* Documentos en poder de END ponen de manifiesto intervención de ese país para tratar de arrinconar a Nicaragua
* Embajador informaba a su Canciller y a su operador internacional, cómo Costa Rica preparaba la demanda en el “tiempo razonable”
* Forma de operar es la misma usada en el Fernández-Facio de 1977 y el Ramírez López de 1986

Vladimir López | vlopez@elnuevodiario.com.ni

La correspondencia secreta del embajador de Colombia en Costa Rica, en noviembre de 2001, Julio Aníbal Riaño, al canciller de su país, Guillermo Fernández Soto.

La permanente pretensión de Costa Rica con las aguas nicaragüenses del río San Juan fue alimentada y cultivada por el gobierno de Colombia, para que el caso llegara hasta la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con el claro objetivo de que en determinado momento Nicaragua estuviera asediada por conflictos territoriales con países vecinos y se restara fuerza a las denuncias contra la política expansionista que acostumbra a practicar desde hace muchos años el gobierno de Bogotá.

Lo anterior se desprende de información secreta y confidencial atribuida a Colombia, y que ha llegado --desde un tercer país-- a manos de EL NUEVO DIARIO, la que indica con muchísima claridad que existió una eventual conexión directa entre Colombia y las acciones que llevaron a Costa Rica a demandar a Nicaragua por el río San Juan.

De todos es conocido que Colombia venía tratando de presentar la imagen de una Nicaragua en disputa con sus vecinos, y, además, con supuestas posiciones que no encontraban sustento ni siquiera en los estados limítrofes como Honduras y Costa Rica.

Fue así como, en el pasado, bajo el cuestionado argumento de preservar sus intereses territoriales, Colombia recurrió a terceros países para tratar de sumarlos a sus esfuerzos para despojar de grandes extensiones territoriales a Nicaragua en el Mar Caribe.

Hay que recordar que Colombia, primero, gestionó la firma del Tratado Fernández-Facio, de 1977, entre Costa Rica y Colombia, y luego el tratado Ramírez-López, de 1986, entre Honduras y Colombia. Si dos juicios eran ya demasiado en 2001 para Nicaragua, tres, con la demanda de Costa Rica, significaban fortalecer la imagen de nuestra nación como un país “invivible, pleitista y busca pleitos”.

La correspondencia secreta y confidencial

Dichosamente, los últimos fallos del Tribunal de La Haya pusieron de manifiesto que la razón asistía a Nicaragua, y que la gran pretensión colombiana de establecer un límite en el meridiano 82 carece y carecerá de todo fundamento.

Pero vale la pena preguntar: ¿Alentó, entonces, de algún modo, Colombia, la demanda que interpuso Costa Rica por el río San Juan? Es posible que sí, si leemos y analizamos el intercambio de correspondencia --hasta este momento secreta y confidencial-- que se realizó en 2001 entre el embajador colombiano en San José para esa época, Julio Aníbal Riaño, con el entonces canciller Guillermo Fernández de Soto por una parte, y con el embajador Julio Londoño Paredes --con sede en La Habana-- y hoy flamante agente de Colombia en el caso planteado por Nicaragua.

En un de las correspondencias --que se encuentran en nuestras manos y que están a la orden para cualquier interesado-- se lee literalmente que se trasladan una serie de artículos, relacionados con el río San Juan, publicados en Costa Rica, con el comentario de que “lo anterior como producto de `motivar` con la debida discreción y sigilo, la discusión concomitante por el ‘tiempo razonable’, para que presenten el contencioso en La Haya, “diligencia en la cual me hallo comprometido. Oportunamente le informaré aspectos que, juzgo, son relevantes para el asunto que concita nuestro interés”
¿Cuál era la razón por para informar a un embajador de Colombia en La Habana sobre el tema del río San Juan, resultando que se trataba del experto territorial principal de ese país, nada más y nada menos que el agente de Colombia en el Tribunal de La Haya, Julio Londoño Paredes?
Es decir, al menos ya no queda duda de que Colombia había estado “motivando” la presentación del contencioso en La Haya, sobre el río San Juan de Nicaragua, dentro de un tiempo razonable que presuntamente se estaría agotando, lo cual requería de acciones rápidas por parte de Costa Rica, diligencias en las cuales el embajador se encontraría “comprometido”, según se lo atribuye él mismo en el documento.

Una foto reveladora

Tales gravísimas presunciones se fortalecen al observar, precisamente en una casual fotografía que publicó EL NUEVO DIARIO con motivo del fallo preliminar en el caso de Nicaragua con Colombia, donde el presidente Álvaro Uribe “felicita” al abogado James Crowford que es --casualidad de casualidades-- el mismo jurista que anunció públicamente Costa Rica como su abogado en el caso del río San Juan.

Ello no despertaría más que suspicacia, a no ser por el hecho de que Crowford no figura en la lista oficial de abogados que se maneja en La Haya en el caso Nicaragua contra Colombia, publicada en internet en relación con el fallo sobre las Objeciones Preliminares. ¿Cuál era la razón para omitir su nombre? ¿acaso se trataba de ocultar algo?
Señalamos esas pruebas clarísimas para dejar en evidencia la colusión de intereses de Colombia y de un sector político de Costa Rica contra Nicaragua.