* Pronunciamiento de Conferencia Episcopal exhorta a que se respeten instituciones y Ley de Educación, y no se trate de cerrar colegios
* Ministro De Castilla dice no tener dinero para esos subsidios, que ya los que hacen les resultan gravosos, y que busquen al Ministro de Hacienda o a los diputados
* Tono del pronunciamiento y respuesta del Ministro, evidencian un serio conflicto

Tania Sirias | tsirias@elnuevodiario.com.ni

La Conferencia Episcopal de Nicaragua demandó al titular del Mined, Miguel De Castilla, que cumpla con el aporte a los centros privados subvencionados y pague a los profesores el salario que les debe desde el año pasado. Sin embargo, el ministro respondió que no cuenta con ese dinero, y que lo solicitaran al Ministerio de Hacienda o bien a los diputados de la Asamblea Nacional.

Ayer, la jerarquía católica lamentó en un pronunciamiento hecho público, el incumplimiento de la Ley General de Educación, específicamente los artículos 53 y 54, donde se establece el aporte que el Mined debe entregar a los colegios subvencionados.

“El Estado, en concordancia con la libertad de enseñanza y el derecho de aprender, reconoce el valor de los centros subvencionados, por tanto es obligación del gobierno incluir en el Presupuesto General de la República una partida presupuestaria para cubrir el costo del salario, vacaciones y treceavo mes de los educadores de dichos centro de enseñanza, incluyendo al personal administrativo”, cita la carta.

No es de voluntad, sino de dinero

De Castilla afirmó que esto no es un problema de voluntad, sino de dinero. “El año pasado sostuve una reunión con monseñor Elim Castro, donde solicitó cuatro millones y medio de córdobas para las escuelas subvencionadas, pero si hago eso, no me queda plata para contratar plazas nuevas en el sistema público de educación”, dijo el funcionario.

El titular del Mined pidió “tolerancia y comprensión” a la Conferencia Episcopal, pues afirmó que actualmente apoyan a más de 500 centros del Vicariato de Bluefields y a las escuelas “Fe y Alegría”. El ministro afirmó que son más de tres mil escuelas subvencionadas en el país, y ello es una carga pesada para el Ministerio de Educación.

La Conferencia Episcopal señaló que el Estado debe reconocer el valor de los centros subvencionados, y, por tanto, es su obligación incluirlos en el Presupuesto General de la República, el cual debe cubrir los salarios, vacaciones y treceavo mes.

Víctimas del abandono

Además, lamentan que desde el año pasado los educadores y personal administrativo no reciben estos beneficios, por lo cual demandan que se paguen de forma retroactiva.

“Dichos artículos (53 y 54 de la Ley General de Educación) plantean situaciones concretas que afectan a nuestras instituciones educativas y que no han sido consensuadas con las necesidades en cada uno de nuestros centros educativos”.

Igualmente afirmaron sentirse “víctimas del abandono de las autoridades competentes, las cuales no han hecho ajustes salariales a los docentes en los últimos tres años, e incluso amenazan con quitarles la asignación de la subvención”.

“Respeten nuestras instituciones”

Por su parte, De Castilla respondió que estos centros resultan caros al Mined, pues cada alumno recibe una partida como si fuese un colegio privado. Además, instó a la Conferencia a “que soliciten una partida en el Ministerio de Hacienda, o bien a los diputados en la reforma del Presupuesto 2008”.

Al mismo tiempo, la jerarquía católica pidió “al Presidente de la República y al Ministro de Educación poner todo su empeño para que el retroactivo llegue a los maestros de las escuelas privadas subvencionadas. Al mismo tiempo, exhortamos a las autoridades a que respeten nuestras instituciones y no pretendan cancelar las subvenciones e incluso cerrar escuelas”, afirma el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal.

El Ministro de Educación sostuvo que la única forma de entregarle el dinero a las escuelas subvencionadas sería recortando algún programa de esta cartera, lo cual afectará a la población pobre del país. Reiteró que el Mined no pagará la subvención a estos centros católicos.

El pronunciamiento de la Conferencia Episcopal lo firman los obispos de León y de Juigalpa, Bosco Vivas Robelo y René Sándigo Jirón, en su carácter de presidente y de secretario, respectivamente.