JUIGALPA
Al ser aprobada la Ley de Catastro, para que la Alcaldía de Juigalpa pueda extender una constancia catastral se exigen varios requisitos, entre ellos un plano topográfico autorizado por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, Ineter, cuyo precio no podrían pagarlo pobladores de asentamientos de esta ciudad.

“No hay condiciones en Juigalpa para cobrarle a la gente 150 dólares y exigir todos los requisitos que pide la Ley de Catastro Municipal para legalizar sus propiedades, que en la mayoría son solares donados por la alcaldía que no llegan ni a las 20 varas de frente por 30 de fondo”, aseguró el ingeniero civil Denis Pichardo.

Calificó de exagerado el cobro, y afirmó que los topógrafos independientes entregan dos planos –-uno original y una copia-- grabados en un CD por un precio mínimo de 1 mil córdobas. “Incluso, cuando la persona es de escasos recursos, hay más consideración”, dijo.

En esta ciudad, Pichardo y el topógrafo Alfonso Peña son los únicos profesionales con licencia catastral extendida por Ineter para emitir planos. “Pero ese cobro que hace catastro es brutal. Nosotros estamos a la orden para apoyar a las personas de escasos recursos que no puedan pagar la tarifa oficial”, anunció.

“Ley es antipobres”

Por su lado, el vicepresidente de la Asociación de Abogados de Chontales, Ignacio Ruiz Fernández, calificó la nueva normativa como una “Ley antipobres”. “Es que son los que tienen menos recursos los que definitivamente no podrán cumplir con los requisitos y pagar los aranceles para legalizar sus propiedades”, señaló.

Planteó el litigante que la aprobación de una ley es para resolver problemas y no para generarle uno mayor a la ciudadanía, sin embargo, las autoridades complican más el asunto al exigir dos planos para extender la constancia catastral.

Dijo Ruiz Fernández que esta ley contradice los principios del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, porque por un lado promueve el combate a la pobreza, y luego con una ley paraliza la legalización de las propiedades en los barrios marginales de la ciudad.

Desorden continuará

A criterio de este abogado, la nueva normativa está generando inseguridad en la propiedad, porque con estos requisitos una persona que compre una propiedad, no va a tener las condiciones económicas para inscribirla en el registro, y siempre va a prevalecer la documentación del anterior propietario.

“Si en verdad los pobres son una prioridad para este gobierno, perfectamente el presidente y los gobiernos municipales pueden derogar el decreto que le exige a un ciudadano dos planos catastrales para legalizar su propiedad. Eso reduciría los costos”, recomendó.

Departamentales

PGR cae a “propiedades lavadas” en Juigalpa

Chontaleños asisten puntual a clases

Critican nuevo sistema de inscripción catastral

Comunidades indígenas bajo amenaza de ratas

Productores piden apoyo para ciclo agrícola 2008