San José /ACAN-EFE

El conocimiento general en cuanto a derechos y obligaciones laborales ha mejorado en Centroamérica en los últimos años, pero aún persisten debilidades en su aplicación, tanto por parte de las autoridades como de los trabajadores y sindicatos, según un estudio divulgado ayer.

El estudio de la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem), presentado ayer, afirma que si bien ha habido importantes avances en el reconocimiento formal de los derechos laborales, el istmo centroamericano aún está en deuda en los "efectos jurídicos de este reconocimiento, en la exigencia del cumplimiento de las normas y de las condiciones materiales para hacer efectivos los derechos".

Rodolfo Piza, director del proyecto "Cumple y gana", para fortalecer los derechos laborales en la región, explicó en rueda de prensa que en Centroamérica, incluidas Panamá y República Dominicana, hay unos 19 millones de trabajadores, de los cuales, entre el 35 y 40 por ciento son mujeres, y más de tres por ciento tienen menos de 15 años.

Sin embargo, sólo cerca de diez millones trabajan en el sector formal, lo que plantea un gran desafío para el cumplimiento de los derechos.

Según una encuesta realizada por el proyecto entre más de 6,000 trabajadores del área, entre los aspectos cuyo conocimiento es más débil destaca la creencia entre el 56 y 78 por ciento de los empleados, de que necesitan contar con un contrato escrito para hacer valer sus derechos laborales.

Esto plantea serias dificultades de percepción, especialmente en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde más o menos la mitad de los trabajadores indican que nunca han firmado un contrato.

Además, "aunque más del 93 por ciento de los trabajadores centroamericanos sabe que tiene derecho a vacaciones, un 53 por ciento cree que si su rendimiento laboral es bajo, pierde ese derecho", señaló Piza.

En los temas de género, añadió el experto, se tiene gran conciencia de los derechos relativos al embarazo, pero hay camino por recorrer en cuanto a temas como el acoso sexual, pues sólo entre el 58 y el 66 por ciento de las centroamericanas sabe que es una práctica prohibida y que puede ser sancionada.

Según la encuesta, el 22.5 por ciento de los trabajadores cree que el salario puede variar dependiendo de si el empleado es hombre o mujer, y el 26.6 afirma que se puede exigir ser de un determinado género para acceder a algunos puestos.

Para Piza, el fortalecimiento de los ministerios de Trabajo en la región es clave, pues es la principal institución que los trabajadores identifican como protectora de sus derechos, y a la que acuden en caso de un conflicto.