen problemas debido a que han proliferado las ratas. Esto, sin tomar en cuenta que no tienen ductos para aguas negras y el sumidero está en su máxima capacidad.

40 internos por cada funcionario

Por su parte, Norwin Solano, también abogado del Cenidh, visitó el Centro Penitenciario de Granada, y detectó que los problemas son iguales o peores, ya que hay una sobrepoblación de 786 internos, de los cuales 62 son mujeres y 25 que cumplen condena por la justicia penal del adolescente.

Lo ideal serían 4 internos por cada funcionario que ahí labora, sin embargo, con la actual población, la relación es de 12 a 1. En el caso de las mujeres, ellas deben ser inspeccionadas por cuatro funcionarias que tienen una labor por turnos, por lo que sólo queda una para la seguridad nocturna.

Además de las limitantes para que los funcionarios realicen su trabajo, no se está cumpliendo la labor de reeducación y reinserción a la sociedad.

La educación primaria, secundaria y de alfabetización se mantiene, pero de los talleres de ebanistería, metalurgia y trabajos manuales, actualmente sólo queda el de ebanistería. Según la dirección del penal, la inactividad se debe a la incapacidad para mantenerlos y a la falta de contratos.

Un suicidio

Por otra parte, no hay muchos espacios para actividades deportivas o de esparcimiento para distraer a los internos y evitar la depresión.

“La mañana del lunes amaneció muerto por asfixia Juan Carlos Muñoz Ordóñez, de 26 años, quien aparentemente se suicidó por ahorcamiento. Él purgaba una pena de 5 años por tráfico interno de estupefacientes. Era un reo que mostraba un cuadro depresivo, y sus visitas familiares eran muy raras. Era una persona apartada, callada, y en ocasiones tenía altercados con los otros internos”, dijo Solano.

El abogado del Cenidh indicó que de ser suicidio, las condiciones de convivencia tienen que ver, en cierta medida, con la situación. Señaló que a pesar del cuadro psicológico, aparentemente la atención no fue la más adecuada para evitar el fatal desenlace. Por eso esperan que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes, con el fin de que se puedan deslindar responsabilidades.

Otro gran problema que enfrentan es el suministro de medicamentos vencidos a los internos, quienes se quejaron por lo peligroso que eso puede resultar. Solano constató que en la farmacia del penal había medicinas con fecha de caducidad de marzo y agosto de 2007.

“Al tener mayor cantidad de prisioneros la capacidad operativa es menor, lo que pone en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios del penal. Al Estado le corresponde dar respuesta no sólo para la manutención de los internos, sino también de las condiciones adecuadas para que éstos puedan reinsertarse en la sociedad, y tengan en el futuro la capacidad para ser útiles a la sociedad”, finalizó Solano.




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