A lo largo de los últimos años, las economías de América Latina, en general, han tenido un ritmo de crecimiento fuerte que se ha prolongado sostenidamente más que en otros períodos de bonanza del pasado. Sin embargo, un viejo enemigo de la estabilidad económica de la región está de regreso. Se trata de la inflación. Las altas tasas de inflación que han presentado la mayoría de los países de nuestro subcontinente son motivo de preocupación para las autoridades locales y organismos financieros internacionales. La situación ha venido desmejorando en los últimos dos años para muchos países como Nicaragua; que vio cómo su tasa de inflación se elevó considerablemente de un 9.45% en 2006, a un 15.47 % en 2007.

Las cuatro economías latinoamericanas más importantes presentaron inquietantes tasas de inflación en los últimos dos años. Chile pasó del 2.6% en 2006, al 7.8% en 2007. Argentina en el mismo período pasó del 9.8% al 8.5%; en el caso de México pasó del 4.05% al 3.76%, y Brasil, que pasó del 3.14% al 4.46%. El impacto de estos fenómenos inflacionarios reduce de gran manera el efecto de derrame del crecimiento económico a todos los niveles de la sociedad. La inflación afecta principalmente a la población con menos recursos económicos, que se convierte en víctima de las alzas continuas de los precios; reduciendo de este modo su poder adquisitivo y restándole dinamismo a las economías nacionales.

El crecimiento económico no llega a sentirse a nivel de los consumidores que ven restringidas, cada vez más, sus opciones de compra, o que, simplemente, van limitando su acceso a los diferentes productos esenciales. Definitivamente, la inflación es el principal obstáculo que enfrenta el crecimiento económico para provocar un efecto de mejoría en el ingreso promedio de la población; y ante esta realidad resulta ilusorio hablar de mejoría para los sectores más pobres. Los procesos inflacionarios descontrolados provocaron en el pasado un profundo daño en las economías latinoamericanas, y malograron toda la década de los ochenta. En las economías más grandes de nuestra región, la inflación llegó a niveles astronómicos. Fue el caso de México, que promedió entre 1980 y 1990 una tasa de inflación de 18,672.49 %. En otros países como Nicaragua y Bolivia, la hiperinflación registró niveles de Guinness Record.

Para el año 2008 se espera, según el informe de Perspectivas Económicas para América Latina del FMI, que la desaceleración económica en los Estados Unidos arrastre consigo consecuencias negativas para el desempeño de las economías latinoamericanas que le están más estrechamente ligadas; tal es el caso de México y Centroamérica. Según las estimaciones del FMI, para la región centroamericana se espera, en el presente año, un crecimiento económico ligeramente inferior al 5%. Ante esta proyección ajustada a la baja en relación con el año 2007, es un imperativo para todos los países centroamericanos contener la inflación en un nivel bajo para que ésta no termine dando al traste con el impulso de crecimiento de este año.

Tomando en cuenta las tasas de inflación de 2007 que fueron del 8.9% en Honduras, 8.75% en Guatemala, 15.47% en Nicaragua, 10.81% en Costa Rica y 4.9% en El Salvador; es evidente la necesidad de ajustar la política económica de los países de la región para fortalecer las economías a lo interno y evitar los efectos negativos que puede provocar el hecho de tener un crecimiento inferior al 5% con una inflación que lo supera por más del doble.

En el actual contexto económico internacional y regional, en lo específico, los gobiernos están llamados a implementar estrategias muy cuidadosas y conducentes a un reforzamiento interno de las economías, a través de las herramientas de las que disponen para ello, como son la política fiscal y la política monetaria fundamentalmente. Ajustar el gasto del gobierno y del sector público en general, racionalizándolo y enmarcándolo hacia programas y acciones que favorezcan el desempeño económico de cada país es ahora, como lo ha sido siempre, la tarea que se le ha encomendado a los gobernantes. Esperemos que al menos esta vez sea así y que los políticos se pongan a la altura de las circunstancias económicas.

*Especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera Pública.

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